La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, antes de presentar el Plan de Vivienda. Foto: Carlos Arranz
La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, antes de presentar el Plan de Vivienda. Foto: Carlos Arranz

El nuevo Plan de Vivienda Municipal, con vigencia hasta 2019, pone corazón a los ladrillos. Al menos es lo que destila el documento presentado hoy a los medios en el que el derecho a la vivienda, en todas sus vertientes sociales, centra el nuevo Plan, enfocado a garantizar los parámetros fundamentales de la Observación General número 4 que define el Comité Europeo de los Derechos económicos y sociales: seguridad jurídica en la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras indispensables (agua, luz, etc), que los gastos de la vivienda sean soportables para el núcleo familiar, la habitabilidad, la accesibilidad, una conveniente ubicación que permita el acceso a puestos de trabajo, escuelas o centros de salud y una adecuación cultural.

La política del "derecho a la vivienda" que el Ayuntamiento aplicará, por tanto, explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, responde a las exigencias de esa cuarta Observación General, con la vista puesta en los compromisos del equipo de Gobierno, y acometiendo tareas que ya se han ido dibujando en el año y medio de mandato, o bien incidir en otras ya en marcha.

Así, señaló como fundamentales la atención desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la mediación en el impago de alquileres, las ayudas de emergencia (500.000 euros presupuestados) y las de pobreza energética, convenios con entidades financieras para impedir el "lanzamiento" de las familias por impago, y la incorporación al parque municipal de viviendas objeto de desahucio.

En este sentido, señaló, actualmente, en Valladolid hay más de 4.500 viviendas en venta, más otras 7.700 en el alfoz, según datos de la web Idealista.com, mientras que, según los datos de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, VIVA, de las 411 personas inscritas en el listado del Protocolo para la selección de arrendatarios de viviendas de promoción pública, tan sólo el 30% tenían rentas comprendidas entre los 1.550 y los 2.500 euros, mientras que el 70% restante tenían ingresos inferiores a 1.000, y de ellos, más de la mitad, inferiores a 600 euros.

Saravia mostró un plano de la ciudad en el que se habían señalado específicamente las zonas calificadas como "barrios vulnerables", -espacios urbanos en los que existe un alto porcentaje de población mayor de 75 años, o mayores de 65 que viven solos, muchas personas sin estudios, viviendas con superficie inferior a 50 metros cuadrados, o de más de 40 de antigüedad-, algunas de las cuales se referían en concreto a una manzana de edificaciones, o incluso, en casos, menos de una manzana; en definitiva, lugares donde las condiciones de la vivienda no alcanzan los mínimos que deberían garantizarse.

Mientras tanto, en el mapa de la infravivienda, según un estudio de la Concejalía de Servicios Sociales, figuran zonas como la Cuesta de la Maruquesa, la zona del Esgueva en Barrio España y San Pedro Regalado, la calle La Flor, en Las Flores, algunas de Pajarillos -además del Polígono 29 de Octubre-, caminos de Hornijos, Valdezoño, Lagar de Hoyos y Viejo del Polvorín, cañada de Fuente Amarga, Las Viudas y Aramburu, algunas de Delicias como Caamaño, Juana Jugán, y también algunas de Zona Centro y Cañada Real.

El Plan estudia la solución para estas zonas y la mejora de vida de las personas residentes en ellas, que varían desde la rehabilitación al realojo, siempre actuando de forma íntegra, no sólo sobre el problema estructural, sino también sobre la problemática social y el apoyo municipal a esos vecindarios especialmente vulnerables.

Parque público

Saravia también destacó la necesaria y estrecha colaboración entre las Concejalías de Urbanismo y Servicios Sociales, que se proponen trabajar conjuntamente para fijar la atención prioritaria de este Plan en la parte más débil de la sociedad.

Así, plantean la creación de un Parque público de alquiler social (que denominó "Viviendas blancas") con un crecimiento estimado de 50 al año, la actuación urgente sobre la infravivienda, el chabolismo y el hacinamiento existente (empezando por las zonas de la calle La Flor y Juana Jugán), y el objetivo de garantizar el acceso a viviendas de unidades familiares con ingresos precarios o provenientes de desahucios.

La Mesa de la Vivienda

El concejal de Urbanismo anunció la creación de una Mesa de la Vivienda, de la que formarían parte VIVA, las áreas municipales de Urbanismo y Servicios Sociales, los grupos municipales, la Junta de Castilla y León, representantes de organizaciones sociales, la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) y Stop Desahucios, representantes de Cáritas y Cruz Roja, así como otras ONGs, colegios profesionales y APIs y otras entidades sociales por definir.

Asimismo, se mostró partidario de la puesta en marcha de una Oficina Única que centralice la información sobre vivienda, para evitar la peregrinación de los interesados por múltiples ventanillas, en la que se unifiquen los protocolos de selección de adquirientes y arrendatarios de viviendas, tanto nuevas como usadas, el Registro Público de Demandantes de vivienda de Castilla y León o la Carta de Servicios.

Por último, propuso la renovación y ampliación del Convenio específico de Colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento para la gestión coordinada de la información en materia de vivienda.

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