“Por razones humanas, puesto que nadie puede imponer a una familia que no atienda a sus seres queridos, máxime cuando son menores. Porque la atención no sólo son cuidados sanitarios, también es afecto. Porque no hay centros que puedan prestar servicios a todos los tipos de discapacidades que existen, fundamentalmente cuando se trata de enfermedades raras y porque en Castilla y León en el ámbito rural, donde vive la mitad de la población, la única posibilidad de atender a una persona dependiente es con cuidados en su entorno familiar”.
Así de claro y con cifras en la mano hablan los cuidadores familiares de grandes dependientes integrados en la Asociación de Ayuda a la Dependencia, coincidiendo con el X aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, convencidos de que la prestación por cuidados en el entorno familiar, “es la más adecuada para atender a un amplio colectivo de personas con discapacidad que no pueden acceder a otras prestaciones o servicios, fundamentalmente en el caso de los menores”.
Por eso siguen reclamando al Gobierno de España y al de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: “Que se restablezcan las cotizaciones a la seguridad social para las personas cuidadoras de familiares dependientes y se recuperen las prestaciones económicas que en origen contemplaba la Ley de Dependencia y que han sido recortadas”.
Cuando en 2012 el PP aplicó los recortes a la Ley de Dependencia puso la lupa sobre los cuidados en el entorno familiar: recortó el 15% de las prestaciones económicas y les quitó la cotización a la Seguridad Social. Estos recortes se incrementaron en Castilla y León, llegando a reducirse entre un 40% a los menores y hasta el 90% a las personas mayores. “La Junta ha hecho una apuesta clara por la prestación económica destinada a la compra de un servicio, frente a la prestación de cuidados en el entorno familiar”, consideran.
En Castilla y León 24.287 personas en situación de dependencia están atendidas en su entorno familiar, de un total de 84.963 personas dependientes. El 29%. Una de cada tres personas dependientes en Castilla y León son atendidas por sus familiares.
“¿Cómo se explica que después de 5 años de recortes sigan siendo atendidas una de cada tres personas dependientes en Castilla y León por sus familiares? Porque la realidad es que las personas cuidadoras familiares son necesarias. La Junta podrá hacer los recortes que quiera, pero la realidad es que siempre habrá personas que necesiten ser atendidas en su entorno familiar”, han explicado esta mañana Marta del Valle y Esmeralda Tejero, presidenta y secretaria de la Asociación de Ayuda a la Dependencia.
“La Ley de Dependencia sacó a la luz una realidad que estaba oculta detrás del sacrificio de muchas familias, fundamentalmente mujeres que no tenían ningún tipo de compensación por el sacrificio que realizaban. El PP, el partido que presume de defender a las familias, es quien más daño ha hecho a los cuidados en el entorno familiar”, explican antes de describir una descarnada situación: “La persona cuidadora familiar para atender a la persona dependiente, se ve obligada a dejar su trabajo, lo que supone una importa reducción de ingresos en la familia, a lo que hay que sumar el coste d elos tratamientos, material ortoprotésico, medicinas, alimentación especial y un largo etcétera. Un estudio de FEAPS cifró en 30.000 euros el coste anual que para una familia supone que uno de sus miembros sea una persona con discapacidad grave”.
Ante este desolador panorama, la Asociación de Ayuda a la Dependencia, conscientes de que ‘un cuidador equivale a dos vidas’ (es su lema de campaña), exigen que se restablezcan las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas cuidadoras de familiares dependientes, que se recuperen las prestaciones económicas que en origen contemplaba la Ley de Dependencia y que han sido “cruelmente” recortadas y que se facilite al menor dependiente una cartilla de la Seguridad Social específica para que el pago de las medicinas que necesitan tenga el mismo tratamiento que para los pensionistas.
