La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos interpuestos por el ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva y los concejales populares Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (todavía con acta de concejal) en el caso 'Comfort letters'.
"Por lo que al fondo del asunto se refiere, en contra de lo que se indica en los mencionados recursos, y como ya ha expuesto esta Sala en multitud de ocasiones, no es este el momento de analizar si se cuenta o no con pruebas suficientes para el dictado de una Sentencia condenatoria contra los recurrentes, es decir, no es el momento de realizar una valoración de las pruebas, las cuales sólo pueden tener dicha condición, respecto de las practicadas en el acto del juicio oral. En principio, de los datos aportados a la causa, de las investigaciones realizadas, sí se cuenta con elementos bastantes, indicios racionales, de que los recurrentes, pudieron haber participado en los hechos que se les imputan, dado que así se desprende fundamentalmente de las declaraciones de los propios imputados, testigos y documental aportada a la causa", señala textualmente la Audiencia en el auto que confirma la imputación y sentará en el banquillo al ex alcalde y los concejales del PP.
Según el tribunal, "los argumentos defensivos y autoexculpatorios, habrán de hacerse valer por los imputados en el acto del Juicio Oral, sin que el auto recurrido prejuzgue la causa, ni cause indefensión a la parte, que ha podido defenderse a lo largo de la instrucción y que podrá defenderse igualmente, con igualdad de armas, en el Juicio Oral, proponiendo las diligencias de prueba que estimen oportunas".
La Fiscalía solicita para el ex alcalde del PP en Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, 9 años de cárcel y 33 de inhabilitación en el caso comfort letter, las cartas de conformidad que firmó a los bancos del soterramiento por su cuenta y riesgo, sin los informes preceptivos y de espaldas al pleno municipal y que implicaban asumir una deuda de 100 millones de euros a las arcas municipales.
En su calificación, el Ministerio público solicita tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal como autor de otros tantos delitos de prevaricación, así como otras tres penas de tres años de prisión e inhabilitación especial, por otros tantos delitos de falsificación documental.
En el caso del concejal del PP Alfredo Blanco, ex responsable de la Concejalía de Hacienda, se piden 3 penas de ocho años de inhabilitación por prevaricación, idéntica condena que se solicita para el ex concejal de Urbanismo, Manuel Sánchez.
Según se hace constar en el escrito de Fiscalía, “los tres acusados, dos de los cuáles (Francisco Javier León de la Riva, y Alfredo Blanco Montero) (...) dieron su voto favorable a la suscripción de la línea de crédito, con las condiciones impuestas por el consorcio bancario, de las que eran conocedores, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que, para la Corporación podían derivarse de la entidad de la garantía económica que se estaba asumiendo, como de los anteriores créditos y, en su condición de alcalde-presidente y concejales de Hacienda, y de Movilidad y Planificación, respectivamente, actuaron una vez más a espaldas de los órganos municipales competentes”, al no haber solicitado para la firma de las tres cartas de conformidad que se discuten ninguno de los informes preceptivos.
La clave está en que cuando se firmó la última de las comfort letters, el Ayuntamiento “no tenía capacidad financiera para concertar lo que, en realidad, no era sino un aval por importe de 100 millones de euros, en cuya aceptación se omitió, como en los dos anteriores, el preceptivo informe de la Intervención, que debía analizar- especialmente- la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones derivadas de esta operación que, con naturaleza de contrato de fianza y, atendida su cuantía, tenía que haber sido concertada por el Pleno del Ayuntamiento, y necesitaba de la autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma”.
Por su parte, los mismos servicios jurídicos municipales que dirigió durante 20 años son los que ahora han firmado un escrito de acusación contra el ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en los que solicitan para él una pena de 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación por prevaricación y falsedad. Para sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, que aún sigue formando parte de la bancada popular en el salón de plenos, el Ayuntamiento de Valladolid solicita condenas de inhabilitación por espacio de siete años como presuntos autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.
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El acólito del gran jiestor, el tal Alfredo Blanco tiene la jeta de uranio enrriquecido.