Según el procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, “Castilla y León es una comunidad muy secundaria en cuanto al reconocimiento, por parte de la propia administración, de su patrimonio histórico-artístico”, que ha desmontado ‘piedra a piedra’ el estado del Patrimonio en la Comunidad. “Estamos en una Comunidad que ocupa casi el 20% del territorio nacional, sin embargo, en cuanto a los BIC de España, solamente representamos el 4%”, situando a la Comunidad en el octavo lugar en número de Bienes de Interés Cultural (BIC), mientras que en el anterior Anuario de Estadísticas Culturales aun ostentaba el séptimo puesto con 7.124 BIC, entre bienes muebles e inmuebles: “Ni reconocido ni, por tanto, protegido por la administración competente que es la Junta de Castilla y León”.
Entre otros ejemplos, la falta de reconocimiento como BIC fue la causa de que el camino de San Salvador, que une Oviedo con León, quedara fuera de la declaración como Patrimonio de la Humanidad en 2015 por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, según puntualiza el procurador socialista, el tramo que discurre entre Oviedo y el puerto de Pajares, competente al Principado de Asturias, sí estaba ya declarado.
A la espera de ese reconocimiento están también otras importantes rutas jacobeas como son el camino de Levante, el camino Madrileño, el camino de la Lana, el camino Sanabrés, el Camino Lebaniego o el Camino de Bayona, según apunta Martín Benito. Además, hasta un total de 25 conjuntos históricos están pendientes de resolución, algunos como el de la villa de Madrigal de las Altas Torres desde 1963: “Una larga lista de bienes sin resolver, se impulsan a cuenta gotas y así no es de extrañar que vayamos perdiendo posiciones en el ranquin de patrimonio histórico”.
Sin embargo, donde sí destaca la comunidad es en el riesgo para el patrimonio. Según los datos ofrecidos por el PSOE, Castilla y León lidera la Lista Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra con un total de 236 monumentos en peligro en la Comunidad, una clasificación que censa elementos patrimoniales en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Un elevado número que contrasta frente a los 90 de Andalucía o los 72 de Castilla-La Mancha, las siguientes en la clasificación.
“El patrimonio que tenemos está falto de promoción”, asevera poniendo como muestra la situación de la Estación Arqueológica de Arte Rupestre de Siega Verde, en Villar de la Yegua (Salamanca). En 2010 se convirtió en la décima declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO en Castilla y León y ostenta, también, el triste título de monumento menos visitado de Europa con 6.000 visitas anuales, solo superado a nivel mundial por uno situado en una isla de Filipinas, que además está aun a la espera de su correspondiente señalización en la autovía a Portugal. “La junta debería hacerse mirar esto”, sentencia Martín Benito.
“Adolecemos de una falta de inyección económica para el sostenimiento, promoción, puesta en valor y conservación del patrimonio cultural, a pesar de que tenemos en la ley de patrimonio el instrumento que faculta para el mismo, como es el 1% cultural que no se puede aplicar porque la Junta no lo tiene regulado después de 15 largos años de entrada en vigor de la ley”, explica el procurador socialista. Según los datos expuestos, la inversión real en la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha reducido un 26% respecto a 2011 y 71,73% a 2009. En los presupuestos de 2017 se han recogido una media de 7 actuaciones por provincia y casi el 40 % de las partidas destinadas a Patrimonio Cultural son menores a 40.000 €, unas intervenciones que en total no llegan a 20 millones de euros, lo que representan el 0,18 % del presupuesto de la Comunidad, “meramente testimoniales” según Martín Benito.
En esta línea, la nueva ley de patrimonio que prometió Juan Vicente Herrera en su investidura, es en su opinión innecesaria: “Lo que se necesita no es hacer una nueva Ley, sino desarrollar y hacer cumplir la actual”, puntualizan los socialistas, remarcando los artículos referentes a la ejecución subsidiaria, el acceso, la expropiación forzosa, la silueta paisajística, los traslados, el 1 % cultural, la Educación Cultural, el Instituto de Patrimonio Cultural o los Espacios Culturales, entre otros. En alusión al artículo 24 de la Ley12/20002: “La Junta tiene la obligación de conservar el patrimonio cultural de cultural de Castilla y León. Cuando los propietarios no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de conservarlos, custodiarlos o protegerlos, la Junta podrá ordenar su ejecución subsidaria o conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable”, concluyen.
