Una d elas actividades programadas en el Día Sin Coche en Valladolid. Foto: Gaspar Francés
Una d elas actividades programadas en el Día Sin Coche en Valladolid. Foto: Gaspar Francés

Ecologistas en Acción ha trasladado al Ayuntamiento sus propuestas de partida para la elaboración de la ordenanza de movilidad urbana. Tienen que ver con su alcance, los principios y criterios sobre sostenibilidad ambiental, salud, calidad del aire y ruidos, la seguridad de las personas, la prevalencia de los derechos públicos y colectivos, el necesario proceso de elaboración participativo, y los plazos y compromiso de fecha de aprobación para que no pase como con el PIMUSSVA, que después de varios años aún no se ha aprobado.

 Ecologistas en Acción de Valladolid considera que en esta fase de elaboración de la ordenanza municipal de movilidad urbana, más que proponer aspectos concretos a incluir en ella, es más oportuno poner el énfasis en algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta para su redacción, un conjunto de propuestas de partida que trasladaron por escrito al concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Ángel Vélez Santiago, el pasado 20 de septiembre.

El primer aspecto que preocupa al colectivo ecologista es el alcance de la ordenanza. “Debe de ser lo más amplia posible, que abarque todos los ámbitos de la movilidad. En los casos en que por alguna razón no integre alguno de estos ámbitos se deben de contemplar las directrices y criterios que deben regir su futuro desarrollo”, señalan, añadiendo que “en este sentido se deberían contemplar al menos los criterios y directrices que deberían aplicarse en otras ordenanzas que se han excluido de este reglamento, las cuales tienen una influencia importante en la movilidad  como son la ordenanza de terrazas, transporte público, taxis, ocupación temporal de espacio público, etc.”.

En segundo lugar, señalan cinco principios y criterios que deben de prevalecer en la ordenanza. El primero de ellos es la sostenibilidad ambiental. “En este punto nos remitimos al documento “Propuestas para Valladolid ante las elecciones municipales de 2019”, de abril de 2019, que se hizo llegar a las formaciones políticas que se presentaron a las elecciones. Como se decía aquel documento, el uso del automóvil privado en Valladolid es desproporcionadamente alto, creando situaciones cada vez más problemáticas que hacen insostenible a nuestra ciudad. Se deben de adoptar medidas radicales para acelerar la transición hacia la sostenibilidad energética y ambiental, lo que implica fuertes restricciones del automóvil privado”, indican.

La salud, manifestada en la calidad del aire y la disminución de los ruidos, es el segundo de esos principios. “La mala calidad del aire en Valladolid es estructural y requiere medidas permanentes sobre la principal fuente de contaminación que en nuestra ciudad es el tráfico. Se deberán establecer zonas restrictivas de emisiones contaminantes a la atmosfera y ruidos. La  medida más importante en este sentido sería la peatonalización total de la parte central de Valladolid. Se favorecerá la movilidad ciclista y se incrementarán las restricciones a los aparcamientos de carácter rotatorio en el centro de la ciudad”. “Como ya apuntábamos en las propuestas para las elecciones municipales de 2019 citadas anteriormente, en estos últimos cuatro  años se han tomado importantes medidas municipales como el Plan que permite la adopción de medidas restrictivas del tráfico en aquellas situaciones de mala calidad del aire. Pero la persistencia de esas situaciones obliga a replantear en profundidad toda la movilidad en la ciudad, también se deben reforzar este tipo de medidas en la nueva ordenanza”, explican.

En relación con la seguridad en la movilidad -el tercero de los principios-, para la organización ecologistas lo primero ha de ser las personas. “Se debe enfocar la seguridad desde la perspectiva de las partes más débiles, como peatones y las personas discapacitadas. Se restringirá el uso del vehículo privado en las inmediaciones de colegios y lugares de gran afluencia de peatones. En el caso de utilización temporal de los espacios públicos -como pueden ser las terrazas- se garantizará la movilidad de la ciudadanía en general, con especial cuidado de las personas más vulnerables, como las discapacitadas, o las sillas de bebes. Para ello se regularan las distancias a las fachadas, aceras, mobiliario urbano…., y también se deberá garantizar el acceso de los servicios de urgencias y seguridad. Para ello se dejarán las distancias necesarias para que puedan intervenir especialmente los bomberos y urgencias sanitarias”.

Sobre la prevalencia de los derechos públicos y colectivos, Ecologistas en Acción pide que “en todos los casos, como principio inspirador de la ordenanza, prevalezcan estos derechos sobre los intereses particulares. Así se favorecerá el transporte colectivo sobre el particular”.

En cuanto al proceso de participación -quinto principio-, piden que exista un debate participativo. “Se debe promover un proceso participativo lo más amplio posible, que garantice un debate serio y riguroso. Se deberá proporcionar la información exhaustiva sobre la elaboración de la ordenanza. Los tiempos de exposición para alegaciones a las propuestas y borradores tienen que ser amplios (de meses) y se deberá dar contestación a las alegaciones,  preguntas o aclaraciones que pudieran presentar los organizaciones sociales interesadas”, señalan. “Tanto el Consejo de Movilidad como el Consejo Municipal de la Agenda Local 21 deben ser una parte importante en este proceso de debate en el cual ambos órganos de participación deberían informar por escrito”, reivindicación también recogida en sus propuestas ante las elecciones municipales de 2019.

Por último, en relación con los plazos, Ecologistas en Acción demanda a la concejalía de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid que exista un compromiso de una fecha de aprobación. “Se debe fijar un calendario con los diferentes hitos que evite retrasos en la elaboración y aprobación de la ordenanza, para evitar dilaciones como ha ocurrido en el PIMUSSVA. Parece razonable un periodo de 24 meses para su aprobación”.

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