Ni piscinas flotantes, ni tranvías, ni promesas parecidas. El presupuesto municipal de 2018, último año completo de la legislatura, no incluirá ‘inversiones estrella’ como reclamo de cara a las elecciones municipales de 2019, pero sí que confirmará la apuesta del actual equipo de Gobierno municipal por el apoyo a las políticas sociales y el mantenimiento de servicios básicos municipales. Así lo ha desvelado esta mañana el concejal de Hacienda, Antonio Gato, al término de la primera reunión preparatoria de las cuentas del año que viene que rondarán los 330 millones de euros.
El presupuesto municipal propiamente dicho (sin incluir los organismos públicos) ascenderá a 268 millones, 3,5 millones más que el pasado ejercicio, lo que representa un crecimiento del 1,3%. Sin embargo, el capítulo de inversiones rondará los 33 millones, 3 menos que el año pasado.
“Hay un incremento en áreas de Medio Ambiente y Servicios Sociales y ese incremento del gasto corriente nos obliga a reducir inversión”, ha reconocido Gato, que hoy ha recibido las peticiones de gasto e inversión de todas las áreas municipales. “Autobuses y viviendas sociales, es también una imagen de marca del nuevo Ayuntamiento. Un ejemplo de política social. La renovación flota es algo muy importante y muy necesario y hay que recordar que ya hay presupuesto propio de la Empresa Pública del Agua, que implica dejar de ingresar 5 millones que, aunque no se pierden, no pueden dedicarse a inversiones”, ha señalado.
“Vamos a intentar mejorar este escenario. Hay muchas peticiones de las distintas áreas. Y mucha inversión obligatoria, ya contratada y mantenimiento que hay que realizar” ha indicado Gato antes de apuntar que “un tercio del presupuesto de inversiones ya está comprometido”.
“Nos queda muy poco margen para la nueva inversión: 4 millones para presupuestos participativos. Inversiones por venta de suelo 8 millones, otros 5 millones para comprar autobuses…”, ha enumerado el concejal de Hacienda para poner sobre la mesa el estrecho margen de maniobra existente con las limitaciones que impone la Ley Montoro y que, en caso de no existir, “permitiría al Ayuntamiento acometer inversiones por un importe global de 130 millones de euros”.
En esta primera reunión de contacto para ir montando el que será escenario presupuestario definitivo, no se ha entrado a valorar la oferta pública de empleo para el año que viene, pero sí que se ha esbozado la posibilidad de contemplar una partida para incremento salarial de la nómina de funcionarios municipales, a pesar de que el Gobierno ya ha remitido a Bruselas una propuesta de presupuestos generales que no contempla subida alguna.
