El secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, ha cuestionado hoy que un juez emparentado con el presidente de la Junta, Juan Vicente Hererra y con claros vínculos con el PP vaya a ser el encargado de juzgar el caso de la alcoholemia positiva de la ex vicepresidenta, Rosa Valdeón, que dimitió de sus cargos pero continúa ocupando un escaño en las Cortes.
Las declaraciones realizadas hoy por el líder del Podemos en la Comunidad se producen días después de que eldiario.es desvelase que el magistrado Ignacio de las Rivas Aramburu, nacido en Donostia pero residente en Burgos, está casado con Rosario Campo, nacida en Irún, y prima de Juan Vicente Herrera, originario de Burgos. En la información también se daba cuenta de que De las Rivas Aramburu, que no es juez profesional, accedió a la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en 2006 a través del turno de juristas de reconocido prestigio de la terna remitida por las Cortes de Castilla y León (gobernadas entonces por el PP con mayoría absoluta) al Consejo General del Poder Judicial, que es quien mediante votación, decide (Artículo 330.4 LOPJ).
En la información adelantada por eldiario.es se apuntaba también que os lazos de De las Rivas y Herrera han pasado inadvertidos durante diez años, aunque como magistrado ha firmado, por ejemplo, el archivo de la causa Gürtel en Castilla y León.
“El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en contra de la Fiscalía Anticorrupción, archivó la causa contra el entonces consejero José Manuel Fernández Santiago, alias Toti, y que aparecía en los apuntes de Correa como perceptor de más 70.000 euros. Los motivos eran que el presunto delito de cohecho ya habría prescrito y que el presunto delito de prevaricación no habría quedado probado. El auto estaba fechado en abril de 2012. Tan sólo hace unas semanas, durante la celebración del juicio Gürtel, la fiscal preguntó a Francisco Correa por las iniciales T.O. "Era un consejero de la Junta, Tomás, creo", recordó. Pero la fiscal le mencionó a Fernández Santiago. "Correcto", admitió Correa”, indicó el digital en la noticia publicada el pasado día 10.
Hoy, Pablo Fernández, que ha comenzado su intervención con un irónico recuerdo a Montesquieu y la separación de poderes, ha dejado claro que “la Justicia no solo debe ser independiente, sino también parecerlo”.
“El hecho de que el magistrado sea una persona que debe su puesto a estar designado por el PP y que además tiene vínculos de parentesco con el presidente de la Junta quizás no es lo más conveniente. No tengo dudas de su imparcialidad y su profesionalidad. Tampoco tengo dudas de que este asunto le ha llegado por una vía absolutamente legal y adecuándose a todos los reglamentos. Estoy seguro de que es una casualidad. Pero dentro de esta casualidad hay una causalidad y es que este magistrado está propuesto por el PP y tiene ese vínculo de parentesco. No voy a entrar en la inhibición, pero consideramos que esta apariencia de imparcialidad puede ponerse en entredicho por personas suspicaces. Nos parece extraño que haya tanta vinculación entre el PP y este magistrado. Lo más conveniente para todo el mundo y más para la propia Rosa Valdeón, lo deseable es que fuera otro juez el que llevara esta causa”, ha indicado Fernández.
Para el secretario regional de Podemos “lo ideal sería que el propio magistrado se inhibiese” y que “se pronunciase alguien del PP” sobre este caso.
“No descartamos la recusación porque jurídicamente se puede solicitar. No es descabellado. Del nombramiento del magistrado, nada que decir, es legal, pero sí que consideramos que la apariencia de imparcialidad no se da”, concluyó Fernández.
“Verdadera despolitización de la Justicia”
Ciudadanos también se ha pronunciado sobre este caso. A través de una nota de prensa, reclama una efectiva despolitización de la justicia para evitar que puedan acontecer situaciones como la descrita.
Ciudadanos considera “indispensable la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”, y reclama “asegurar que sean el mérito y la capacidad, así como la ausencia de discrecionalidad, la que marque los nombramientos de jueces y magistrados”.
Para C’s, todas las plazas del Poder judicial y, en particular, la de los altos cargos, se deberían cubrir por concurso y con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad, como “única manera de alejar de la justicia los tentáculos políticos que han conllevado el mal funcionamiento del sistema y la enésima pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
