La reciente historia de Alejandro podría resumirse: 'Padre desesperado por recuperar a su hija pequeña'. Su lucha dura ya más de un año y, una vez más, enfrente se encuentra con la burocracia de las secciones de Protección a la Infancia de las gerencias territoriales de los Servicios Sociales de Castilla y León, inmersos en la polémica, sobre todo a raíz del fallecimiento en agosto de Sara, de 4 años.
“¿Qué he hecho yo para que no pueda abrazar a mi hija?”, se pregunta Alejandro, que solo puede ver a la pequeña una hora a la semana en el Punto de Encuentro Familiar de Aprome, en Valladolid, al que es trasladada desde el centro de acogida La Alameda, en Mojados, donde se encuentra ingresada.
La misma pregunta se la hace su hija cada vez que se ven: “¿Qué he hecho yo, papá?”.
Alejandro G. del C. es padre de dos niñas, de 15 y 10 años, y no sabe si mañana, jueves 21, día en que la pequeña cumple 11 años, podrá abrazar a su hija. Alejandro, natural de un pueblo de Segovia, se casó con María Luisa V. M. La pareja se separó a principios de 2015 y se divorciaron según sentencia el 15 de julio de 2016, tras quince años de convivencia. El 'convenio regulador de mutuo acuerdo' con su exmujer, firmado el 17 de marzo del mismo año, recoge que la patria potestad de las hijas “será ejercida por ambos cónyuges”.
La cláusula tercera del citado convenio regulador señala que “la guardia y custodia, hasta la finalización del curso escolar 2015/2016, será compartida y que a la finalización del mismo, la custodia se atribuirá al padre residiendo las menores con este, en el domicilio que ha sido el habitual de la familia hasta su traslado a (….)”.
La separación de los padres provocó, de manera especial en la hija pequeña, una situación emocional que los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Segovia calificaron de 'daño severo'. El 12 de diciembre de 2016 la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia declaró a la menor en situación de desamparo, asumiendo su tutela legal. Seis meses después, la salud de la menor no fue salvaguardada, al contrario, su seguridad física y psíquica empeoró haciéndose necesario un nuevo ingreso en la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario de Valladolid.
“Allí acudí todos los días para estar con ella durante las dos horas de visita que establecieron. Mi hija, que es verdad que regresó más delgada tras una estancia con su madre [que reside fuera de la comunidad] mejoró muchísimo”, asegura Alejandro, que insiste en que su hija tiene una enfermedad que le impide alimentarse con normalidad.
“No es que yo no la diera de comer, es que tiene una enfermedad... Pero eso no quiere decir que estuviera desamparada. Controlado el problema, mi hija estaría mucho mejor conmigo que en una residencia, que es lo que los dos deseamos. Pero se metió por medio Protección de Menores y me han arrebatado lo que más quiero: mi hija”, manifiesta Alejandro, monitor en un gimnasio, que no puede evitar las lágrimas cuando habla de su hija y la situación en que se encuentra, separado de ella.
“Padre e hija tienen un fuerte vínculo, mostrando la menor un apego excesivo hacia este, el cual consiente. La menor rechaza el contacto con su madre”, consta en un informe de los Servicios Sociales de Castilla y León, y los servicios médicos del Hospital Universitario de Valladolid han certificado que a la menor le beneficiaba notoriamente la compañía de su padre.
Sin embargo, la niña se encuentra por decisión de la Junta interna en el Centro La Alameda de Mojados, regido por las Hijas de la Caridad, en el que ha llegado a autolesionarse.
"Por favor sacádme de aquí...", clama la menor en una carta, en poder del abogado Javier González Cloute, que en nombre de Alejandro ha interpuesto el pasado 3 de septiembre demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Segovia sobre "oposición y modificación de la medida de protección de la menor (...), asumiendo la tutela legal".
La demanda, que empieza recordando que Alejandro "además de tener la patria potestad de la menor era titular de la custodia de su hija", señala:
"A consecuencia de los padecimientos de la menor, y la influencia negativa que tuvo en ella la separación de sus padres, fue ingresada en un centro hospitalario por su falta de alimentación, motivo que llevó a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta para considerar que debía declarar a la menor desamparada, extremo que mi representado no ha admitido jamás, aunque no recurriese la decisión acordada inicialmente porque así le asesoraron y creer que beneficiaba a la menor, esperando una pronta modificación y resolución de la guarda".
"¿Podemos preguntarnos si la causa que motivó y justificó retirar la tutela y custodia sobre la menor en relación a sus padres, que era la amenaza grave e inminente para su salud, no es también aplicable a las instituciones que ahora la guardan y tutelan?", se pegunta el letrado González Cloute, que afirma en la demanda presentada que "se ha podido evidenciar que la menor mejora cuando se encuentra físicamente con su padre, llegando en el hospital incluso a ingerir alimentos solamente cuando ella está cerca de él. Por lo tanto, es fácil concluir que no se están teniendo en cuenta las emociones e inclinaciones afectivas de la niña, que insiste una y otra vez, hasta el abatimiento, en estar y vivir junto a su progenitor".
La presentación de la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Segovia obedece a la consideración que "se han modificado sustancialmente las circunstancias o hechos que dieron lugar a determinarse la situación de desamparo de la menor, o al menos se ha comprobado médicamente que es mejor que la menor esté con su padre".
También se dice en la demanda que "los profesionales del centro han llegado a insinuar al padre que no empatice con su hija, discutiendo las instrucciones o decisiones que el centro residencial adopta. Mi representado, jamás ha contradicho las decisiones del centro delante de la menor pero no va a dejar de mostrar a su hija todo el cariño y afecto que tiene por ella".
En el escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Segovia se interesa el requerimiento a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para que "aporte el expediente de situación de desamparo, incluidos los expedientes médicos del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Valladolid".
"Lo duro es que te quiten a tu hija pero, además, que te impongan unas normas como si hubieras matado a alguien. Todo lo hacen dentro del más estricto hermetismo y con unas formas como si fuéramos perros", en palabras de Alejandro, muy crítico con el funcionamiento de La Alameda de Mojados y con el Punto de Encuentro Familiar Aprome en Valladolid, el primer centro abierto en 1994. En la actualidad existe una red que desde 2004 financia la Consejería de Familia y Servicios Sociales.
"Hasta que los menores no cumplen 12 años no son escuchados por un juez y estos están en manos de unas señoras que tienen todo el poder para hacer y deshacer con sus vidas y las de sus familiares", opina Alejandro, que se pregunta: "¿Quién es la autoridad última que decide cuándo se ha acabado el desamparo? ¿Podré abrazar a mi hija el día de su cumpleaños?".
Buenos días, conozco este caso de primera mano, ya que mi hija es amiga de esa niña a la que tienen retenida en contra de su voluntad, una niña que debería estar con su padre, con sus amigas ( a las que no dejan verla) están negando la libertad a una niña, me parece muy injusto que tal día como hoy, su cumpleaños no pueda pasarlo con su familia, sus amigas, sus compañeros de clase. Adriana antes de todo esto, era una niña maravillosa, amiga de sus amigas, buena niña, buena estudiante y una gran gimnasta... Lo único que pido por esa niña es que pronto pueda estar junto a los suyos, incluyo a mi hija ya que desde que ingresó no la han dejado verla y está teniendo consecuencias negativas en mi hija.... Por favor dejar que Adriana retome su vida!!!!
Todo esto me recuerda los orfanatos tétricos del siglo XIX que describió Charles Dickens en sus novelas. Que una niña esté clamando y suplicando estar con su padre, que los informes médicos estén avalando el hecho de que su padre no sólo no es el problema de la niña, sino su solución, y que la niña siga encerrada en contra de su voluntad y en contra del más mínimo humanismo que pueda exigirse en una sociedad medianamente civilizada, me hacen descreer de unas instituciones públicas que actúan con la frialdad de un robot alejado de cualquier valor moral que defina y se acerque a la idea de humanidad. La crueldad contra esta niña es un acto execrable que debería ser perseguida de oficio por los jueces.