Después de cuatro años olvidados del tema, el Partido Popular de Castilla y León ha decidido meter una Proposición de Ley, a tres meses de que se disuelvan las Cortes, en la que se pretende regular la Carrera Profesional de los funcionarios de nuestra Comunidad Autónoma. Sorprendentemente, la Junta ha decidido asestar un golpe a la negociación colectiva, registrando una Ley contra los criterios de los representantes legales de los trabajadores.

La Carrera Profesional que quiere implantar el PP es un inmenso brindis al sol, como denuncian los sindicatos. Y lo es principalmente por seis razones.

En primer lugar, el artículo 7 de la Proposición de Ley establece que dicha Carrera Profesional se realizará sólo en el supuesto de que las entregas a cuenta del Estado aumenten al menos el doble del coste de esta medida. ¿Qué quiere decir esto? Que o el Estado Central paga a Castilla y León al menos el doble de lo que cueste implantarla, o los trabajadores de la Junta tendrán que seguir esperando. En suma, el PP está vinculando la carrera profesional al cumplimiento de los objetivos de déficit, algo que no pasa en otras Comunidades Autónomas (como en La Rioja, que acaba de aprobar la Carrera Profesional para sus empleados públicos).

En segundo lugar, se toma como modelo la Carrera Profesional que en 2009 pactó SACyL con los trabajadores no sanitarios, un modelo que debe ser revisado porque se encuentra desactualizado (y que, por cierto, paralizaron desde 2010, sólo lográndose reabrir a través de un juzgado en tercera sentencia de ejecución).

En tercer lugar, no hay garantías de cumplimiento, puesto que la normativa que desarrollaría esta Ley se daría ya en el siguiente Gobierno. Con esta Proposición de Ley, el PP intenta hacer a toda velocidad lo que no ha hecho en cuatro años, que es esta regulación de la Carrera Profesional que era uno de sus acuerdos de legislatura.

En cuarto lugar, este modelo de Carrera Profesional es un insulto a nuestros profesores y a nuestras profesoras. Se les obliga a elegir entre los sexenios y la carrera profesional en lugar de hacer una homologación entre ambas escalas (que sería lo razonable y lógico): de esta manera muchos profesores de Castilla y León no podrán acreditar sus cursos de formación continua para acceder a ciertos grados de la escala, porque en muchos casos ya tienen más de 10 años de antigüedad. Todo esto, no lo olvidemos, en la Comunidad Autónoma que peor paga a sus maestros/as de España, y la segunda que peor paga a su profesorado de Educación Secundaria.

En quinto lugar, es una ofensa a nuestros profesionales de la Sanidad Pública. En la Disposición Adicional 4ª sólo se mencionan las guardias no pagadas en 2009, pero olvidan todas las guardias de años posteriores que tendrían que haber subido como consecuencia de las de dicho año.

En sexto lugar, hay clamorosas ausencias. Quizá la más ofensiva es la de una solución a la situación de los Trabajadores Indefinidos No Fijos de la Junta, un colectivo de unas 300 personas de diversas titulaciones que demostraron ante un juzgado que la Junta les tenía contratados en Fraude de Ley, quedando declarada judicialmente su relación laboral indefinida con la Junta. A estos trabajadores se les deja desamparados, sin ofrecerles ninguna. En algunos casos incluso se da el hecho de que ni siquiera existe ningún cuerpo o escala específica para su titulación, de modo que sólo podrían aspirar a cuerpos generales, pero no a aquellos cuerpos facultativos y para los puestos de trabajo que venían desempeñando durante años y en los que tienen demostrada experiencia. Todo ello sin contar el coste para las arcas públicas que va a suponer el despido de dichos trabajadores (con relación laboral indefinida, acreditada en un juzgado). Todo debido a que la Junta pretende cumplir las directivas de la UE de reducción de temporalidad, sin aumentar presupuesto ni personal.

Mientras tanto, todo esto se produce en una Comunidad en la que se reducen 1.000 puestos de trabajo (600 vía amortización, 400 en diferido ya declarados pendientes de amortizar), en las RPT sólo se sube el salario de manera efectiva a los Jefes de Servicio (a dedo) y donde los empleados públicos cobran sustancialmente menos que la media de Administraciones autonómicas.

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