El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

“El Consejero de Presidencia incumple la Ley, y en esta Comunidad Autónoma no pasa nada. Si un ciudadano o ciudadana de esta región incumple la Ley, como mínimo se le sanciona y multa. Nuestro Consejero de Presidencia tiene patente de corso, incumple la Ley y no pasa nada…”. Así concluye el enésimo escrito de denuncia de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León contra la forma de actuar, “fuera de la Ley”, de José Antonio de Santiago-Juárez, el máximo responsable de que la función pública autonómica funcione “de forma caótica y arbitraria”.

La queja sindical, esta vez, se centra en la modificación de la jornada de trabajo y el horario de los empleados públicos, “sin informar ni escuchar a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales, despreciando la Ley, despreciando a quienes representan a las y los trabajadores y a estos últimos”, denuncian las centrales sindicales que componen la Junta de Personal tras recordar que el artículo 101. 4 a) de la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León, determina que las Juntas de Personal tendrán la facultad de tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.

“No es posible tanta impunidad. Ya está bien. La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales está harta del comportamiento despótico y fuera de la Ley de la Consejería de Presidencia. El Consejero de Presidencia ha vuelto a incumplir la ley cuando ha modificado el horario y la jornada de verano de los Funcionarios”, se queja la Junta de Personal antes de denunciar que “la política de personal de esta comunidad autónoma no puede ser más caótica y arbitraria. Primero, se ignoraron los principios de igualdad, mérito y capacidad, cuando se incorporaron como funcionarios sanitarios, sin haber realizado la oposición correspondiente, a más de 2000 personas. Después, se reemplazaron a los funcionarios de carrera por funcionarios interinos, que no habiendo superado la oposición, han ido permaneciendo tantos años en el puesto de trabajo que  llegan a jubilarse en el mismo. Esta práctica se ha generalizado tanto que se ha convertido en el método de provisión común. Posteriormente se ha ido sustituyendo el sistema de oposición, homologado para el acceso al empleo público, por otros procesos selectivos descafeinados, cuando se trataba de cubrir las plazas de la administración paralela, a la que se investiga actualmente por los casos de corrupción que se han dado a conocer. Y finalmente, y dentro de esta  misma administración paralela, se han conocido los casos de personas a las que, sin título ni oposición, se les ha regalado la condición de empleado público, con sueldos generosos superiores a muchos funcionarios de carrera, con el dinero de todos los ciudadanos, y hurtando estos puesto a ciudadanos que hubieran podido demostrar su mayor valía”.

En su duro comunicado, los sindicatos hacen una recopilación de todos los incumplimientos del consejero de Presidencia:

“El Consejero de Presidencia  D. José Antonio de Santiago Juárez incumplió lo pactado el 25 de julio de 2017 en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, donde se comprometió a que antes de la fecha de 01 de marzo de 2018, modificaría las RPTs y convocaría el concurso abierto y permanente para el personal funcionario de la Junta de Castilla y León. El Consejero de Presidencia incumple las resoluciones del Procurador del Común. El 07 de agosto de 2017, este dictaminó una dura resolución instando a la Junta de Castilla y León a realizar, en la mayor brevedad posible, cuantas actuaciones fueran necesarias a fin de garantizar la periodicidad anual del concurso de traslados del personal funcionario de la Administración de Castilla y León, en tanto se fuese convocando el concurso abierto y permanente. El Consejero de Presidencia incumple las resoluciones de la Comisión de Transparencia, que le obligan a entregar las RPTs con nombres y apellidos a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales. Las resoluciones del Comisionado de la Transparencia son ejecutivas, pero a este Consejero le da igual, parece que le pesa más su próxima jubilación y quien venga detrás “que arree”. La Consejería de Presidencia lleva más de 15 meses sin facilitar a la Junta de Personal información sobre la política de personal, los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. Información que ha de suministrarse trimestralmente por ley”, recuerdan.

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