Diferencias ideológicas, “incompatibilidad jurídica”, enfrentamiento entre partidos y sindicatos, eliminación del busto de Pablo Iglesias de la fosa común, alusiones a partidismos, amenazas de no entregar los restos (como si fueran una propiedad privada, susceptible de ser traída y llevada), de no asistir al o a los homenajes que en un futuro se realicen, declaraciones airadas y fuera de lugar…

Todo esto es lo que la prensa viene contando acerca de las fosas comunes y su peripecia en el cementerio del Carmen de la ciudad.

La última escena, difundida como ya es costumbre por los medios, es por demás explicativa. La Corporación en pleno, encabezada por el alcalde (PSOE) y los concejales de Valladolid Toma la Palabra, responsables últimos de los hechos, aparecen en la foto asistiendo respetuosamente a la bendición del arzobispo de Valladolid, quien oficia solemnemente ante una fosa vacía.

El alcalde, el arzobispo y miembros de la corporación municipal durante la visita al memorial por las víctimas del franquismo en el cementerio de El Carmen de Valladolid.
El alcalde, el arzobispo y miembros de la corporación municipal durante la visita al memorial por las víctimas del franquismo en el cementerio de El Carmen de Valladolid.

Una imagen especialmente desafortunada porque se produce como colofón de varios encontronazos producidos últimamente entre el ayuntamiento, el PSOE, la UGT y la ARMH (autora de los desenterramientos), acerca de la forma en que deben volverse a enterrar los restos extraídos a lo largo de tres años en varias zonas del cementerio sin que oficialmente se sepa ni cuántos son, ni a quienes pertenecen.

La disputa tiene un sesgo ideológico muy claro y muy actual, que tiende a eliminar en lo posible cualquier símbolo que explique la causa de la muerte de los allí enterrados, abriendo paso a las explicaciones tendenciosas que igualan a los muertos de “ambos bandos” y colocan a los asesinados durante un golpe armado cruento en el mismo nivel que los combatientes muertos en acciones de guerra e incluso que los golpistas, culpables de organizar una auténtica carnicería entre la población civil, desarmada y ajena al conflicto (y así fue aquí, en Valladolid, donde los detenidos, asesinados y fusilados lo fueron en la retaguardia y la inmensa mayoría de ellos y ellas, durante los primeros meses tras la sublevación sin que tuvieran la más mínima posibilidad de resistirse o huir).

La tendencia actual respecto de la Memoria Democrática es la de empequeñecer los hechos mediante la desarticulación del discurso. Para ello se alude a la reconciliación, al paso del tiempo, a supuestos mandatos de los comisionados europeos…en fin; todo vale cuando se trata de ir eliminando poco a poco, de forma sibilina y falta de argumentos, el recuerdo de los hechos y su origen, que no fue otro más que la sublevación armada y el correspondiente baño de sangre con que los alzados sometieron desde el mismo 18 de julio de 1936 a nuestra provincia.

La imagen del arzobispo, flanqueado por socialistas, comunistas (o por lo menos, representantes de esa ideología), centristas y derechistas declarados, algunos con pasado extremista de camisa azul y correaje incluido, ha levantado protestas y declaraciones indignadas, sobre todo en las redes. Sin embargo, la imagen no es nueva, excepto en el detalle del vacío de la sepultura, que es lo que tiene mayor importancia en todo este asunto y de lo que nadie habla.

Sí, porque entre tanta hoja seca, rezos, bendiciones, solemnidades y recogimientos de nuestros representantes, aparece clamorosamente la ausencia de los muertos, la inexistencia de sus restos y la aún más clamorosa inexistencia de explicaciones a los atónitos familiares y ciudadanos que observamos la escena.

La fosa está vacía porque los restos extraídos están en paradero desconocido, en manos ignotas que los retienen y los utilizan como arma arrojadiza, con la amenaza pública de no devolverlos al cementerio, de no enterrarlos en la tumba construida al efecto e incluso de enterrarlos en otra localidad en caso de que el consistorio no acceda a cumplir con todas las condiciones que se le intentan imponer (El Norte de Castilla, 16 de junio 2019).

La situación es demencial además de potencialmente delictiva. Los restos exhumados utilizando fondos públicos en cuantía desconocida, han sido sacados del recinto municipal, donde debían estar custodiados por los responsables municipales, y después de recorrer varios lugares (según publicaron los medios en su día, Verín o el País Vasco), han acabado en el antedicho almacén, que nadie sabe dónde está ubicado, a la espera de que alguien que no pertenece al consistorio, que no es un poder público y que difícilmente puede atribuirse la representatividad de los familiares, decida su destino.

La dejación del consistorio en este asunto sólo tiene parangón con la desinformación que están practicando, ya que no ha habido ni una sola convocatoria pública dirigida a los familiares de los allí enterrados (muchos, muchísimos de ellos procedentes de otras localidades a las que no ha llegado ninguna información), ninguna reunión informativa que permitiera conocer el proyecto, si existió alguno; las actuaciones en las fosas, los fondos destinados y su utilización o, lo que es más llamativo, el número exacto de los restos desenterrados y sus características.

No se ha informado a la ciudadanía acerca del número de estudios de ADN que se han realizado, aunque según los medios (de nuevo), pueden haber sido DOS, lo que de ser cierto dejaría en muy mal lugar toda la campaña realizada porque implicaría que las fosas se han abierto y se han destruido para nada.

Para nada, porque los enterramientos estaban dentro del recinto municipal y por tanto, si verdaderamente se desconocía su existencia (lo que es muy dudoso dada la abundante documentación que sitúa en tiempo y lugar todos y cada uno de los enterramientos efectuados dentro del cementerio); si a causa de la falta de un proyecto se encontraron esos enterramientos de forma sorpresiva, lo lógico hubiera sido plantearse un plan de acción en el que obligatoriamente tenían que haber intervenido todos los agentes sociales implicados: familias, organizaciones, sindicatos y partidos.

En el caso presente, si la ARMH y el ayuntamiento tenían claro que era imposible realizar el estudio de ADN sobre los centenares de restos extraídos, lo único razonable era proteger las fosas, preservarlas para evitar su deterioro o su destrucción y documentarlas exhaustivamente a la espera de poder llevar a cabo otras actuaciones.

Sin embargo, lo que se ha hecho ha sido destruirlas, desplazar los restos, almacenarlos y en el mejor de los casos, volverlos a enterrar en las mismas condiciones que tenían antes: desconocidos, mezclados, manipulados e invalidados, por todo lo dicho, como posibles pruebas en un futuro procedimiento judicial que aclarase las causas de los crímenes y su autoría. Esto es así porque la cadena de custodia de los restos se ha roto a causa de la ausencia de los poderes judiciales en el proceso, la inexistencia de cualquier organismo de control sobre las actuaciones y la falta total de información pública puntual y veraz, factores todos ellos fundamentales y de obligado cumplimiento, estos sí, en los protocolos que sobre las exhumaciones de víctimas de crímenes políticos ha dictado la ONU.
Las circunstancias que rodean estas exhumaciones, harán imposible que los restos puedan ser presentados como prueba de cara a cualquier proceso judicial, y en ello se incluye algo tan grave como la imposibilidad de que los familiares puedan interponer reclamaciones tanto morales como económicas, que exigirían procedimientos más claros, judicializados y con una cadena de custodia perfectamente demostrable.
Esto último es particularmente dañino para las familias, que tienen derecho a ser informadas y a tomar la decisión última acerca de la exhumación o no de sus deudos; al lugar donde han de ser inhumados; a si desean o no ceremonias religiosas para ellos, a la realización de pruebas de ADN y a formular la reclamación correspondiente. Y todos estos factores forman parte de los protocolos de exhumación internacionales, que deberían haberse cumplido escrupulosamente.

Este conglomerado de puntos oscuros y actuaciones dudosas puede que quede oculto tras la foto de la discordia, pero constituye en realidad el centro de toda la cuestión. El silencio del ayuntamiento; la oposición de varios organismos ante la eliminación de los símbolos que definen a los restos como pertenecientes a víctimas de un crimen de lesa humanidad; el enfado de muchos familiares y la perplejidad de los que seguimos el caso, cuestionan de principio a fin la actuación de los representantes municipales responsables de los hechos, de la asociación que mantiene en su poder los restos que no le pertenecen, la transparencia del proceso completo y la utilidad de todo este disparate que ha producido un daño objetivo en el patrimonio de la historia democrática de nuestra provincia y un daño moral indudable a las personas implicadas.

Es de exigir que desde todos los ámbitos implicados en el desaguisado se hagan los esfuerzos necesarios para cerrar el tema con la dignidad que se merece. Para ello es necesario centrarse en los puntos importantes:

-Recuperación y enterramiento inmediato de los restos en el cementerio del Carmen de Valladolid.

-Colocación en la tumba de los símbolos pertinentes que expliquen de forma indubitada la causa de la muerte de los allí enterrados.

-Publicación de un informe oficial que exponga detalladamente todo el proceso seguido; el proyecto que se subvencionó; su grado de cumplimiento; los fondos entregados y su utilización.

-Número e identidad de las personas exhumadas, informes forenses realizados, estudios de ADN.

-Inscripción únicamente de los nombres correspondientes a las personas enterradas en la fosa, ya que la inscripción en la misma de TODAS las víctimas de la provincia no se corresponde con la realidad. Muchas de ellas están todavía en las fosas comunes de las cunetas, en los cementerios de los pueblos y en otros lugares del extranjero, etc.. La inscripción de todas las víctimas de la provincia sobre esa tumba daría lugar entre otras cosas a duplicidades y a errores todavía más graves.

El acto religioso realizado sobre la tumba de las víctimas del nacional catolicismo es una falta de sensibilidad y tacto por parte de nuestros representantes, es cierto. La ausencia de los restos convierte el acto en una pantomima de muy mal gusto.

La ausencia de información, la utilización de los restos, la destrucción de las fosas, la falta de identificación de las víctimas, la pugna para impedir la colocación de los símbolos ideológicos pertinentes, el desprecio y la desconsideración con que se ha tratado a los ciudadanos, son los auténticos problemas derivados de la intervención en el cementerio, y exigen una solución activa que desde luego no va a conseguirse mediante homenajes o fotos.

DOCUMENTOS

Se corresponden con el orden seguido en el proceso de enterramiento:

Primero se inscribe el cadáver en el Registro Civil, recogiendo todos los datos de filiación, si los tienen; la causa de la muerte y el lugar donde ha de ser enterrado:
Inscripción de una víctima en el Registro Civil de Valladolid.

Segundo: La autoridad correspondiente da al encargado del cementerio la orden para que entierre los cadáveres:

Orden de Enterramiento

Documento por el que el Gobierno Civil o el Ayuntamiento ordena al encargado del cementerio municipal el enterramiento de los cadáveres. Aparece la fecha y la identidad (si se conoce; de lo contrario, habla de cadáveres de personas desconocidas), así como otros detalles como el lugar donde han de ser enterrados e incluso si van o no en una caja y cuanto han pagado las familias.

Tercero: Los enterramientos son registrados en el Libro de Enterramientos del Cementerio:

Dos documentos recogen los datos de los enterrados, así como el momento en que tiene lugar; la causa de la muerte, lugar del cementerio donde se practica la inhumación y otros detalles, como el coste de la misma. En este documento oficial puede apreciarse cómo el mismo año, mes y día, son enterrados en el mismo lugar personas fallecidas por causas naturales y víctimas de la violencia franquista.

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