“Si la demanda del servicio de Ayuda a Domicilio continúa tal y como se prevé, y la Junta de Castilla y León no incrementa su financiación, además de alimentar la lista de espera, la única solución sería que la Junta pague una ‘prestación vinculada’ al servicio a las personas mayores dependientes que lo hayan solicitado, quienes, sin embargo, tendrán que contratar por su cuenta el servicio con el sector privado”.
Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, durante la presentación de una Moción para el próximo Pleno precisamente para instar a que la Junta de Castilla y León apueste por el servicio público de Ayuda a Domicilio.
Según Romero, el Ayuntamiento de Valladolid se ha visto obligado a incrementar en 340.000 euros la partida destinada a sufragar el servicio de Ayuda a Domicilio para poder atender la demanda, de forma que paga ya más de medio millón (545.000 euros) por encima de la cantidad que legalmente le corresponde, en total, 1.072.000 euros, en lugar de los 582.000 que debería de poner en el coste anual del servicio para 2016.
El motivo es la negativa de la Junta de Castilla y León a incrementar la financiación que dedica a esta prestación en Valladolid, (de cuyo coste la Ley le exige sufragar un 90%), a pesar del notable incremento en la demanda, que “lógicamente debería ir acompañado de un incremento de financiación”.
Sin embargo, ante la reciente incorporación a las prestaciones de dependencia de las personas con un “grado 1”, el más leve, y el importante incremento en la demanda del servicio, el porcentaje de financiación de la Junta (que no crece) ha caído al 82%, mientras que el Ayuntamiento, -apostando por el servicio público y obligado a rellenar el hueco que deja la Administración Autonómica en el coste-, ha subido su aportación al 18%, casi el doble.
El Ayuntamiento está atendiendo actualmente a 2.671 personas dependientes en el Servicio de Ayuda a Domicilio, con una media de horas mensuales de 48.163, pero la previsión es que más personas mayores dependientes soliciten el servicio durante este año, lo que lleva a la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, a temer que “no se va a llegar”, económicamente, para dar el servicio a todo el mundo y comenzará a crearse una lista de espera.
La concejala mantuvo un encuentro hace unos días con el gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que, sin embargo, no adquirió compromiso alguno para revisar la aportación de la Administración Autonómica.
La concejala de Servicios Sociales insistió en la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid por lo público, el único sistema que permite el control de calidad de la prestación y el control de las condiciones de los trabajadores por parte de la Administración.
En la moción que se elevará al próximo Pleno se le pedirá, precisamente, a la Junta de Castilla y León, que financie adecuadamente los servicios sociales municipales a través del “acuerdo marco”, evitando tener que derivar al sector privado a las personas dependientes que solicitan un servicio público.
Acusación del PP
Tras conocer el contenido de la rueda de prensa, el PP ha emitido un comunicado en el que acusa al equipo de Gobierno de “negarse a seguir la Ley de Dependencia aprobada en 2006 con el Partido Socialista en el Gobierno de la nación”.
Según el PP, “el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Valladolid, no quiere reconocer la prestación económica vinculada, como un derecho subjetivo reconocido en la Ley de Dependencia, como alternativa a las prestaciones o servicios que contempla la ley, y no sólo para la Ayuda a Domicilio”. “La prestación económica vinculada supone el pago a la persona dependiente de una prestación destinada a la cobertura de los gastos del servicio prestado por el sector privado. Permite que la persona dependiente “compre” el servicio en el mercado, muchas veces a las mismas empresas que prestan el servicio como gestión indirecta a los propios Ayuntamientos. Esta fórmula garantiza la misma calidad de servicio y protege la prestación del derecho. Esta es la otra forma que prevé la ley socialista de dar cobertura a las necesidades de las personas dependientes cuando la previsión económica no puede hacer frente a toda la demanda de forma inmediata”, sostienen los populares.
