El pasado 23 de agosto fue el quinto aniversario del anuncio del Presidente Zapatero de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, en plena época estival y con más de la mitad del país en período vacacional. Por aquel momento, unos meses antes, España había vivido su punto álgido de movilizaciones desde la Transición, protagonizadas por el Movimiento 15M y con las “Marchas a Madrid” organizadas en julio de ese mismo año para que la movilización no se enfriara. Sin embargo, es lógico que en agosto el nivel de concentración disminuya, momento que aprovechó el entonces Presidente socialista para comenzar una reforma, culminada el 27 de septiembre de 2011, que, además de no haber sido votada por el conjunto del pueblo español, iría en contra de los intereses de la mayoría social.

La redacción inicial del artículo 135 de la Constitución era simple y breve, en el que se establecía, a grandes rasgos, que las Administraciones Públicas debían estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Sin embargo, la modificación hizo norma máxima algo que se podría haber establecido por ley: el principio de estabilidad presupuestaria (ya reconocido legalmente), el equilibrio presupuestario de los municipios y la prioridad del pago de la deuda frente a cualquier otro gasto.

El bipartidismo dominante de la época, PP y PSOE, apoyó la reforma, pese a que, previamente, habían mantenido que la Constitución era prácticamente irreformable. Sin embargo, con ello aprendimos que se podía modificar en un mes de verano, sin oportunidad para que el pueblo se expresase en las urnas y además aprovechando un momento de desmovilización. Efectivamente, el proceso que se siguió fue el establecido en el artículo 167, el más sencillo, el cual no prevé un referendo preceptivo del pueblo español, dado que se celebrará cuando así lo requieran un décimo de diputados o senadores, algo que solicitó Gaspar Llamazares, pero que no pudo realizarse porque no se llegó al mínimo necesario, algo impensable en el momento político actual.

Esta reforma –la cual contó con los votos afirmativos del actual Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, o del Secretario General del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que ahora proponen revertir- no fue solamente criticada en su forma, sino también por su fondo: muchos juristas de reconocido prestigio advirtieron del peligro de elevar a rango constitucional un contenido que debía regularse por ley, debido a la dificultad posterior de su reforma; y, desde el ámbito político, resultó una pérdida de soberanía dado que dicho cambio fue un imperativo proveniente del centro de Europa, que hizo suyo un Gobierno saliente arropado por un partido, el PSOE, que nunca había incluido en su programa electoral tal medida, al igual que el PP.

Cinco años después nos encontramos en un país con un Gobierno en funciones de más de ocho meses de duración, con un pluripartidismo que no se hubiera imaginado en agosto de 2011 y con una situación que puede volverse a producir: la de que los españoles hayan de tomar una decisión tan importante como la de elegir a los representantes en Congreso y Senado en Navidad, en un período, de nuevo, de desmovilización, de no alcanzarse ningún acuerdo para la investidura de un nuevo Presidente del Gobierno.

De la reforma del artículo 135 de la Constitución se pueden sacar varias conclusiones, entre las cuales me gustaría destacar dos: la primera, que el pueblo español no debe permitir que le nieguen la palabra y la toma de decisiones, y una de las formas de negárselo es establecer en períodos vacacionales y de celebración familiar la celebración de elecciones o la realización de medidas tan significativas como una reforma constitucional.

En segundo lugar, y no menos importante: la reforma del artículo 135 rompió el tabú del llamado consenso de 1978 para abrir un período nuevo. Un proceso, en primer lugar, desconstituyente, iniciado precisamente por el PP y por el PSOE para abrir otro nuevo, constituyente, el actual, que algunos han llamado nueva Transición, que han de protagonizar los de abajo. Si ellos no lo protagonizan, otros harán la reforma constitucional que necesita España por nosotros y se instaurará un nuevo régimen, hecho desde arriba, que poco o nada variará la situación de la mayoría social española. La reforma del artículo 135 de la Constitución hizo ver que nuestra Carta Magna no es irreformable, sino que su reforma se hace una obligación, y que es necesario realizarla para adaptar a la época contemporánea muchos de sus preceptos y defender con más ahínco derechos, como el de la salud o la Seguridad Social, entre otros, que en el momento constituyente de 1978 no se consideraron como fundamentales. Aprovechemos, por tanto, ese aprendizaje colectivo para evitar nuevas efemérides fatales y construir juntos otras, como la de una nueva Constitución y un nuevo país, que adapte lo mejor de la Constitución de 1978 y recoja lo mejor de todas las generaciones que nos hemos criado y estamos viviendo en democracia.

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