El grupo municipal Popular ha pedido en comparecencia pública en la mañana de hoy la dimisión del actual alcalde, Óscar Puente. “Si tiene vergüenza política debería dimitir, dado que por segunda vez los tribunales han considerado discriminatorio, desproporcionado y contrario a los artículos 14 y 23 de la constitución la moción que impulsó para someter antidemocráticamente a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento”, ha indicado el presidente del Grupo para referirse a la moción aprobada (anulada ahora por el TSJ) gracias a la cual los tres ediles con cargo y sueldo en la Diputación –Jesús Julio Carnero (PP), Pilar Vicente (Ciudadanos) y Héctor Gallego (Sí se Puede)– pasaron de cobrar 11.002 euros al año por su asistencia a plenos y comisiones municipales a un euro. Para los concejales sin dedicación exclusiva establecía percepciones de entre 2.750 y 11.002 euros dependiendo de su salario fuera del consistorio.
Los Populares consideran que este nuevo fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia confirma los aspectos esenciales de la sentencia del Juzgado que ya declaró nulos de pleno derecho los acuerdos alcanzados por el tripartito municipal. Critican que “un tripartito formado por 15 miembros con ilustres juristas, empezando por el propio alcalde, incluso por profesores universitarios en derecho, se hayan empecinado en algo que desde el principio se veía que era contrario a la Constitución por discriminatorio y desproporcionado”.
Consideran que su “obstinación” se debía a causas no objetivas y “venía generada por el enfado de Puente de no querer asumir el cumplimiento de la Ley con respecto a su sueldo”. Los populares consideran que “esa obstinación ha llevado a un hecho que creen que no tiene precedentes en la historia democrática de Valladolid: por primera vez un gobierno municipal de Valladolid, el presidido por Óscar Puente, ha sido sentenciado, y por dos veces, por decisiones en contra de principios esenciales de la Constitución Española”.
La sentencia confirma que se ha vulnerado el principio de igualdad del artículo 14 y el principio de representatividad en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución. En definitiva, “una actitud claramente antidemocrática que buscaba cercenar el derecho legítimo y democrático de ejercer las labores de oposición”, según Martínez Bermejo, que ha aprovechado esta victoria judicial para denunciar que el alcalde y el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, han conminado a un sindicalista a "difamarle y a mentir" al denunciar sus ausencias en el puesto de trabajo que como funcionario ocupa en la Junta de Castilla y León. Sin citarle, se ha referido a él como la persona que entraría a formar parte de la corporación “si hubiera dimitido una concejala por usar las tarjetas de un sindicato” (en alusión a Victoria Soto) o “firmado el contrato de una cuñada” (en referencia a Antonio Gato).
Martínez Bermejo, que sin llegar a nombrarle se ha referido a Marcial Barba, ha llegado a apuntar que ese control al que ha sido sometido “no corresponde a los sindicatos” y que “así lo han llegado a poner por escrito ellos mismos, al hablar de persecución política a personas concretas”.
El presidente del grupo, en un tono más beligerante que de costumbre, ha llegado a mostrar un documento con los ingresos que recibe del Ayuntamiento (229,17 euros al mes) y ha insistido en que “cumple con todas sus obligaciones”, ya que, como ha sido el caso de hoy, pide permisos para poder participar en ruedas de prensa. “Yo no hago como el alcalde que se va a jugar al golf desde las 12 a las 18 horas, en horario de maxima atención a los ciudadanos”, ha llegado a denunciar Martínez Bermejo señalando que eso ocurrió “hace unos meses y más de una vez”.
“Si tuviera vergüenza política debería dimitir hoy mismo”, ha dicho de Puente el responsible del Grupo Municipal del PP antes de insistir que el empeño del actual alcalde ha sido el de “no querer tener oposición”.
Sí se Puede
El Grupo Municipal Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado hoy que la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula la bajada de sueldos de los concejales sin dedicación exclusiva no conllevará cambios en la retribución de su edil y portavoz en la Diputación y critica que el Grupo Municipal Popular sólo se preocupe por defender sus retribuciones teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra su partido.
Tras conocerse la sentencia del TSJCyL, que desvincula la limitación salarial de los ediles a la dedicación exclusiva mantenida en otra administración o a sus ingresos profesionales, la portavoz de Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez, ha aclarado que el fallo no variará la situación del portavoz en la Diputación, Héctor Gallego, por cuanto los cargos públicos de la formación mantienen un compromiso ético centrado en una limitación retributiva de tres salarios mínimos interprofesionales (hay que recordar que se pidió hacerla extensiva al resto de miembros de la Corporación aunque no salió adelante por la falta de interés plasmado en este sentido tanto por el PP como por el PSOE).
“Creemos que también es importante lo que la propia sentencia señala con respecto al trabajo de los funcionarios: las administraciones públicas en las que trabajan representantes políticos deben ejercer un control para que efectivamente puedan desempeñar su trabajo en la Administración y también sus cargos políticos. En este sentido, el señor Martínez Bermejo debería de tener bastante más cuidado dado que excede muchísimo su obligación de participar en comisiones y plenos”, asegura Chávez.
Igualmente, la portavoz de Sí se Puede Valladolid ha lamentado que el Grupo Municipal Popular se empeñe en defender con tanta beligerancia las retribuciones de nueve de sus concejales teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesa el Partido Popular, puesta muy especialmente de manifiesto en los últimos días mediante detenciones, imputaciones, llamadas a declarar y dimisiones.
Asimismo y pese a que la sentencia del TSJCyL exime a los grupos de esta obligación, para Sí se Puede Valladolid la publicación de las agendas de actividad responde a una cuestión ética y de compromiso con la transparencia. “Entendemos que con la que está cayendo en el momento político actual y de exigencia de la ciudadanía con sus representantes (…), si un partido no quiere hacerlo parece más bien que quiere ocultar algo, lo que no nos extraña dados los precedentes que estamos viviendo en los últimos días”.
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