Javier León de la Riva, con su abogado, camino de los juzgados para prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva, con su abogado, camino de los juzgados para prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés

Los próximos días 3, 4 y 5 de julio, el ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, que gobernó 20 años Valladolid volverá a experimentar la sensación de sentarse en el banquillo de los acusados, según ha informado hoy el TSJ. Ya condenado por desobediencia, en esta ocasión, frente al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial será juzgado por la comisión de tres presuntos delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental. Ese día, y los dos siguientes, han sido los fijados por el tribunal para la vista oral el denominado caso 'comfort letters', las cartas de conformidad que el ex alcalde firmó por su cuenta y riesgo, sin acuerdo de pleno, para avalar el crédito de la fallida operación del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. El juicio, previsto inicialmente para esta semana, ha sido aplazado a petición del letrado del principal acusado alegando enfermedad.

En el banquillo no estará solo. Junto a él se sentarán sus ex concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco. Para Javier León de la Riva el Ministerio Público solicita una condena global de 9 años de cárcel y 24 años de inhabilitación. Para los ex concejales la petición, por tres delitos de prevaricación, se eleva hasta los 24 años de inhabilitación.

Según se hace constar en el escrito de acusación de la Fiscalía, “los tres acusados, dos de los cuáles (Francisco Javier León de la Riva, y Alfredo Blanco Montero) (...) dieron su voto favorable a la suscripción de la línea de crédito, con las condiciones impuestas por el consorcio bancario, de las que eran conocedores, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que, para la Corporación podían derivarse de la entidad de la garantía económica que se estaba asumiendo, como de los anteriores créditos y, en su condición de alcalde-presidente y concejales de Hacienda, y de Movilidad y Planificación, respectivamente, actuaron una vez más a espaldas de los órganos municipales competentes”, al no haber solicitado para la firma de las tres cartas de conformidad que se discuten ninguno de los informes preceptivos.

La sección cuarta de la Audiencia, ya rechazó los recursos presentados por los acusados haciendo constar en su auto que "en principio, de los datos aportados a la causa, de las investigaciones realizadas, sí se cuenta con elementos bastantes, indicios racionales, de que los recurrentes, pudieron haber participado en los hechos que se les imputan, dado que así se desprende fundamentalmente de las declaraciones de los propios imputados, testigos y documental aportada a la causa".


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