El pasado lunes sucedió algo que nadie se esperaba. Una de esas acciones silenciosas, que no llegan al gran público pero que tienen consecuencias para la vida de la gente.

La Junta dio orden de cerrar el presupuesto tres semanas antes de lo que estaba previsto. Esta medida a usted o a mí nos puede sonar a chino, o a un problema que no va con nosotros. Pero no es así.

El pasado lunes muchos funcionarios de Castilla y León entraron en un estado de impotencia. Se trata de aquellos funcionarios encargados de hacer pagos en los diferentes servicios públicos (aquellos que compran el material para que se imparta un curso del ECyL, quienes lo hacen en la Gerencia Regional de Salud, quienes analizan en los laboratorios de Sanidad Animal de la Junta si la cabaña ganadera de Castilla y León está sana, etc, etc, etc.). Estas personas hacen su trabajo con la previsión de contaban hasta el 5 de diciembre para efectuar los pagos. De pronto, el lunes pasado se les dijo que ya no podrían hacerlo. ¿Tiene su departamento que hacer alguna compra? Tiene dos opciones: o arreglar con algún proveedor que le cobre dentro de cuatro meses (con el Presupuesto del año que viene), o no hacer la compra y rezar a Dios para que no tenga consecuencias.

Estos funcionarios encargados de hacer pagos, son personas tienen sobre la mesa muchas facturas, encargos y necesidades para comprar o para pagar. Son personas que habían hablado con los proveedores y les habían garantizado que cobrarían antes de finalizar el año, y ahora no pueden pagar hasta marzo de 2019. Ellos y ellas tendrán que decidir si anular los encargos o no, porque no saben cómo van a poder pagarlo si no pueden arrastrar el pago para el año que viene: tendrán que dar la cara, recibir los cabreos, y sobre todo asumir la responsabilidad de elegir entre comprar (y dejar todo a deber), o de no comprar (y en ese caso carecer de cosas necesarias).

No es la primera vez que se toma esta medida. En 2016 por ejemplo ya se adelantó el cierre de Presupuesto. La diferencia es que lo avisaron. Esta vez, la diferencia es que se toma sin avisar. Todos contaban con el 5 de diciembre, pero la Junta lo adelanta casi un mes, y les avisa ¡tres días después!

Esta medida tiene como objetivo alcanzar los objetivos de déficit impuestos por la troika a través del artículo 135 de la Constitución. Esta mañana la propia Consejera de Economía, Pilar Del Olmo, ha reconocido que ésa es la razón. Para que usted y yo lo entendamos: para que a Castilla y León los poderosos no le echen la bronca por gastar más de lo que nos permiten, se ha dado una orden por sorpresa de que aquí no se gasta un céntimo más.

Esta decisión se ha ejecutado mediante una comunicación informal (en algunos casos por teléfono, en otros casos correos electrónicos de algunos superiores) que indicaba que debido a una instrucción de Hacienda se habían cerrado las fases de Aprobación del Gasto y de Disposición del gasto del capítulo 6, y las fases de Aprobación del Gasto, Disposición del gasto y Obligación de gasto a la O del capítulo 7.

Pero, ¿qué es eso de los Capítulos 6 y 7? ¿Cómo me afecta a mí eso de la Aprobación, Disposición y esas leches que no sé lo que son?

De dos maneras fundamentales.

La primera es que los servicios públicos que usted disfruta se van a ver mermados en aspectos que a usted le pueden parecer invisibles, pero que cuentan. Por ejemplo, en el caso del capítulo 6 significa que hasta dentro de tres meses los servicios de la Junta no podrán adquirir nuevos bienes, sean de naturaleza inventariable o inmaterial pero con carácter amortizable, como por ejemplo: maquinarias, ordenadores, campañas de promoción, programas de formación, orientación y asesoramiento, ferias, exposiciones, propiedad industrial, intelectual, aplicaciones informáticas, etc… Adquisiciones, no lo olvidemos, que los funcionarios contaban con el plazo del 5 de diciembre.

En lo referente al capítulo 7 del Presupuesto (Transferencia de capital), regula lo que conocemos habitualmente como “subvenciones” a empresas públicas, entes públicos, fundaciones, administraciones locales, subvenciones de empleo a autónomos, a promoción de empleo, etc. Esto podrá sonarle a chino pero hay un organismo autónomo que puede sonarle: el ECyL. Por ejemplo, las Escuelas Talleres estaban esperando un 35% del coste de sus cursos. Ahora, dichos centros tendrán que adelantar tanto el salario del profesorado como del alumnado, seguros sociales e IRPF, materiales didácticos etc. O, por poner otro ejemplo, los cursos para desempleados no recibirán (un año más) los adelantos a los que tienen derecho para el inicio de la actividad. También van a quedar afectadas las subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena para los jóvenes que están incluidos en el sistema de garantía juvenil, las subvenciones destinadas al desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en CyL. Podríamos seguir indefinidamente encontrando ejemplos.

La Consejera de Economía Pilar del Olmo ha respondido asegurando que los responsables de la Junta se han “visto obligados” a esta decisión para cumplir los objetivos de déficit, pero asegura que no tendrá consecuencias en los pagos a proveedores y de paso me ha preguntado qué cuentas he echado yo.

Ella sabe que perfectamente que es mentira que se pueda pagar en plazo, puesto que los documentos contables para hacerlo están cerrados, y no se podrán abrir nuevos documentos contables hasta que se abra el nuevo ejercicio presupuestario, en modo alguno antes de marzo. Además, en muchos casos existen facturas registradas y sin pagar, es el caso de quienes hacen todo el procedimiento desde los documentos ADOK, realizándose todas las fases en una sola. Estas facturas no podrán pagarse. En otros casos existen encargos o servicios que se habían solicitado y se están recibiendo, por tanto aún no se ha generado la factura.

La Consejera miente cuando afirma que se trata sólo de no hacer nuevos gastos. El problema en muchos casos es pagar todo lo que ya se debe, y en otros casos es que hay nuevos gastos que es necesario hacer (caso de materiales perecederos, por ejemplo en laboratorios).

Lo más grave además es que gran parte del dinero que no se pueda gastar se perderá del presupuesto de este año, y por lo tanto el presupuesto del año que viene tendrá que dedicar una buena parte a pagar lo que se deje a deber de este año,

Es decir, para cumplir con el objetivo de déficit de 2018, pasamos parte de la deuda a 2019. Una trampa contable con consecuencias para los servicios públicos que usted y yo disfrutamos, para los funcionarios que tienen que dar la cara y para los proveedores que hasta marzo no cobrarán. Por detrás, planea la sombra de la troika que impone objetivos de déficit, techos de gasto y límites de deuda sin importarle lo más mínimo el sacrificio social que ello suponga. Y, junto a una Junta entregada a estos objetivos de déficit a costa del sufrimiento de la gente, un Gobierno Sánchez que no tiene la menor intención de confrontar con esta Unión Europea. Ni por asomo.

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