Javier León de la Riva, a su llegada a los juzgados en la primera sesión del juicio del caso 'Comfort Letters'. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva, a su llegada a los juzgados en la primera sesión del juicio del caso 'Comfort Letters'. Foto: Gaspar Francés

El ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha sido absuelto en el juicio por las 'Comfort Letters' que contra él se ha seguido en la Audiencia Provincial de Valladolid. Igualmente han resultado absueltos los ex concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez con los que compartió banquillo.

Inicialmente para el ex alcalde del PP la Fiscalía solicitaba para él 9 años de prisión y 3 la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Valladolid por delitos de falsedad documental y prevaricación.

El Tribunal de la Audiencia Provincial tras valorar la prueba practicada, entiende que "no concurren en Francisco Javier León De La Riva el dolo falsario que caracteriza el delito de falsedad documental, de ahí que se absuelva por dicho delito". "La conducta de tal acusado es constitutiva de una imprudencia, pero no dolosa y el delito de imprudencia de falsedad documental ha prescrito" y por ello se le absuelve también del mismo.

Respecto al delito de prevaricación la Audiencia entiende que "existe una posible ilegalidad administrativa, pero los hechos no tienen entidad penal". "No concurre en la conducta de los acusados el elemento subjetivo de dicho delito, que es actuar a sabiendas, esto es con dolo penal", afirma la Audiencia Provincial de Valladolid.

En el apartado de hechos probados se apunta que “el Alcalde Sr. León de la Riva actuó sin informarse sobre el alcance real de esa Carta de Conformidad en cuanto pudiera comprometer patrimonio municipal y sobre la necesidad de recabar autorizaciones previas de los órganos municipales” y que por ello “no solicitó informe de la Intervención, ni de la Secretaría General, ni dio conocimiento de dicho documento a la Junta de Gobierno, ni a los técnicos del Ayuntamiento, de modo que ningún órgano, ni funcionario de la Corporación había emitido dictamen, ni se había adoptado acuerdo alguno sobre el mismo, ni dado orden de tramitación de expediente al efecto a ninguna Concejalía”.

Sobre la segunda comfort letter firmada se dice: “el Sr. León de la Riva, de la misma forma que en la anterior comfort letter, la firmó en la creencia de que tenía competencia para suscribirla sin necesidad de la autorización previa de organismo municipal alguno y, despreocupándose de la trascendencia real que pudiera tener ese documento, no dio conocimiento del mismo a ninguna Concejalía, a ningún técnico del Ayuntamiento, ni pidió informe a la Intervención o al Secretario de la Corporación, sin dar lugar a ningún trámite en el seno de la misma. Tampoco recabó autorización de la Junta de Castilla y León pensando que no era necesaria”.

Idéntico proceder que se produjo con la tercera carta: “El Sr. León de la Riva firmó dicho documento Comfort Letter de 26 de enero de 2011 sin dar conocimiento del mismo a ningún técnico del Ayuntamiento ni pedir un Informe de la Asesoría jurídica, omitiendo el procedimiento legal que sería preciso para suscribirlo, consistente en un informe de la Intervención, que debía analizar la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que se derivaran de la operación, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento y la autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. Obvió esos trámites en la creencia de que podía firmar la Carta por sí mismo en virtud de las facultades de representación que tenía de la Corporación en esa Sociedad VAV.

Los otros dos acusados el Sr. Blanco Montero y el Sr. Sánchez Fernández, tampoco iniciaron procedimiento alguno en el ámbito del Ayuntamiento en relación con estas Comfort letters suscritas por el Alcalde, desconociendo realmente la naturaleza jurídica de esa Cartas de Conformidad pues si bien asistían a las sesiones del Consejo de Administración, no se encargaban de las cuestiones financieras de la Sociedad que delegaban en otros consejeros confiando tanto en estos como en la actuación más directa en estos temas del propio Alcalde como Vicepresidente primero, el cual no les informaba acerca de las Comfort letters que firmaba, ni les hacía indicación alguna sobre las mismas”.

Tribunal de la Audiencia que ha juzgado al ex alcalde. Foto: Gaspar Francés
Tribunal de la Audiencia que ha juzgado al ex alcalde. Foto: Gaspar Francés

Según razona la Audiencia, el ex alcalde “entendía que al autorizarle el Ayuntamiento para las gestiones de la Sociedad VAV podía firmar esos documentos y que estaba facultado para ello. Además sólo había dos días entre la carta y el contrato de financiación, con lo que tuvo que hacerse deprisa”, en el caso de una de las cartas / aval.

En cuanto a la segunda carta, el Tribunal señala que “esta nueva financiación subsume la primera, la sustituye y no superaba el límite de endeudamiento. Si hubiera sido consciente de su trascendencia podría haberse aprobado en el Ayuntamiento sin dificultad, tenía mayoría absoluta en la Corporación”.

“La tercera Carta la firmó sin pasarla al Pleno o a la autorización por la Junta porque no tenía conciencia de que fuera preciso, entendiendo que era una carta de apoyo a toda la operación de soterramiento”, se razona en el fallo.

La Sala de la Audiencia que preside Feliciano Trebolle “no considera probado, con el rigor que es preciso en esta vía penal, que el acusado al firmar dichos documentos tuviera la intencionalidad de alterar el tráfico jurídico, de trastocar de forma consciente y maliciosa la verdad para inducir a error a los demás implicados en el documento”.

“Al respecto, debemos significar que ese texto, al que venimos haciendo referencia, no fue redactado por el Sr. León de la Riva, ni propuesto por el mismo, sino que el documento fue confeccionado en su integridad por las entidades de crédito quienes lo pasaron a firmar a todos los representantes de las entidades que participaban de la Sociedad VAV, incluso en algunas ocasiones con cierta premura, como una especie de clausulado de adhesión en relación con la concesión de la financiación requerida”, se llega a aclarar.

En el fallo se recuerda que “en esos momentos, cuando se firmaron referidos documentos, se desconocía por el Sr. León de la Riva (y por los demás acusados) la naturaleza jurídica y trascendencia real de esas Comfort letters, como manifestaron todos ellos y como se admite en las declaraciones del Sr. Merino, Secretario del Ayuntamiento, y del Sr. Velázquez, Interventor en aquellas fechas”.

La Audiencia considera literalmente: “No llegamos con la debida seguridad o certeza a la convicción de que el acusado Sr. León de la Riva actuara con malicia o con intención fraudulenta de alterar o mutar la verdad, es decir con dolo falsario en la firma de estos documentos; sino, más bien, con negligencia grave en la medida de que no se cercioró, pudiendo y debiendo hacerlo, de la trascendencia de esa estipulación y de que era preciso recabar autorización del Pleno de Ayuntamiento si la operación superaba el 10% de los recursos ordinarios y la autorización del órgano de tutela de la Junta de Castilla y León en el supuesto de existir un Plan económico financiero aprobado o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110%, lo que acaecía en las dos últimas cartas”.

El Tribunal indica que no es posible dictar sentencia condenatoria por delitos de falsedad documental por imprudencia grave del artículo 391 porque habrían prescrito y tampoco puede emitirse sentencia condenatoria frente al Sr. León de la Riva por delitos de falsedad imprudente del artículo 391 del Código Penal.

En cuanto a la prevaricación, la Sala no estima probado, “con la suficiencia que es precisa en esta vía penal para llegar a un juicio de certeza, el elemento subjetivo de actuar “a sabiendas” de la injusticia y la arbitrariedad”.

“A pesar de que el Sr. León de la Riva tenía experiencia como Alcalde, sin embargo no tenía conocimientos jurídicos en relación con estas cuestiones tan específicas, con lo que no cabe excluir la versión alternativa de que no fuera realmente consciente de que con esos documentos mercantiles, asumidos por los miembros de la Sociedad VAV para la efectividad de los acuerdos de financiación aprobados, tuviera que seguirse un procedimiento previo en el Ayuntamiento. El que se trate de una ilegalidad administrativa grave que ha provocado la nulidad de pleno derecho, no puede identificarse con el delito de prevaricación”, indica textualmente la Audiencia en su fallo en el que también apunta que “no consta que se haya producido perjuicio evaluable económicamente al Ayuntamiento, conforme se colige de la prueba testifical en relación con la documental”.

En cuanto a los ex concejales que compartieron banquillo con el ex alcalde: “No se ofrecen, por lo tanto, en la conducta de Manuel Sánchez Fernández y de Alfredo Blanco Montero los presupuestos de la comisión por omisión: en primer término, porque solo se ha admitido este tipo de comisión omisiva en el delito de prevaricación en casos muy excepcionales respecto del autor propio, cuanto más lo sería en un supuesto como el presente que se imputa una comisión por omisión de otros copartícipes respecto a la conducta de aquel; y en segundo lugar, por cuanto no ha quedado acreditado que estos concejales acusados conociesen de forma clara que el Alcalde estuviera cometiendo un ilícito y dejasen de actuar deliberadamente ante ello, siendo aquí aplicable todo lo anteriormente argumentado sobre la falta de acreditación de un dolo directo en la conducta de estos acusados”.

Este fallo no es firme y contra él cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.


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