Creo que nunca he pedido una dimisión tantas veces como ésta, hasta el punto de perder la cuenta. La última vez, hace solo unas semanas, cuando decenas de miles de castellanos y leoneses tomaron las calles de Valladolid en una manifestación histórica, la más grande que se recuerda por una competencia autonómica.

La manifestación, descalificada y desoída por el Partido Popular, fue una expresión de la indignación ciudadana que ha ido acumulándose gota a gota, día a día, cada vez que un consultorio cuelga un cartel que dice “hoy no hay consulta”, cada baja o vacación no cubierta, cada cama de hospital cerrada, cada doloroso día de lista de espera.

Las deficiencias de nuestro modelo sanitario tienen dos grandes razones, una de carácter estructural y otra de carácter coyuntural. La primera, de carácter estructural, es el recorte consecuencia de la intervención de nuestro Estado por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que se sustancian en la reforma constitucional, pactada entre PSOE y PP bajo mandato Zapatero, que prioriza el control del déficit y de la deuda por encima de los gastos sociales. La segunda, de carácter coyuntural, es la propia tendencia a la improvisación, al autoritarismo y a la ausencia de planificación en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Sanidad se ha caracterizado por su falta de planificación y su improvisación, que han generado la indignación de las y los profesionales de la sanidad pública en más de una ocasión. La más reciente fue el intento de contratación de médicos sin el MIR en Atención Primaria, que provocó la oposición del Colegio de Médicos de Castilla y León y la Sociedad de Castilla y León de Medicina de Familia y Comunitaria. Esta falta de planificación se ha mostrado también en la deficiente cobertura de plazas de pediatría, condenada por las Sociedades de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, la previsión de 5.000 jubilaciones en 10 años denunciada por el Colegio de Médicos de Castilla y León, o el actual envejecimiento de las y los profesionales de enfermería denunciada por sindicatos como SATSE.

El escándalo de las Unidades de Gestión Clínica, a las que se opusieron los representantes legales de los trabajadores y que fueron desactivadas judicialmente a través de una sentencia, ha sido otro de los aspectos principales de esta legislatura.

Otro de los motivos de indignación ciudadana es la política de la Junta de no cubrir bajas ni vacaciones de los profesionales sanitarios. Esto genera listas de espera, tremendas dilaciones para citas en atención primaria y cierre de 300 camas en verano.

Nada se sabe de la tarjeta sanitaria de menores con discapacidad, a pesar de que ésta fue aprobada en las Cortes de Castilla y León. Los constantes fallos del sistema MEDORA (el último de ellos el 29 enero 19 durante dos horas y media), el abuso de la precarizante figura del médico de área o la vulneración de la Ley de Incompatibilidades investigada por el Procurador del Común van dibujando un panorama desesperante.

Pero sin duda la más afectada por los recortes es la sanidad rural. La Sociedad de Castilla y León de Medicina de Familia y Comunitaria elaboró un informe en el que denunciaba frío, humedades, oscuridad y falta de agua caliente en consultorios rurales. En nuestra Comunidad hay 2.700 consultorios no informatizados, todos ellos en núcleos de población de menos de 500 habitantes, lo que hace imposible el uso de receta ni historia electrónicas. Nuestros médicos rurales trabajan con portátiles sin acceso a internet y carecen de equipos básicos para realizar electrocardiogramas o espirometrías. El mencionado informe expone además la ineficiencia del sistema, unas condiciones de trabajo inadecuadas para profesionales donde el médico termina haciendo labores de todo tipo, el trabajo en equipo brilla por su ausencia y las zonas de salud están basadas en criterios arbitrarios, lo que genera problemas de organización.

Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública han calculado el recorte acumulado en 3.434,36 M € , lo que significa el 89% del presupuesto de 2010, en euros constantes.

Sin este recorte durante los últimos ocho años podríamos haber invertido 100 millones anuales que habrían permitido contratar a 497 especialistas (medicina, farmacia, odontología…), 1093 enfermeras, logopedas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, 433 técnicos, 446 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 202 administrativos y 223 celadores, y aún habrían sobrado 20 millones anuales para prevención y promoción de la Salud, 2.474 M€ para inversiones (centros, hospitales, tecnología, etc).

Por el contrario, el recorte en sanidad ha dado lugar a situaciones críticas a lo largo y ancho de la Comunidad. No hay pediatra en Guardo (Palencia), donde tampoco saben nada de la UVI Móvil prometida, y nada. El 4 de febrero se perdió el medico de área en Camarzana de Tera (Zamora). Faltan sanitarios en Tiétar (Ávila). En Burgos recientemente se sabía que se registran diez quejas diarias al SACyL. En el Centro de Salud José Aguado (León) se atienden tres pacientes cada cinco minutos. Nada se sabe del Convenio con el Hospital Tres Mares de Reinosa que solucionaría los problemas de Aguilar y comarca, en Palencia, donde han de recorrer 200 km para hacerse una radiografía. En Valencia de Don Juan (León) se quedan sin médicos en verano. Lerma (Burgos) perdió un médico en noviembre. En Béjar (Salamanca) falta personal médico. En Sanabria (Zamora) cerró una guardia médica. En el Hospital de León falta personal sanitario. El Centro de Especialidades de Astorga (León) no tiene especialidades.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad mantiene su posición de cerrazón y falta de autocrítica. Los sindicatos, las asociaciones de profesionales y los usuarios/as señalan el desastre que planea sobre nuestro tesoro más preciado, la garantía lograda por décadas de lucha del movimiento obrero de que la diferencia entre la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, no vendrá determinada por la cartera de uno. Mientras el Consejero tramita cartas de auto-adulación o instrucciones para maquillar listas de espera, el silencio es atronador.

Hace unos días, cuando llegué al grupo de trabajo convocado por la Consejería para evaluar nuestro sistema sanitario, me encontré a los representantes de las Plataformas en la puerta: no se les había invitado. Hacía escasos días que habían movilizado a unas 50.000 personas en Valladolid en defensa de la Sanidad Pública. Inmediatamente, comuniqué que mi participación en dicho Grupo de Trabajo sólo continuaría si se permitía intervenir en él a las Plataformas. Aquel día logramos torcerle el brazo a la Consejería. Sin embargo, sólo lograremos blindar la sanidad pública cuando acabemos con las dos razones de su estancamiento y degradación. La primera es acabar con este eterno Gobierno del Partido Popular que ha ido degenerando hasta el grupo autorreferencial que nos gobierna. La segunda es recuperar nuestra soberanía frente a la troika, haciendo que el gasto social sea la primera prioridad de nuestros presupuestos. Para cualquiera de ambos objetivos la movilización popular será determinante, y sólo por ello las Plataformas ya han demostrado más utilidad social que nuestro Gobierno Autonómico. Por ello, mi admiración y agradecimiento.

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