El PSOE ha hecho públicas hoy sus conclusiones sobre el contrato de 390.000 euros para la implantación de un Portal del Empleado que nunca llegó a ponerse en marcha: “A falta de conceptualizar jurídicamente, si procediera, las irregularidades advertidas, la responsabilidad política de las mismas recae necesariamente en los concejales delegados de las Áreas implicadas. Principalmente en el titular del Área responsable del proyecto, el Sr. Enríquez Tauler, pero también en el del Área “usuaria”, el Sr. Blanco Montero”.
Este contrato, que ha sido objeto de análisis en el seno de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control de la contratación que preside el propio concejal del PP, Jesús Enríquez, está plagado de irregularidades, según ha explicado el PSOE en un informe que señala siete puntos clave.
El primero de ellos es que el objeto del contrato no se cumplió, ya que el objeto del contrato era: “Adquisición, desarrollo, implantación y puesta en producción del portal del empleado del Ayuntamiento de Valladolid” y “por tanto, no contemplaba solo la adquisición de una herramienta, sino también la puesta en marcha de un servicio, de ahí su naturaleza mixta”.
Otra de las circunstancias apuntadas es que “el expediente estaba incompleto”. Y prueba de ello, según el PSOE es que “en mayo de 2017 el Área de Hacienda, Función Pública y Promoción económica aporta un informe relevante firmado por el Director del Departamento de Personal el 20 de mayo de 2008 que no figuraba en el Expediente 41/2005”.
Además, “las condiciones exigidas en los pliegos del contrato tampoco fueron seguidas” y “el proyecto se aceptó sin haberse cumplido el objeto del contrato”. Según se indica en el informe, “a pesar del manifiesto incumplimiento del objeto del contrato, no hay constancia documental de que el Área responsable del proyecto se planteara la modificación, suspensión o resolución del mismo en ningún momento, si bien el ex concejal de área usuaria, Sr. Blanco, declaró a la Comisión que “Hacienda propuso resolver el contrato pero la decisión dependía de otro área”.
A pesar de todo, “al contratista se le abonó el precio convenido pero no por la prestación realizada en los términos establecidos en el contrato y los pliegos de la licitación” y, además, “el Ayuntamiento aceptó el cobro de una subvención por la implantación del Portal del Empleado a sabiendas de que el objeto del contrato no se había cumplido”. “A instancia del Área responsable del proyecto, el alcalde solicitó tres prórrogas al Ministerio de Administraciones Públicas para poder cobrar la subvención de 184.000 €, siendo todas ellas concedidas. La primera hasta el 31-3-2008, la segunda hasta el 30-9-2008 y la tercera hasta el 31-7-2009”, se apunta antes de indicar que “la concejalía responsable del contrato es la de Desarrollo Sostenible, tecnologías avanzadas y coordinación territorial, mientras que la de Hacienda y Función Pública es la usuaria”.
De ahí que el PSOE reclame responsabilidades políticas a ambos concejales del PP (ex concejal en el caso de Alfredo Blanco, que dimitió a raíz de su procesamiento en el caso confort letters). “Ambos tienen responsabilidad en el hecho de que sus Áreas aceptaran un proyecto fallido, condicionando el cumplimiento del contrato a actuaciones posteriores que jamás se produjeron ni tampoco impulsaron, ya fuera mediante la migración (según Personal) o ya fuera mediante decisión de poner en producción (según Informática)”.
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