El Ayuntamiento de Valladolid está elaborando un nuevo Reglamento de Centros de Personas Mayores para “responder a los cambios sociales, al nuevo perfil de personas mayores, así como a la heterogeneidad que configura el colectivo”. La nueva regulación plantea “unos centros más abiertos, con una participación más directa y dinámica, dirigidos a toda la población mayor de 65 años, para la que se desarrolla una programación específica, guiada por este criterio de edad y por los intereses que muestre, independientemente de su situación laboral o personal”.
La reforma del reglamento persigue convertir los viejos ‘hogares del pensionista’ en centros para los ‘mayores del siglo XXI’, “porque ni los mayores de ahora son como los de antes ni tienen las mismas necesidades”, asegura la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero.
El cambio que se pretende, sin embargo, no convence al PP que considera que la reforma reglamentaria “va a causar un perjuicio a las personas mayores usuarias de los centros, al suprimir la figura de persona mayor socia con carnet”, ya que “se reduce de manera importante la representatividad y representación en los Consejos de Centros”.
En su crítica, el PP obvia que, según datos oficiales, en el último proceso más de 8.000 personas han solicitado el carnet de socio y ni siquiera lo han recogido, con el consiguiente gasto económico asociado, y que el sistema de elecciones no parece ser el más apropiado para invitar a la participación: En marzo de 2015, cuando todavía estaba al frente del Ayuntamiento el PP, se hicieron elecciones a los Consejos de Centros y participaron el 1,9% del censo electoral y en 4 de los 10 centros existentes, ni siquiera se logró completar el número de seis miembros del Consejo que señala el Reglamento. En uno de los centros, incluso, no se ha conseguido formalizar el Consejo de Centro por falta de candidatos. “Evidentemente es un proceso democrático que necesita revisión y propuestas de mejora”, asegura la concejala de Acción Social, Rafaela Romero que señala que “la participación propuesta ahora en los Centros de Personas Mayores es una participación efectiva de las personas que dan vida al Centro, que participan en sus actividades y que colaboran como voluntariado en el mismo. Además se potencia por la creación de grupos de trabajo atendiendo a los intereses de cada centro”.
El PP también critica que “el proyecto de reglamento convierte a los de Centros de Mayores en centros de carácter general”. “Las propuestas realizadas por el grupo municipal del Partido Popular siguen una pauta claramente inmovilista. Continúan viendo a los centros de mayores como los antiguos hogares del pensionista, cuando a la población a la que van destinados no tienen las características de las personas mayores de la generación anterior. Las personas mayores de la ciudad son personas activas, que realizan múltiples actividades, que tienen nuevos y diferentes intereses, por lo que el planteamiento que refleja el nuevo Reglamento es que cualquier persona mayor de 65 años pueda participar en un abanico de actividades que respondan a los mismos. Está superada la etapa de las grandes colas para tomar un chocolate, reivindicamos pensiones dignas para que cada uno lo tome cuando y con quien quiera, y las rifas de tostadoras. Nuestros mayores tienen que vivir también con acceso a la cultura y al ocio independientemente de su situación económica y en ellos estamos con la programación de actividades en el Centro cultural Miguel Delibes, el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine, etc.”, responde la concejala de Servicios Sociales.
El PP municipal critica también que “no haya un criterio único para los servicios, programas, actividades y horarios de todos los centros, así como para establecer unidades de estancias diurnas o no en los diferentes centros, una realidad que se incrementó sustancialmente con los sucesivos gobiernos del PP desde el año 1997, cuando se pasó de 20 a 120 plazas de estancias diurnas en el año 2015”.
Las limitaciones de la Ley Montoro impiden sin embargo, según Romero, que todos los centros dispongan de una unidad de estancias diurnas. “Nos encontramos con el límite de la Ley Montoro, que no facilita la apertura de nuevos servicios que no están recogidos como obligatorios para los Ayuntamientos y que supongan mayor gasto. Parece no recordar el Partido Popular que el Ayuntamiento de Valladolid gestiona 6 Estancias Diurnas y la Junta de Castilla y León 2 en la ciudad, siendo competencia suya el citado Servicio”.
