“Las encomiendas de gestión = corrupción”. Este es el texto de la pancarta que hoy han sujetado los procuradores de la oposición a las puertas de las Cortes junto a los funcionarios de la Plataforma en Defensa de lo Público, que han sido azuzados por los empleados públicos para que pongan coto a su utilización.
En concreto, los funcionarios han solicitado a los políticos que pidan al Consejo de Cuentas (que ha realizado un informe sobre las encomiendas de gestión referido al ejercicio 2013, publicado por últimoCero el pasado 23 de marzo) que haga un segundo informe en el que “valore las consecuencias económicas de su mala utilización”, ya que “los más de 40 millones de euros de los contratos analizados podrían ser irregulares o ilegales”, ha explicado el portavoz del colectivo, Quinidio Martínez.
Además, los funcionarios quieren que los procuradores fuercen la elaboración de otro informe, en este caso referido a los años 2014 y 2015, para que se revisen “una a una” todas las encomiendas firmadas, ya que “si no están fundamentadas, el consejero que las propone es un chorizo”.
“Os tenéis que poner muy serios con esto, porque si no las Cortes serán cómplices de los que está pasando”, les dijo.
Según el informe de 2013 que ya ha sido entregado a las Cortes, el Consejo de Cuentas opina que “la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico de Castilla y León, regulada en la legislación de contratación pública, no se realiza con los procedimientos ni para las finalidades previstos por la normativa aplicable”.
Así, entiende que “no se realiza una adecuada planificación en esta materia, en base a unos criterios preestablecidos y bajo los principios que informan la gestión pública, sino a decisiones puntuales de cada órgano gestor, conforme a criterios de oportunidad que no han podido ser determinados” y que “tampoco se justifica el recurso a la encomienda como forma de gestión pública más adecuada a las necesidades planteadas, utilizándose, en ocasiones, para paliar carencias materiales o de personal de carácter estructural”.
El Consejo de Cuentas considera que muchas de las entidades que se benefician de esta fórmula de contratación “carecen de la capacidad y los recursos necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos, lo que implica de hecho, la necesidad de contratar las prestaciones a terceros, en detrimento de la gestión directa indiferenciada o de la contratación administrativa”. Esta práctica, según el Consejo de Cuentas, “pone en duda la justificación de la propia encomienda, al actuar las entidades encomendatarias como meras intermediarias y no aportar ningún valor añadido a la prestación”.
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