Los mismos servicios jurídicos municipales que dirigió durante 20 años son los que ahora han firmado un escrito de acusación contra el ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en los que solicitan para él una pena de 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en el denominado caso comfort letter, la carta de conformidad que firmó por su cuenta y riesgo, sin los informes preceptivos y sin conocimiento del pleno para avalar la operación ferroviaria de soterramiento que no ha llegado a ver la luz.
Para sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, que aún sigue formando parte de la bancada popular en el salón de plenos, el Ayuntamiento de Valladolid solicita condenas de inhabilitación por espacio de siete años como presuntos autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.
En el escrito de acusación al que ha tenido acceso últimoCero, los servicios jurídicos municipales señalan que De la Riva firmó tres Cartas de Conformidad (2008, 2010 y 2011), documentos administrativos que con la naturaleza jurídica de un aval, comprometieron, solo la última de ellas, con cien millones de euros (un 25 % del crédito solicitado) de las arcas municipales por si la Sociedad Valladolid Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a las seis entidades bancarias.
“La ‘arbitrariedad de la resolución’, se manifiesta en la omisión de todos los trámites esenciales del procedimiento (no hubo expediente tramitado por la Concejalía de Hacienda, ni informe del interventor municipal, ni autorización de la Junta de Castilla y León, ni aprobación del Pleno Municipal), además del propio contenido de la Carta que no pudo ser firmada por no poder asumirse el compromiso para las arcas municipales que implicaba”, se señala.
“Entendemos que el señor de la Riva cometió el delito de prevaricación porque sabía que para poder firmar un aval tenía que haber iniciado un procedimiento que incluía obtener el informe del interventor municipal, haber solicitado la autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y haberlo sometido al Pleno del Ayuntamiento, y a pesar de conocer los trámites legales que debía realizar y no hizo, firmó el documento. Y tenía que conocerlos porque de septiembre a diciembre de 2010 se tramitaron, desde la Concejalía de Hacienda de la que era concejal el Sr. Blanco, cuatro operaciones de crédito cumpliendo todos esos requisitos”, se deja claro en el escrito en el que se subraya que “como alcalde sabía que por la deuda viva que soportaba el Ayuntamiento en enero de 2011 no podía haber firmado un documento que avalase 100 millones de euros”.
En cuanto al delito de falsedad, el Ayuntamiento señala las afirmaciones que ncluyen las propias cartas de conformidad: “Las declaraciones transcritas evidencian la falsedad contenida en ellas ya que afirma que se han alcanzado los acuerdos y se han obtenido las autorizaciones necesarias para la firma de ese documento cuando no fue así”.
En cuanto al ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, que sigue siendo edil en las filas del PP, el Ayuntamiento entiende que “cometió el delito de prevaricación por omisión ya que conoció, desde 2008, que las seis entidades bancarias exigían que cada uno de los socios firmase una Carta de Conformidad para avalar con su patrimonio público el posible incumplimiento de la devolución del préstamo por la Sociedad”.
“Por su condición de Concejal de Hacienda, conocía el procedimiento para haber tramitado un crédito, porque acababa de tramitar cuatro en los últimos tres meses, y porque sabía que con la deuda viva del Ayuntamiento no se podía haber firmado esa Carta y de haberlo hecho se hubiese tenido que tramitar, por su concejalía un expediente, que incluía obtener un informe favorable de la intervención municipal, autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León aprobación por el Pleno Municipal. Es decir que por su condición de autoridad con las competencias en la materia, tuvo la obligación legal de actuar, ésta era materialmente posible y a pesar de ello, no lo hizo”, sostienen los servicios jurídicos municipales.
Para el ex concejal de Urbanismo, Manuel Sánchez, se pide idéntica pena por delito de prevaricación pasiva o por omisión, “ya que conoció que las seis entidades bancarias exigían que cada uno de los socios firmasen las tres Cartas de Conformidad (por cada una de las tres operaciones de crédito) para avalar con su patrimonio el posible incumplimiento de la devolución del préstamo por la Sociedad, había participado como Concejal en el Pleno que aprobó las cuatro operaciones de crédito de finales de 2010 y a pesar de ello y de que era su obligación como autoridad municipal, no se opuso a la firma de esas Cartas de Conformidad”.
