Al igual que ya ocurrió con Aguas de Valladolid, la Justicia cierra ahora el paso al Ministerio de Hacienda al desestimar su petición de paralización de remunicipalización del servicio de abastecimiento y depuración de aguas en Valladolid. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dictado un auto por el que desestima las pretensiones del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro y que en su petición hacía suyos argumentos claramente favorables a la empresa concesionaria en contra de la decisión democráticamente adoptada en el Ayuntamiento con todos los informes favorables.
En su fallo, muy similar al que sirvió para desestimar las pretensiones de la empresa concesionaria Agualid, aunque si cabe más contundente, el juez deja claro que “la titularidad municipal de los servicios comprende la potestad de decidir sobre la forma en la que han de gestionarse los mismos”.
“La entidad actual concesionaria del servicio, no tiene ningún derecho pleno a continuar gestionando el mismo hasta tanto se asume la gestión por otro sujeto diferente dado que los contratos actualmente vigentes se extinguen por cumplimiento,al haber transcurrido el plazo de duración, y no por resolución”, se dice en el auto.
También descarta argumentos utilizados por el Ministerio para, soprendentemente, defender la posición de la empresa concesionaria: “La posición en la que queda Aguas de Valladolid, S.A en el mercado, según se pone de manifiesto en el escrito de solicitud de la medida cautelar, no resulta de la ejecución de los acuerdos recurridos sino de la extinción por cumplimiento del plazo de los contratos de concesión actualmente vigentes”.
Además se pronuncia sobre los efectos de la asunción del personal: “La ejecución de los acuerdos impugnados no producen un efecto directo sobre la subrogación del personal en cuanto que no se adopta ninguna decisión sobre esa subrogación resultando que la misma es consecuencia de la extinción de los contratos de concesión”.
El juez va más allá al apuntar que “hay que señalar que las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento hasta la fecha, así como las que se lleven a cabo hasta el día 30 de junio de 2017, permiten entender, de manera razonable, que se va a producir una continuidad en la prestación del servicio sin que el cambio de gestión acordada tenga porqué afectar negativamente a esa prestación y ello dejando a salvo los desajustes iniciales, que no tiene porqué considerarse insuperables”.
“A lo anterior hay que añadir que la asunción directa del servicio aborda la solución a aplicar al problema detectado respecto a las inversiones a realizar en las instalaciones y a la forma de gestionar las tasas que deben abonar los usuarios del servicio. La continuidad de la entidad anterior en la prestación del servicio no asegura la aplicación de una solución a estos problemas”, sostiene en su auto el juez, donde también deja claro que “además del interés del usuario del servicio está el interés de la Corporación Local de poder elegir el modo de gestión de los servicios de los que es titular”.
“El interés público al que se ha hecho referencia no se ve mermado por el hecho de que el Ayuntamiento deje de percibir 6,5 millones de euros anuales. El informe del Interventor General señala que esa minoración de ingresos no afecta a la regla de gasto a lo que hay que añadir que del contenido de la Memoria aprobada no puede deducirse que esa minoración de ingresos suponga una pérdida de ‘rentabilidad’ en la prestación del servicio en cuanto que en dicha Memoria se señala que la gestión directa produce una mayor rentabilidad que la indirecta”, concluye para denegar la medida cautelar de suspensión de los acuerdos de remunicipalización adoptados por el Ayuntamiento.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, que ha participado en las jornadas sobre 'La gestión de los servicios públicos', organizadas por Ebrópolis y el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto como ejemplo la gestión para devolver el agua pública a la ciudad y las dificultades que presentan las restricciones a la tasa de reposición, quedando jubilaciones sin cubrir a pesar de que exista presupuesto para ello. “Aunque vivimos restricciones y problemas, también hay oportunidades. Muestra de ello es devolver la gestión pública del agua, servicio esencial básico, con informes favorables a nivel de eficiencia. Es algo tan sencillo como que cuando no hay que compartir los beneficios con la empresa privada, se puede reinvertir en la red y cerrar el ciclo”.
Contenido relacionado:
- Auto que rechaza las medidas cautelares solicitadas por Agualid
- Auto que rechaza las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio
Noticias relacionadas:
Valladolid gana el primer asalto judicial por la remunicipalización del agua
