La Diputación de Valladolid ha remitido a la Fiscalía el caso de una funcionaria de la institución por presunto cobro y tramitación irregular de las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores de la institución. De forma paralela se le ha abierto un expediente disciplinario por la comisión de varias faltas graves y muy graves que podría suponer su expulsión de la administración provincial.
Según ha podido confirmar últimoCero en fuentes oficiales de la Institución Provincial, la Diputación ha detectado “ciertas irregularidades en el abono de las prestaciones sanitarias y en la justificación de ayudas al estudio” que podrían ser constitutivas no solo de varias faltas disciplinarias, sino de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
A la funcionaria, M.L.M., con categoría de Administrativo de Administración General en el Área de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías, ya se le ha abierto un expediente disciplinario en el que, “sin perjuicio de la responsabilidad penal” que se pueda derivar, se indica que ha podido incurrir en varias faltas disciplinarias muy graves, como el “notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”, “la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”, así como tras graves: “la emisión de informes, la adopción de acuerdos o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales”, “el atentado grave contra la dignidad de los empleados públicos o de la Administración” o “conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio que causen un daño a la Administración, a los administrados o a los compañeros”.
Las sanciones administrativas a las que se enfrenta esta funcionaria, según figura en el decreto de apertura de expediente disciplinario van desde “la separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportaría la revocación de su nombramiento” o “la suspensión firme de funciones, con una duración máxima de seis años”.
