Agentes de la Guardia Civil patrullando el cielo desde un helicóptero. Foto: Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil patrullando el cielo desde un helicóptero. Foto: Guardia Civil

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha absuelto por tercera vez de un delito contra la salud pública a A. L. P. después de que la Guardia Civil interviniera en su domicilio de Urones de Castroponce una plantación de 23,5 kilos de marihuana.

El caso no solo es llamativo por que esconde una más que cuestionable actuación por parte de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la operación, sino porque, según indica el propio juez en el fallo al que ha tenido acceso últimoCero, incluye “demasiadas incidencias que transforman el enjuiciamiento casi en un supuesto de laboratorio como caso práctico en el que hay que analizar cuestiones policiales, procesales y de fondo”.

Y es que el juez titular del juzgado de lo Penal 4 llegó a fallar dos veces absolviendo al acusado por considerar que la entrada y registro del domicilio donde se había localizado la plantación había sido ilegal por no estar amparada por un mandato judicial. Tras el primer fallo, la Audiencia obligó al juez a tener que valorar como válido el registro que en el fallo inicial él consideró nulo. Al pronunciarse nuevamente en el mismo sentido (nulidad del registro), la sección segunda de la Audiencia decide apartarle del enjuiciamiento por "pérdida de la imparcialidad" y ordena que se repita el juicio repitiéndose ahora el mismo fallo, pero no porque el registro practicado en el domicilio fuera ilegal (que también), sino porque las pruebas obtenidas vienen viciadas de nulidad por su ilícita obtención policial “con la captación inconsentida de imágenes aéreas sobre un domicilio privado desde cuyo exterior no se había constatado la presencia de indicios de plantas de marihuana”.

“Para llegar a esta conclusión se cuenta con numerosa y detallada prueba, agradeciendo sobremanera la sinceridad de los miembros de Guardia Civil que, tras el tiempo transcurrido, conocer el criterio de la Audiencia Provincial, ser sabedores de cuál es el verdadero nudo gordiano del enjuiciamiento, han sido lo suficientemente honestos como para reconocer hechos muy perjudiciales para su actuación, quizás en el desconocimiento, porque nadie ha incidido en ese sobrevuelo aéreo previo a todo lo que se desencadena posteriormente, de que el hecho de acceder a una propiedad privada desde el aire para observar su interior vulnera la intimidad domiciliaria de cualquier persona, incluso como en este caso, aunque se esté dedicando a una actividad criminal”, se indica textualmente en este nuevo fallo que viene a confirmar los dos anteriores.

“Esa intromisión ilegítima y la consecuencia de obtener la prueba posterior de más de 23 kilos útiles de planta de marihuana en la propiedad del acusado significa que, de no haberse vulnerado la inviolabilidad domiciliaria de manera gratuita y fácilmente salvable, máxime cuando en la mañana del 23 de septiembre no existían razones de urgencia para actuar sin autorización judicial, no se habría podido determinar la responsabilidad delictiva del acusado por ausencia de ningún otro indicio contra él, de manera que la llegada de los agentes, la vigilancia posterior, y la decisión (considero que totalmente nula de pleno derecho pese al sentido contrario de la sentencia de la Audiencia Provincial) desproporcionada, basada en inexactitudes para confundir a la magistrada de guardia y que autorizara la entrada sin mandamiento judicial de manera verbal, de hacer un registro sin presencia judicial implica que toda esa prueba incorporada a partir de la obtención ilícita de las fotografías aéreas queda contaminada por el vicio de raíz que se extiende a toda la actuación policial”, indica el juez en el último fallo sobre este caso.

En la sentencia, el juez, a pesar del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, vuelve a insistir, como su compañero apartado del caso, que “hubo un exceso policial provocado por un lado en la voluntad de los mandos de no molestar a la Juez de Guardia fuera del horario de atención matinal del Juzgado y un exceso de confianza en la creencia de que el acusado facilitaría el acceso a la propiedad en cuanto se le solicitara. No existe ni un solo indicio probatorio para afirmar que la actuación policial se llevó a cabo por la concurrencia de flagrancia delictiva”.

“En definitiva, se 'maquillaron' las circunstancias para justificar una entrada ilícita en domicilio privado argumentando, sin prueba alguna demostrada en el juicio, que el acusado estaba quemando la plantación, es decir, ni había delito flagrante ni se contaba con prueba sólida de su existencia en los términos expuestos y, si no se hubiera anulado la actuación policial de captación de imágenes, este Juez entiende que la entrada y registro policial al amparo del art. 553 de la LECr es nula y produciría los mismos efectos que los señalados por el Juez apartado del conocimiento de este asunto”, dice el juez, que también deja claro en su sentencia, aunque sin consecuencias dada la absolución, que se rompió la cadena de custodia de la droga intervenida. “No hay diligencia alguna del pesaje en bruto de las plantas intervenidas, ni se unen los tickets de pesaje, ni se identifica a los agentes que lo llevan a cabo, ni el lugar y hora en que se practica, pero lo más grave es que entre la diligencia del folio 13 a las 9:40 horas en que las plantas quedan depositadas en el puesto de Mayorga, firmada por el agente 26089, que no consta identificado en las actuaciones de entrada y registro, luego no tuvo la custodia de las plantas desde el primer momento, y la entrega de las plantas en Sanidad el 27 de septiembre de 2013 (folio 72) por el agente 13641 no existe diligencia alguna de transmisión policial de las plantas de un agente a otro, rompiéndose la cadena de custodia policial en ese momento”, se dice textualmente.

Por todo ello, el juez vuelve a absolver a A.L.P. con todos los pronunciamientos favorables al haberse vulnerado su derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria e intimidad personal y familiar, declarando de oficio las costas causadas.

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