La portavoz del Grupo Municipal Sí se Puede en Valladolid, Charo Chávez, ha dejado hoy clara su postura contra la operación del soterramiento por “ser inviable técnica y económicamente”. “No se puede hacer y no me creo que para el Ministerio de Fomento Valladolid sea una prioridad; Con el soterramiento no podemos ser cómplices de mentiras”, ha expresado abiertamente la concejala en el marco de la charla “El tren: los dos lados de la vía”, incluida en el encuentro sobre “Poder Local: Retos del nuevo municipalismo”, que no ha contado con el respaldo del público y al que no han asistido algunos de los ‘primeros espadas’ cuya asistencia se había anunciado: Rafa Mayoral (que envió un vídeo), Rita Maestre o Jorge Moruno.
Ante un auditorio casi vacío (no se pudieron contar más de 30 personas) expertos urbanistas han coincidido en que el problema del ferrocarril en Valladolid no puede estar supeditado a grandes proyectos que llegan desde fuera sino que debe abordarse desde lo local, mediante el abordaje de las cuestiones más esenciales y graves, en este caso la accesibilidad y la comunicación entre las dos partes de la ciudad.
Es el caso del profesor de Urbanismo de la Universidad de Valladolid José Luis Lalana, que ha abogado por desarrollar todos los mecanismos de participación ciudadana posibles a fin de encontrar salida a los problemas existentes, fundamentalmente el borrar la idea de los dos lados que perpetuaba el Plan Rogers, que planteaba un nuevo área de centralidad aunque tres calles más abajo la situación era distinta.
Por su parte el concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, se ha referido a las similitudes existentes entre la capital y Valladolid en lo que se refiere al mantenimiento de gobiernos del PP durante largo tiempo y con mayorías absolutas seguidas y al desarrollo de un modelo de gestión neoliberal con desequilibrios entre la ciudadanía y los actores vinculados a la gestión y de mano de grandes y medianas operaciones urbanísticas y no del interés general o el equilibrio territorial.
La portavoz de Sí se Puede Valladolid en el Ayuntamiento, Charo Chávez, ha incidido en la existencia de más de una decena de sociedades de Alta Velocidad en España que también acumulan grandes deudas para, a continuación, lamentar que una vez más quede pendiente la expectativa ciudadana, con el consiguiente sufrimiento que genera, aspecto que tiene que enmarcarse en el debate político en torno a este tema.
“Se han generado expectativas de cambio, de igualdad, de accesibilidad, de modernidad, de progreso económico que se han visto frustradas con promesas incumplidas”, recuerda antes de insistir en uno de los problemas de fondo de la operación: el presupuesto para su abordaje dependía de las plusvalías generadas por la venta de terrenos.
Vivienda
La segunda de las mesas programadas para el encuentro, titulada ‘Derecho Subjetivo a la Vivienda’, ha comenzado con la proyección de un vídeo protagonizado por el diputado de Podemos Rafa Mayoral, quien finalmente no ha podido acudir a la jornada. En él incidía en que la vivienda es un derecho humano fundamental y no un inmueble o un objeto de especulación.
Moderada por la concejal de Sí se Puede Valladolid Gloria Reguero, la mesa ha contado también con la participación del profesor de Arquitectura de la Universidad de Valladolid José Luis Sainz Guerra, quien ha ahondado en el origen de la “situación perversa” que ahora se conoce. “Existe una falta de madurez como sociedad: nos han robado y se ha producido ante nuestros ojos”, ha advertido antes de señalar que el origen se encuentra en la corrupción.
César Hernández, abogado y activista de Amnistía Internacional, ha recordado la obligación de todas las administraciones a proteger y promover los derechos humanos y frente a ello, las soluciones existentes hasta la actualidad para víctimas de desahucios: recurrir a amigos, círculos sociales o familiares y organizaciones de la sociedad civil.
En último término el procurador de Podemos en las Cortes Carlos Chávez ha atribuido el mérito de lo logrado hasta ahora a la acción de colectivos sociales, ONGs y expertos. “Se ha conseguido que no se vayan de rositas o que no sea tan fácil como hace 10 años pasar por delante de este tema sin tener en cuenta el sufrimiento de las familias que son expulsadas o si se hace, pues que se les pueda señalar con el dedo”, ha aseverado.
Ya por la tarde activistas y expertos han destacado el papel de las administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos, tanto en la garantía de los derechos de las personas como en la lucha del uso del trabajo como arma de control social en un escenario de miedo.
La profesora de Derecho de la Universidad de Valladolid y activista transexual Marina Echebarría ha considerado “de primera” el papel que desempeñan los ayuntamientos en lo que a la defensa de los derechos de los ciudadanos se refiere y se ha detenido especialmente en su relevancia a la hora de crear símbolos, cambiar el lenguaje, volver a hacer públicos recursos como la energía, el transporte o el agua y en evitar que el trabajo sea utilizado como un arma de control social.
“Estamos en una sociedad en la que se nos ha precarizado a todos; se usa el trabajo como una herramienta de exclusión de las minorías y esto es una labor política en la que los ayuntamientos son la primera piedra de toque”, ha explicado antes de abogar por desposeer de esa forma de presión a los detentadores de la fuerza de trabajo.
El portavoz de Laguna Sí se Puede, Jesús Sáez, se ha detenido especialmente en la relevancia del empleo, cuya carencia hoy día se traduce prácticamente en no tener “casi ni derechos”, lo que es especialmente importante en el caso de los ayuntamientos, que además se han visto muy perjudicados por la Ley Montoro, que los asfixia y les resta autonomía.
Por su parte José Carmona, economista y miembro de la Coordinadora de ONG, ha llamado a entender la proximidad existente entre lo local y lo internacional pese a las ideas contrarias existentes en este sentido. “No pilla tan lejos lo internacional de lo municipal”, ha defendido. Asimismo, ha aclarado que en la actualidad los derechos humanos se tienen o no dependiendo del lugar de nacimiento.
La última de las mesas, titulada ‘La voz de la gente en las instituciones’, ha contado con la participación de la portavoz del Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez, y Ángel Martín, de la Asociación de Sociólogos de Castilla y León. Durante la conversación, Chávez ha recordado cómo la gente que promovió el 15M lamentaba el hecho de no sentirse representada por los políticos en las instituciones y en la actualidad, con la llegada de partidos nuevos, con ayuntamientos del cambio y presencia en prácticamente todos los niveles institucionales, toca plantearse si esa representación es suficiente y si de verdad la gente participa.
Por su parte, Ángel Martín ha puesto sobre la mesa los datos del Barómetro de Opinión Pública de Castilla y León en relación a las instituciones: la más influyente es el Gobierno central y las menos, las diputaciones, cuya desaparición es defendida por casi el 50% de los castellanos y leoneses tanto del mundo rural como del urbano por considerar que no solucionan sus problemas.
