“Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”.

El anterior párrafo constituye el noveno punto del acuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cataluña es la cuestión que más ha separado al PSOE y Podemos para alcanzar un encuentro como el que nos ha sorprendido a todos tan sólo transcurridas unas 48 horas desde que se cerraron las urnas. El programa de Podemos para estas elecciones establecía en su punto 281 un referéndum pactado en esta Comunidad Autónoma para que Cataluña tuviera un “nuevo encaje” en España. Pero, ¿es posible esta solución?

Algunos autores constitucionalistas tan prestigiosos como Rubio Llorente han escrito que era viable realizar este referéndum en Cataluña sobre la base del artículo 92 de la Constitución española. Este precepto constitucional permite que las decisiones de especial trascendencia puedan ser sometidas “a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Pero de su dicción literal ya nos encontramos con el primer problema acerca de esta solución: la palabra “todos” parece indicar que se refiere a todos los ciudadanos españoles y que este artículo estaría reservado para aquellos referéndums a celebrarse en todo el territorio español. Si no fuera así, no se entendería que luego el artículo 149.1.32 reserve al Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Es decir, que es a través de este último apartado, el del artículo 149 de la Constitución, por el cual se deberían realizar referéndums en un territorio que no sea el estatal, como el autonómico o el local. Pero además, para el caso de un supuesto referéndum de independencia, caben otros argumentos en su contra para defender que esto no se puede consultar únicamente a una Comunidad Autónoma. Entre otros, como ya ha dicho Juan José Solozábal, que una pregunta así sólo cabe hacérsela al soberano, es decir, a todo el pueblo español. Dicho de otra manera, no se puede preguntar a una Comunidad Autónoma sobre una materia que no es de su competencia.

Se podría contestar entonces, como he tenido ocasión de escribir anteriormente, que sería posible un referéndum sobre una propuesta de reforma constitucional que realizase el Parlament de Cataluña en la que se incluyese un supuesto derecho a decidir dentro de la Carta Maga o, incluso, su independencia, antes de que se elevase definitivamente al Congreso de los Diputados para su debate. Efectivamente, el artículo 166 de la Constitución permite que las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar propuestas de reforma constitucional. Es algo, por lo tanto, en lo que son competentes. Se salvarían así los argumentos que impiden realizar un referéndum sobre la base del artículo 92 constitucional. Pero, si atendemos al Derecho comparado, esto tampoco sería posible. La Corte Constitucional italiana, en su sentencia 470/1992, ha expresado que un límite de los referendos regionales en este país es que no es posible formular un referéndum consultivo regional sobre un proyecto de revisión constitucional, porque se violaría el límite del orden constitucional y político del Estado, ya que la Constitución regula expresamente cómo puede participar el cuerpo electoral en estos casos. Si aplicamos esta resolución por analogía, en España está regulado el procedimiento de reforma constitucional en los artículos 167 y 168 CE y, por tanto, los únicos referendos sobre una posible reforma de este calado son los aquí previstos. Por tanto, enmendándome a mí mismo, esta solución tampoco sería practicable para el caso de Cataluña.

De esta manera, sólo queda una solución: el único referéndum posible desde un punto de vista constitucional sería aquel en el que se preguntase a todo el pueblo español sobre la cuestión. Pero no parece del todo adecuado, sobre todo desde el punto de vista político, que se les cuestione a todos los españoles y españolas sobre la cuestión catalana.

El PSOE sí que ha defendido la necesidad de que España avance hacia un Estado federal. Para poder llegar a ello, es totalmente necesaria una propuesta de reforma constitucional, que puede impulsar el Gobierno. Podemos siempre ha defendido una visión plurinacional de España, por lo que no sería descabellado pensar que, de contar con los apoyos suficientes en sede parlamentaria, se promoviera una revisión de la Carta Magna en este sentido. A nadie se le escapa que esta sería una decisión de especial trascendencia. Por lo tanto, el Presidente del Gobierno, con la autorización del Congreso de los Diputados (tal y como exige el artículo 92 de la Constitución), podría convocar un referéndum que preguntase a todos los españoles si quieren que España sea un país federal. Y en este mismo referéndum se podría preguntar también si quieren que su Comunidad Autónoma sea o no independiente. El referéndum debería hacer dos preguntas: la primera, ¿quiere que su Comunidad Autónoma se convierta en un Estado? Si la respuesta es mayoritariamente afirmativa, significaría que España ha de avanzar hacia un Estado federal y avalaría que el Gobierno realizase una propuesta de reforma constitucional. Y la segunda, ¿quiere que ese Estado se convierta en independiente? De esta forma, atendiendo a los resultados desagregados que se obtuvieran en Cataluña, se podría saber si la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana es la independencia o no.

Posiblemente esta sea la única solución jurídicamente viable si el problema catalán se quiere resolver a través de un referéndum. Pero esto conlleva muchas otros desafíos relacionados con la articulación territorial y quizás, más que defender un Estado federal, es el momento de reivindicar de nuevo el Estado de las autonomías, que ha permitido la mayor descentralización territorial del poder en España. En cualquier caso, el nuevo Gobierno debe afrontar lo que está sucediendo en Cataluña con diálogo, empatía y el reconocimiento de que Cataluña es una realidad concreta dentro de España. Y que España no se puede entender sin Cataluña.

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