Cuando escribo estas líneas aún no sabemos si nos encaminamos a unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre por la incapacidad de formar gobierno de los actores políticos presentes en el congreso de los Diputados, o si finalmente PSOE y Unidas-Podemos, superando su pésima gestión negociadora desde la primavera pasada, han llegado a algún tipo de acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez.
Sea cual sea el desenlace final de este proceso, que tiene como víctimas colaterales a un número cada vez más creciente de ciudadanos desafectos de la clase política actual, los graves problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, muchos de los cuales son compartidos con la mayoría de las poblaciones del planeta, siguen esperando solución.
Estamos en la antesala de una Huelga Climática, protagonizada de manera principal por los estudiantes, que nos advierte de la insostenibilidad de un voraz modelo de desarrollismo económico que saquea los recursos naturales, satura la naturaleza de basura, machaca nuestra salud contaminando suelos, aguas y atmósfera y extiende unas alteraciones del clima global que amenaza a la biodiversidad planetaria y a la mayor parte de la Humanidad. Del mismo modo asistimos a unas nuevas relaciones internacionales, al parecer sin complejos, que eleva el orden de magnitud de los conflictos globales gracias a las agresiones de Trump, las incertidumbres de un Brexit duro, las presiones de Putin, la carencia democrática de China, o la proliferación de gobiernos hostilmente reaccionarios, de los cuales Bolsonaro es un mero ejemplo.
Y si a todo ello añadimos que, a pesar de estar todavía arrastrándonos tras los feroces impactos sociales de la última Gran Recesión, los indicadores económicos parecen indicarnos el camino a una nueva crisis económica que, como siempre ocurre se volverá a cebar en los colectivos más vulnerables, que ya no conforman un pequeño porcentaje cívico, sino que ese extienden hasta alcanzar la mayoría social: parados, mayores con pensiones indignas, jóvenes precariados o expatriados, familias monoparentales, mileuristas…
Por eso, nuestro país, con unas fuerzas populares agotadas, desmotivadas y desencantadas –que lejos queda el 15M- ve con perplejidad como las preocupaciones de la clase política, en su práctica totalidad, se lanza sin remordimientos a colocar a familiares y amigos, a incrementar sin límites personal de confianza y asesores, elevan sus retribuciones y salarios con absoluta indignidad e impunidad, mientras los grandes problemas del país y de la gente se enquistan y se pudren sin solución aparente… ¡cómo va a mantenerse viva la esperanza!
Y es que los retos s los que se enfrenta nuestro país, son claros: fortalecer una democracia participativa, transparente y real, perseguir y castigar la corrupción política y económica que permanece vergonzosamente impune, extender políticas sociales que garanticen unos servicios públicos sociales de calidad en el ámbito de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, transformar nuestro modelo económico adaptándolo a las nuevas realidades industriales, tecnológicas y, especialmente, ambientales… sin olvidar el debate sobre el modelo territorial del Estado, que nos exige un consenso máximo que probablemente pasa ineludiblemente por el federalismo Solidario y por el reconocimiento de los que evidente: la realidad plurinacional de España.
Agotado el paréntesis de más de 40 años impuesto por la Transición Democrática y el Estado de las Autonomías, el conflicto territorial en España ha intensificado su intensidad de forma grave, y el distanciamiento cada vez mayor entre quienes se identifican con el independentismo (como la mayor parte de los partidos catalanistas y el propio gobierno de la Generalitat) y quienes anhelan una recentralización del Estado (como VOX, Ciudadanos y los sectores más duros del PP), nos conduce a un choque de trenes donde no está claro quienes pueden ser los ganadores, pero donde con seguridad los perdedores serán seremos- muchos. La reconfiguración territorial de España, probablemente no llegará a concitar la unanimidad de todos los agentes políticos y autonómicos existentes, pero es obvio que solo será útil, eficiente y duradera si obtiene un elevado nivel de consenso, algo que hay que reconocer que consiguió la Constitución de 1978, pero cuyo nivel de progresivo envejecimiento –tras cuatro décadas- ha perdido.
Un Estado Plural, que debe construirse de abajo arriba, y apostando por un Federalismo Solidario, que garantice el reconocimiento de Castilla como nacionalidad histórica, como un actor social, político, económico y cultural clave dentro de esa nueva España federal y solidaria. Un federalismo solidario que nace de los derechos de los pueblos que se federan y huye del concepto de Autonomía, que no deja de ser una mera descentralización. El Federalismo exige el reconocimiento explícito de las Entidades Federales que constituyen la España Plural o Federal, de modo que las competencias de cada entidad federal, que deben ser similares entre sí, estén blindadas constitucionalmente, con igualdad de derechos y obligaciones con el resto de los pueblos del Estado, y estableciendo de forma detallada el reparto competencial entre las diferentes Administraciones (central, territorial y local), garantizando expresamente su autonomía.
Sin resolver el problema de Castilla, probablemente será imposible resolver el problema de España, y quien crea que los problemas específicos de Castilla: falta de identidad, dispersión, envejecimiento, ausencia de un modelo de desarrollo propio, despoblación, éxodo juvenil, etc… pueden resolverse con políticas generalistas, vengan del gobierno de España o de Bruselas, se equivoca rematadamente… como desgraciadamente llevamos décadas sufriendo.
