Las próximas elecciones autonómicas en nuestra Comunidad Autónoma pueden ser históricas. Es posible acabar con más de veinte años de gobierno del Partido Popular, que no ha dejado más que precariedad y despoblación en nuestra tierra. Pero el único cambio que garantiza una mejora de las condiciones sociales de vida de los castellanos y los leoneses es un cambio que venga acompañado de políticas progresistas.

Una de las primeras proposiciones que registró Podemos Castilla y León en la legislatura que ahora culmina fue la ley de emergencia habitacional y pobreza energética. En ella se pretendía que se impulsaran medidas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional y medidas concretas contra la pobreza energética. Entre otras cuestiones estaba previsto que las Administraciones Públicas obligaran a las compañías suministradoras a que garantizaran el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a personas en riesgo de exclusión social o la creación de un parque de viviendas públicas para alquiler social.

Hemos pretendido mejorar la democracia castellano y leonesa. Registramos una propuesta para que, con un cambio en la ley electoral, las Cortes de Castilla y León se asemejasen mucho más a lo que vota la ciudadanía. Hoy en día el Partido Popular, con tan sólo el 37,77% de los votos, acapara el 50% de escaños. Si se cambiase la fórmula electoral D’hondt por una fórmula electoral Hare, tan sólo hubiera obtenido 34 procuradores y el cambio político podría haber sido ya una realidad en los últimos cuatro años.

La participación fue una de las máximas que expresó el Movimiento 15M. La propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León que realizamos pretendía abrir las ventanas de nuestro Parlamento para que la ciudadanía pudiera expresarse sin necesidad de mediar un partido político. Por eso propusimos la creación de un escaño ciudadano desde el cual se pudieran formular preguntas de iniciativa ciudadana al gobierno o enmiendas ciudadanas a los proyectos y proposiciones de ley.

Y hemos logrado que se crearan hasta tres comisiones de investigación para estudiar los sobrecostes del hospital de Burgos, los casos de corrupción de la trama eólica o el edificio de la Junta de Castilla y León en Arroyo y la desaparición de las Cajas de Ahorro en nuestra Comunidad.

Pero todas estas iniciativas han sido paralizadas por el Grupo Parlamentario Popular… y también el de Ciudadanos. El bloque de la derecha en Castilla y León ha garantizado que las propuestas que pretendían mejorar la vida de los castellanos y leoneses realizadas por Podemos no salieran adelante, ahondando más en la crisis de una Comunidad Autónoma que, literalmente, se muere.

El cambio de ciclo político en Castilla y León el próximo 26 de mayo es posible. Pero la única forma de asegurar que sea para conseguir revertir las políticas regresivas del Partido Popular es con un gobierno progresista. El voto a Podemos es garantía de ello.

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