Estamos en un mercadillo de una ciudad cualquiera, un día cualquiera de la semana. Los puestos de venta están perfectamente alineados y ofrecen las mercancías más variadas. Todos ellos comparten un mismo denominador: los comerciantes venden sus mercancías bajo el eslogan de “¡barato, barato!”, aireado de formas diferentes.

Tomemos ahora como ejemplo el I.N.B.A.D., el antiguo Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, que fue creado el 9 de octubre de 1975 y que formó parte del sistema español de enseñanza a distancia, junto al C.E.N.E.B.A.D. (Centro Nacional de Educación Básica a Distancia), creado el 1979, y la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia), creada en 1972. De estas tres instituciones educativas solamente sobrevive la U.N.E.D., porque el C.E.N.E.B.A.D. y el I.N.B.A.D. desaparecieron como tales en febrero de 1993, mediante una transformación llevada a cabo por don Mariano Jabonero, por aquel entonces Subdirector General de Educación Permanente, que consistió en que la enseñanza a distancia, que hasta entonces se impartía en centros específicos, se integrara en los centros de enseñanza ordinarios. Esta transformación se llevó a cabo sin consultar a nadie que fuera realmente representativo ni de los profesores ni de los alumnos. El resultado fue: el desmantelamiento de una infraestructura educativa que funcionaba bien y el fracaso del sistema alternativo, del que nadie habla ahora, porque se ha convertido en un elemento residual del sistema. Los 22.000 alumnos que estudiaban en el I.N.B.A.D. el año 1993 estaban repartidos en centros propios, extensiones, existentes en casi todas las provincias españolas, cada uno de cuyos centros era atendido por un máximo de catorce profesores. Por ejemplo, el curso 1985-86 la extensión del I.N.B.A.D. de Valladolid contaba con algo más de doscientos cincuenta alumnos; diez cursos más tarde, en el curso 1994-95, el del su cierre y traspaso del bachillerato a distancia a un instituto presencial de la ciudad, la matrícula se acercaba a los mil doscientos alumnos, atendidos por catorce profesores, que durante esos diez años atendieron también, en la propia cárcel de Villanubla, a los reclusos que cursaban el bachillerato a distancia. El cambio se justificó fundamentalmente porque la enseñanza a distancia era cara, algo difícil de mantener. En la actualidad, cualquier centro educativo de Secundaria que tenga en torno a setecientos alumnos dispone de un claustro de unos setenta profesores. ¡Y el I.N.B.A.D. y el C.E.N.E.B.A.D eran caros! La enseñanza a distancia se ha convertido en un recurso para mantener las plantillas de los centros ordinarios presenciales, que, salvo rara excepción, carece de un horario especifico, diferenciado del horario de la enseñanza presencial. Está claro: ¡Barato, barato! Pero muy caro, si se tienen en cuenta las necesidades de formación que existen en la sociedad, y que exige una sociedad democrática en aras de la igualdad de oportunidades y del derecho de acceso a la cultura.

El sábado pasado se manifestaron en Valladolid familiares, profesores y alumnos de Educación Especial de toda España ante la amenaza de cierre de los centros de Educación Especial. Oímos cómo denunciaban que ni el gobierno ni el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) han tenido en cuenta al sector de Educación Especial ni a las familias. Varios miles de personas procedentes de toda España -5.000, según los organizadores, 3.500, según la Policía Municipal- se manifestaron el sábado pasado en Valladolid para reivindicar la permanencia de los colegios de Educación Especial frente al CERMI, que, haciendo oídos sordos a las familias de los niños con necesidades educativas especiales, propone, como aquel subdirector general hizo con la Educación a Distancia, la inclusión de las personas con capacidades diferentes en los centros educativos ordinarios -perdonen que no hable de “competencias”, porque es una terminología más que criticable, a pesar de estar de moda-. Si la historia fuera la maestra de la vida, como decía Cicerón, no pasarían estas cosas, ni tropezaríamos tantas veces en las mismas piedras, ni cometeríamos los mismos errores.

Nos llenamos la boca con la defensa de la dignidad humana y el derecho universal a la educación, pero ¿la integración en centros de enseñanza ordinarios de los alumnos con necesidades educativas especiales garantiza el desarrollo pleno de su personalidad, como consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Con frecuencia pensamos que las utopías no sólo son posibles sino que son fáciles de desarrollar y alcanzar; la denominada educación inclusiva parece una utopía cuando se piensa en la diversidad y en la complejidad que caracteriza al colectivo de personas con necesidades educativas especiales. Ser conscientes de que aquéllas son tan personas y tan ciudadanos como todos debería obligar a los gobernantes y a todos los ciudadanos a no dejar que sea la calculadora la que decida, si es que ésta no se equivoca. El sentido común -y, por qué no, un sentido humanitario de la vida- nos dice que hay que dar más a quienes necesitan más, porque solamente esa compensación los colocará en una cierta igualdad de oportunidades y compensará aquellas dificultades con las que han nacido. Lo demás, colocarlos en centros ordinarios, los pone el borde de la discriminación y el acoso y, lo que es peor, de la imposibilidad desarrollar sus capacidades, y de hacerlo como personas y como ciudadanos. El acoso está a la orden del día en los centros educativos: lo sufre todo aquel alumno que es percibido por los demás como diferente; sea superdotado, tímido, responsable, gordo, flaco, alto, bajo, pelirrojo, rubio, etcétera. La crueldad de los niños, adolescentes y jóvenes es un hecho presente en la vida diaria de los centros educativos, y en la calle. ¿Los demás compañeros respetarán así, si más, motu proprio, a los compañeros con capacidades diferentes o los convertirán en su juguete, en el hazmerreír de la clase y del centro? ¿Por qué hay que hacer correr a estas personas un riesgo que entre otras cosas añadirá más infelicidad a las dificultades con las que los ha cargado la naturaleza?

¿Han pensado las autoridades educativas que la Educación Especial necesita profesorado especializado y condiciones especiales, específicas en los centros? Nada de esto se improvisa, ni es barato. ¿Han pensado que cada centro deberá estar dotado de los recursos personales, materiales y didácticos específicos para la impartición adecuada, idónea, de la Educación Especial? ¿Están seguros de que los alumnos con capacidades diferentes disfrutarán de la igualdad de oportunidades de la que gozan los demás niños, adolescentes y jóvenes?¿No sucederá que las familias con recursos llevarán a sus hijos a centros específicos, como sucede de hecho, y que la enseñanza pública se convertirá en el recurso último, en un recurso asistencial que escolarice pero no garantice el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo posible de sus capacidades? ¿Todavía no se han percatado las autoridades educativas de que lo económicamente barato puede ser socialmente muy caro, una transgresión del derecho a la educación, una desgracia para las personas y puede suponer, unas vez más, el fracaso del sistema? ¿Por qué hay que aventurar experiencias de éxito más que dudoso, o de fracaso prácticamente seguro, y despreciar lo que funciona? ¿Por qué no potenciar aquello que ha dado buenos resultados y aprender de las experiencias mejores?

Duele pensarlo y duele decirlo: ¿Lo propuesto por el Ministerio de Educación es educación realmente inclusiva o un derivado del “¡barato, barato!”? Las intenciones del Ministerio de Educación anticipan que las personas con capacidades diferentes parecen condenadas a tener que conformarse con el “barato, barato” del mercadillo educativo. Si sirve de algo la historia: ¡que no pase con la Educación Especial lo que sucedió con la Educación Básica y el Bachillerato a Distancia!

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