¡Y vuelta la burra al trigo! Cuando no son los nacionalistas, son sus derivados independentistas quienes no nos dejan en paz; cuando no son éstos los que nos conmueven y preocupan, es la derecha extrema (¿o quizá el neofascismo?) y, por si éramos pocos…, como dice el dicho, vuelve una vez más la Conferencia Episcopal a levantar su dedo para marcar un territorio que cree propio, en este caso, el de la enseñanza. ¡Cuántas veces los obispos han leído e ignorado aquello de “dad al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios!” La ministra Celaá destapó hace unos días la caja de Pandora diciendo algo plenamente constitucional como es que la libre elección de centro no está garantizada por la constitución, cosa distinta de la elección por parte de los padres de “[…] la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Constitución, art. 27, 3).

Ahora los obispos reabren la caja de los truenos, porque temen que sus colegios y, más concretamente, sus colegios concertados vean revisado su estatus. Parece lógico: ¡díganle a la patronal que el gobierno podría revisar una legislación que afecta a sus negocios y verán qué pronto saltan a la palestra pidiendo el turno de palabra, indicando riesgos y temores, si no señalando ciertos límites! Pues eso mismo…; así se profirió el cardenal don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, utilizando ese lenguaje tan propio de la curia vaticana: eficaz, aunque pudiera parecer que dice poco, y con tanto trasfondo que paraliza, porque, como el mar de fondo, produce preocupación. La historia nos muestra cómo y dónde se ha situado casi siempre la jerarquía eclesiástica. Ahí están, por ejemplo, las campañas contra el divorcio, el aborto o el matrimonio para las personas lesbianas u homosexuales; todavía resuenan en nuestros oídos los nombres y los hechos de cardenales como Isidro Gomá, Enrique Plá y Deniel, Pedro Cantero Cuadrado o José Guerra Campos. Aunque, bien pensado, a muchos nos despertó del sueño dogmático no la lectura de David Hume, como confesó Immanuel Kant, sino saltarnos a la torera el Índice de libros prohibidos, vigente en el catolicismo hasta el 14 de junio de 1966, y en vigor desde el 24 de marzo de 1564. Créanme que a muchos nos abrió los ojos la lectura de Erasmo de Róterdam, Luis Vives, Copérnico, Teresa de Jesús, Descartes, Spinoza, Blas Pascal, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Charles Darwin, Nietzsche, Karl Marx, Émile Zola, Víctor Hugo, Teilhard de Chardin, Henri Bergson, George Orwell, Jean Paul Sartre, Emil Cioran y tantos otros, comenzando por el Lazarillo de Tormes o El libro del buen amor. Hasta el propio Cervantes conoció el dedo acusador de la censura, y es que “con la iglesia hemos dado, Sancho”, decía el Caballero Andante a su escudero. Quienes peinamos canas y contamos la edad por decenios no podemos (o no deberíamos) olvidar cómo se nos educó en libros con la autorización eclesiástica, con el “nihil obstat quominus imprimatur”. Estar acostumbrados a la presencia omnímoda, en el pasado, de la iglesia católica no supone que ésta deba seguir teniendo el protagonismo que tuvo gracias a su vinculación con el poder.

Ahora no es la censura, todavía vigente en ciertos ámbitos de la iglesia católica que mantienen su índice de libros no recomendados o prohibidos, sino el negocio lo que tratan de proteger las palabras del cardenal Blázquez, refrendadas por las del cardenal Cañizares. Un negocio ideológico, cultural, religioso y económico, es decir, un negocio en el sentido más amplio del término. Un negocio financiado con el dinero público; un negocio que permite a los religiosos influir sobre la sociedad, y hacerlo en el presente y en el futuro, defendiéndolo como un servicio a la sociedad; como si ésta careciera de recursos para satisfacer sus propias necesidades y las de los ciudadanos, en una sociedad libre y democrática. Si en la escuela concertada está escolarizado uno de cada cuatro alumnos en edad de escolarización obligatoria y siete de cada diez de estos alumnos lo hacen en centros de titularidad católica, es decir, un total de millón y medio de alumnos, es fácil deducir su capacidad de influencia. Hasta hoy, salvo rara excepción, solamente se concierta la enseñanza obligatoria, pero los colegios católicos llevan mucho tiempo reivindicando el concierto del bachillerato, que seguramente no tardarán en conseguir.

La iglesia católica lleva casi dos mil años en el poder y, a pesar de los signos de los tiempos, como decía Juan XXIII, que se traducen en una sociedad democrática libre y plural, respetuosa con la pluralidad, laica, en definitiva, el Vaticano sigue apegado al poder y tratando de conservar su capacidad de influencia en la sociedad a través de su visión de la realidad, la cultura y la conciencia de los ciudadanos. Constantino el Grande autorizó el culto cristiano y se sirvió del cristianismo como brazo moral del imperio romano; desde entonces, la iglesia católica no ha perdido su pertenencia a o su cercanía con el poder, y ha funcionado como un Estado dentro de los Estados; España es un buen ejemplo de ello.

La constitución garantiza la libertad de educación (elección de la formación religiosa, libertad de cátedra), pero no la libre elección de centro, que no es lo mismo. El problema está en determinar lo que abarca el concepto “libertad de educación”, que no sólo debe abarcar pluralidad de oferta educativa sino sobre todo, además de garantía de igualdad de acceso a la cultura, pluralidad dentro de cada uno de los centros de enseñanza, que respete los derechos humanos y el mandato constitucional. En este marco surgen muchas cuestiones, como por ejemplo: si los colegios y los docentes deben tener libertad para plantear y defender como científicas lo que son simples mitos, como por ejemplo el de la creación, equiparando este mito a la teoría evolucionista; si cabe aceptar y consentir que se propague como científica la teoría del diseño inteligente; si es lícito el uso de la libertad de educación para que el pensamiento y la ciencia se transmitan pasados por el tamiz de las creencias religiosas y que los dogmas, vengan de donde vengan y sean los que sean, se sitúen por encima de la ciencia; si hay que permitir que se defienda que, en la sociedad, el papel de la mujer sea subsidiario respecto del hombre; o si cabe aceptar, permitir o autorizar que se defienda la ideología de género en las aulas.

Es difícil de entender que una institución como la iglesia católica, cuyos mandamientos se resumen en el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, no reflexione individual y colectivamente y se plantee a qué modelo de sociedad sirve, entre otras cosas, con el entramado de colegios concertados que tiene en España, en los que de una u otra manera se selecciona al alumnado, y donde sólo el siete por cien de sus alumnos proceden de familias humildes y el sesenta y cinco por cien pertenecen a familias acomodadas, mientras que en los centros públicos el treinta y tres por cien de los alumnos son hijos de familias humildes y el siete por cien de familias acomodadas (fuente: Fundación BBVA y el Ivie de Valencia). No entro a juzgar ahora cuáles sean las causas de este desequilibrio, pero los obispos y la comunidad católica tiene mucho que reflexionar con estos datos. Si cabe una hipótesis, se me antoja que prefieren las bienaventuranzas de san Mateo a las de san Lucas, o que ignoran parábolas como la del camello y la carta del apóstol Santiago. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar, pero tienen que hacerlo mucho más y más intensa y profundamente quienes predican y sentencian, quienes señalan límites morales, quienes se erigen como guardianes de la conciencia de las personas y de la humanidad, quienes perdonan, salvan y condenan. Que no olviden a los fariseos, cuya hipocresía era manifiesta, y a quienes Jesucristo condenó reiteradamente. Y es que: obras son amores…, y por sus obras los conoceréis.

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