No es preciso alzar la voz ni hurgar mucho en la epidermis de nuestra sociedad para que los poderosos se indignen, transfieran a la sociedad sus propias responsabilidades y amenacen a todos con el abismo del miedo. Por poner dos ejemplos, hace unos días el secretario de la Conferencia Episcopal repartía las responsabilidades de la iglesia católica sobre la pederastia en España entre toda la sociedad, y el presidente de Renault España y de los fabricantes de automóviles (ANFAC) profetizaba un desastre económico y social si el gobierno no rectificaba y posponía, de momento sine die, el final de la matriculación de vehículos con motores que consumen energías fósiles. Las respuestas de la iglesia católica y de los fabricantes de automóviles en España ante los problemas de la pederastia, de la contaminación y del cambio climático, respectivamente, suscitan muchas cuestiones y plantean muchas dudas.

El señor Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal española ha admitido -informaba la agencia Efe el 14 de noviembre-, que la iglesia ha guardado un “silencio cómplice” durante muchos años ante los casos de pederastia cometidos en el seno de esta institución y, como si se sentara ante un juez, ante el que tiene que exculparse haciendo hincapié en elementos o circunstancias exculpatorias o, al menos, atenuantes, transfería a la sociedad en su conjunto la responsabilidad sobre unos delitos cuya responsabilidad sólo corresponde a quien los comete y a la institución que ha protegido al delincuente: “es verdad -decía el señor Gil Tamayo- que la iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio”. Una institución, que lleva dos mil años predicando la justicia y amenazando con penas eternas a cuantos considera pecadores, carece de autoridad para autoeximirse de sus propios pecados, máxime si son delitos contemplados en el código penal, que deben ser juzgados por los tribunales de justicia.

¿Cómo es posible responsabilizar a todos los ciudadanos de unos delitos cometidos por religiosos católicos? ¿Cómo ignorar el tiempo en el que se cometieron muchos de ellos y la situación de poder prácticamente omnímodo de la que ha disfrutado la iglesia católica? ¿Quién se habría atrevido a denunciar al sacerdote, fraile o monja pederastas si éstos han formado parte intrínseca del poder durante muchos decenios? El señor Gil Tamayo, además de ignorar las consecuencias psicológicas y sociales provocadas por la pederastia que atenazan a quienes la sufre, ignoraba que, en España, la iglesia católica ha formado parte del poder durante siglos y, más en concreto y de manera especial, durante la dictadura franquista; que la palabra del cura ha sido prácticamente inapelable; que sus informes podían salvar de la cárcel o condenar a la pena de muerte; que nada se decidía en los despachos que no pasara por la vicaría -o por el confesionario o la sacristía- o que una sociedad dominada por el miedo y gobernada con mano de hierro desde el dogma y la imposición, con la cultura secuestrada, sin libertades ni derechos y con la religión católica omnipresente, como rectora y censora, en todos los ámbitos de la sociedad estaba inerme ante cualquier situación que se refiriera al poder.

La Conferencia Episcopal ha puesto el ventilador en marcha y quiere responsabilizar a todos los ciudadanos. Con ello, cree que decrece e incluso desaparece su responsabilidad como encubridora de los religiosos delincuentes por pederastia. Estas excusas ponen aún más de manifiesto, si cabe, su pecado o, mejor dicho, su delito, así como su mala conciencia, y hace bueno aquel refrán medieval que dice “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Si vale el consejo: cuando se comete un error, lo saludable es afrontar las responsabilidades con humildad, decisión y honradez. Es lo que contribuye a restaurar la credibilidad y la confianza perdidas. No importan las palabras sagradas que se hayan leído o dicho, no sirven de nada si no se actúa de acuerdo a ellas (Buda).

El anuncio hecho por el gobierno de España consistente en que en España dejarán de matricularse en 2040 los vehículos que consuman energías fósiles ha soliviantado a los fabricantes de vehículos, que han hecho públicas sus protestas a través de su presidente, el señor José Vicente de los Mozos. A él se ha sumado, entre otros, la consejera de Economía de Castilla y León. Ellos, de consuno, prevén la ruina del sector del automóvil y profetizan consecuencias nefastas para el empleo y la economía. Acusan al gobierno de proponer una ocurrencia, pero ignoran que hace ya tiempo que siete países europeos, como Austria, Escocia, Eslovenia, Francia, Holanda, Noruega y Reino Unido, anunciaron la prohibición de los vehículos diésel y gasolina entre los años 2025 y 2040. Ignoran, asimismo, que India y China, los dos países más poblados de la tierra y con problemas muy graves de contaminación, quieren prohibir los vehículos contaminantes: India en 2030 y China en 2025. Por las carreteras del land alemán de Hamburgo ya no pueden circular por algunas calles los vehículos diésel fabricados antes de 2009.

Los fabricantes de automóviles, con la aquiescencia de los distintos gobiernos, nos han vendido los vehículos con motores de combustión interna como si fueran inocuos para la vida humana y el medio ambiente, cuando son los responsables de entre el 30 y 90 por cien de la contaminación que sufre la tierra, algo que afecta a todos los ecosistemas y a la vida humana en particular. En 2016, la Agencia Europea del Medio Ambiente estimaba que la contaminación causaba unas treinta mil muertes prematuras al año en España y más de medio millón en Europa. Los datos son preocupantes, si no demoledores.

El problema es tan grave que en ciudades como Madrid y Barcelona ya han decidido poner fecha límite a la circulación en dichas ciudades de vehículos contaminantes. El señor de los Mozos silencia lo que el señor Luca de Meo, presidente de Seat, dijo hace un tiempo: que España va a llegar tarde a la próxima revolución del automóvil. ¿Cuántos años hace que sabemos que las reservas de petróleo se están agotando? ¿Cuántos lustros hace que sabemos que los vehículos de combustión interna son nocivos para el medio ambiente y para la salud? ¿Por qué la industria del automóvil no ha centrado sus investigaciones en el desarrollo de tecnologías limpias?

En realidad, habría muchas más cuestiones que habría que plantear al señor de los Mozos, entre otras una fundamental: si es sostenible el modelo de movilidad, de ciudad, de sociedad y de ser humano sobre el que ha crecido y crece la industria del automóvil, y no sólo ella. Pero esto abre un capítulo nuevo, inabordable en unas breves líneas.

Quienes, lobos con piel de oveja, se mueven como pez en el agua en el cinismo deberían meditar sobre algo que dice Umberto Eco en El nombre de la rosa: “El diablo no es el príncipe de la materia, el diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda”.

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