Lejos de ver en ello un avance, cada vez más jueces, sindicatos y partidos políticos de la oposición ven en la medida acordada por el Ministerio de Justicia para implantar juzgados específicos para cláusulas suelo, un retroceso, una pura medida “propagandística y demagógica” que implica “una involución de la Justicia de proximidad que en Castilla y León perjudica al medio rural” y que, por si fuera poco, “colapsará de forma inmediata” los juzgados ‘agraciados’.
“Con este remiendo se obliga a toda la provincia a venir a litigar a Valladolid, y así en toda España, es decir, el consumidor se ve perjudicado frente al banco y, sin modificar la Ley de Planta Judicial, ni la LOPJ, se cambian competencias, se modifica competencia territorial, se crea un órgano, se saltan a la torera el juez predeterminado por la ley, se llega a la discrecionalidad absoluta en la selección del órgano como en la designación de quién haya de ocuparse de dichos asuntos, y mientras, tenemos que aguantar oír que se preocupan por nosotros…”, es el resumen que hacen cada vez más jueces convencidos de que la decisión de la creación de estos órganos ha sido del Ministerio, no del CGPJ, que se ha limitado a hacer "lo que le mandaban".
Pero si hay duras críticas sobre la gestación de este “remiendo”, no lo son menos las que conciernen a su ‘alumbramiento’: “El criterio objetivo de selección de juzgados se ha mantenido en secreto, en teoría se ha ‘premiado’ al juzgado que menor retraso tenía en cada capital de provincia, es decir, el juez puede haberse esforzado por tener su juzgado en la mejor ratio del partido judicial y ahora se ve con una avalancha de asuntos durante siete meses en exclusiva”.
Aunque las fuentes jurídicas consultadas por últimoCero indican que “no hay estadísticas fiables de lo que puede suponer”, sí que señalan que “los juzgados de Primera Instancia calculan que, alrededor de un 50-60 % de los asuntos que terminan por sentencia pueden corresponderse con todos estos tipos de procedimientos, es decir, es el colapso inmediato del juzgado”.
Las críticas también hacen referencia a los “refuerzos”: “Para ‘tranquilizar’ al titular del órgano, éste no se va a encargar de tramitar dichos procedimientos, sino que se ha optado por la genial idea de ‘adscribir un refuerzo temporal en la medida de las necesidades’ para que se encargue de ello con algún funcionario adicional, inicialmente, y hasta diciembre, operaría como un juzgado bis del original, lo que pase a partir de diciembre, si se decide cerrar el refuerzo es que todo el trabajo pendiente, sobre todo las ejecuciones de esos cientos de sentencias, queden en el juzgado premiado". “¿Qué ha pensado el CGPJ para ese refuerzo? Adscribir a personas que no tienen la condición de juez para su resolución, 15 alumnos de la escuela judicial, en periodo de prácticas, y pendientes de ser aprobados o no, es decir, susceptibles de dejarse influir para no perder puestos en la clasificación, obtener mejores notas o no ser mal puntuados, pueden verse diariamente controlados tanto por el CGPJ en el número de juicios, sentencias, retraso, sentido de sus decisiones, como por el Presidente del TSJ de turno”, denuncian las fuentes judiciales consultadas por últimoCero.
Juzgados de Castilla y León que atenderán estas demandas:
- Ávila: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2.
- Burgos: Juzgado de 1ª Instancia nº 4.
- León: Juzgado de 1ª Instancia nº 7.
- Palencia: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2.
- Salamanca: Juzgado de 1ª Instancia nº 9.
- Segovia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1.
- Soria: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4.
- Valladolid: Juzgado de Primera Instancia nº 4.
- Zamora: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6.
Y es que la provincia de Valladolid es una de esas ‘agraciadas’, en las que el CGPJ se ha permitido hasta decir a esos ‘refuerzos’ “el número de juicios diario, el orden que deben dar a los juicios y el tiempo que tienen que dejar en la agenda para cada juicio bajo el peregrino argumento de que, “en definitiva, es un trabajo mecánico de mero modelo y todas las sentencias son iguales, algo absolutamente falso y que demuestra la calidad de nuestros gobernantes”, sentencian.
Crítica sindical
Comisiones Obreras de Castilla y León, a través del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO CyL), ha dejado claro que considera “propagandísticas y demagógicas” las medidas que “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha señalado para poder hacer frente al incremento de trabajo que van a propiciar las demandas motivadas por las cláusulas suelo”. CCOO demanda “la negociación inmediata con Justicia para ver los incrementos de plantilla del personal funcionario para trabajar en apoyo de los jueces de refuerzo”.
“Desde su poltrona los/as gobernantes del Poder Judicial han decidido designar en cada provincia de la península y en las islas principales a uno de los juzgados ya existentes para atender ‘de forma exclusiva pero no excluyente’ estos asuntos en su provincia o isla a partir del día 1 de junio próximo. Es decir, no se crearán nuevos juzgados (en todo caso, juzgados bis ‘si el ingreso de asuntos -sin determinar cuántos- es superior’) sino que uno de los ya existentes conocerá de este tipo de demandas además de los asuntos ordinarios que ya tiene asignados; la entrada de menos asuntos ordinarios a los juzgados especializados podrá establecerse o no modificando, en cada caso, las normas de reparto”, critica CCOO.
En cuanto a los ‘refuerzos’, CCOO apunta que “como resulta obvio, estos jueces, en solitario, no pueden tramitar y resolver los asuntos y necesitarán para ello obligatoriamente el suficiente personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, aspecto que a los señores y señoras del Consejo no parece preocuparles, pasándoles la patata caliente de los fondos necesarios para pagar a este personal al Ministerio de Justicia o a las CCAA con competencias transferidas en sus respectivos ámbitos de gestión, jugando, mientras tanto, con las condiciones de trabajo del personal afectado a cuyos representantes sindicales ni tan siquiera se les ha pedido opinión para dimensionar las plantillas necesarias y la forma de provisión, en su caso, de los nuevos puestos de trabajo”.
PSOE
Hoy mismo el procurador socialista Luis Briones informa que ha registrado una Proposicion No de Ley instando a la Junta que pida al Gobierno que deje sin efecto el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por el que se circunscribe a 54 juzgados en toda España, uno por provincia, es decir las 9 capitales en Castilla y León a tramitar los procesos de clausulas suelo.
Briones recoge las reivindicaciones del sector que critica la “involución de la justicia de proximidad” que lleva consigo este acuerdo porque impide a los juzgados comarcales a realizar estos procesos como es el caso de Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada y Medina del Campo, entre otros.
“Un ataque más y van unos cuantos del gobierno del PP al medio rural, que en nuestra Comunidad es especialmente maltratado”, sentencia.
