Desde hace tiempo la prensa de todo el mundo, sobre todo la prensa europea y la de Estados Unidos, se hace eco de los problemas que padece el sistema democrático. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam Intermon o Freedom House denuncian desde hace mucho tiempo la transgresión de los derechos humanos y lo que los analistas denominan deterioro de la calidad de la democracia. Amnistía Internacional publica cada año un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en todos los países del mundo y cuya lectura año a año resulta cuando menos preocupante. Freedom House publicó en enero pasado un informe titulado Populistas y autócratas: la doble amenaza para la democracia global, en el que se demostraba el deterioro del sistema democrático dentro de los países democráticos, de la relación entre las naciones así como de la convivencia en todo el mundo.
Si nos centramos en España, en el Informe 2015-16. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo (p. 178-181), Amnistía Internacional denuncia, entre otros incumplimientos de los derechos humanos, la limitación del “ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”; se hace eco de la preocupación expresada por el Comité de la O.N.U. contra la Tortura “por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación” y por hacer oídos sordos a la recomendación hecha por la O.N.U. a España para que “modificara la definición de la tortura en su legislación y que investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos”; da a conocer la existencia de “informes sobre casos de malos tratos en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, así como el archivo de muchos casos sin que se hubieran realizado las investigaciones necesarias; denuncia la devolución sumaria a Marruecos desde Ceuta de seis hombres procedentes del África Subsahariana, la modificación de la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados que entren en España a través de Ceuta y Melilla; se hace eco de la preocupación del Comité contra la Tortura de la O.N.U. por las “devoluciones en caliente” así como de la instancia de la O.N.U. “a España a cumplir el principio de no devolución (non-refoulement) y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo”; se hace eco, entre otras cosas, del incumplimiento del compromiso contraído con la Unión Europea de reubicar a 14.931 solicitantes de asilo antes de finales de 2016, mientras que en 2015 el gobierno español sólo ofreció 130 plazas de reasentamiento. En dicho Informe, Amnistía Internacional denuncia, asimismo, el incumplimiento del gobierno español de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería eliminar “el uso de la detención en régimen de incomunicación”; que en España no se garantice a las mujeres víctimas de violencia de género el acceso a la reparación y protección, y que los funcionarios que las atienden no cuenten con la formación adecuada, así como que se enjuicie a los responsables; que las definiciones de desaparición forzada y tortura “seguían sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos”; el archivo de “varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal”; la privación “del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975)”; la restricción de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de 18 años y de las mujeres con discapacidad intelectual; la inexistencia del derecho efectivo a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad (entre 2008 y 2014 se iniciaron en España 578.546 procedimientos de ejecución hipotecaria). Si añadimos a estas denuncias la cascada de casos de corrupción, que ha llevado a distintos líderes políticos, particularmente del Partido Popular, a los juzgados y a la cárcel así como los casos todavía por juzgar de la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña y del Partido Popular, nos encontramos en España con un cuadro de circunstancias que han debilitado e incluso deteriorado el sistema democrático, que ha producido indignación en gran parte de la sociedad española y, lo que es peor, desconfianza en la actividad política y en la propia democracia, lo que se ha traducido ya en la ruptura del bipartidismo. Si a esto añadimos los errores cometidos por los gobiernos anteriores en la gestión de los nacionalismos, especialmente del independentismo catalán, y la inacción del gobierno actual ante este problema, su confianza en los juzgados para resolver este conflicto, ignorando que las judicialización del problema del independentismo no resuelve el problema y que las actitudes democráticas exigen siempre debate, negociación y búsqueda del pacto, la inexistencia de hecho de la división de poderes, la escasa o nula actitud de responsabilidad política frente a errores cometidos por líderes de prácticamente todos los partidos, como en los casos del señor Echenique o de Ramón Espinar, de Podemos, el primero por no tener a su asistente asegurado y el segundo por vender un piso de Protección Oficial a precio de mercado y, por tanto, especulando con él, la recusación del ministro de justicia y de la fiscalía, cuyos responsables siguen, a pesar de ello, en su cargo, la presunta complicidad de ex altos cargos populares con líderes políticos acusados de corrupción, la existencia de puertas giratorias y un largo etcétera; si añadimos todo esto y pensamos en el estado de nuestra democracia, si fuéramos médicos seguramente la llevaríamos urgentemente a la U.C.I. del hospital más cercano.
A comienzos de 2017, la Fundación Alternativas publicó su Informe sobre la democracia en España 2016. En dicho Informe se valora la calidad de la democracia en España con un 5,5 sobre 10, mientras que en 2007 lo hacía con un 6,2. La calificación ha bajado progresivamente desde 2008, exceptuando el pequeño repunte que tuvo en 2015. La valoración tan baja obtenida en 2016 debió de estar influida por la corrupción y la inestabilidad política que sufrimos en España, cuando los ciudadanos fuimos llamados a las urnas dos veces, precisamente por la incapacidad de los partidos políticos para pactar y formar una mayoría parlamentaria que hiciera posible un gobierno, lo que supuso que España estuvo más de trescientos días con un gobierno provisional. A estos factores se ha debido de sumar la mala gestión de la crisis económica, la aparición en el parlamento de partidos políticos nuevos o la pérdida de respaldo electoral del PSOE o lo que el Informe denomina como “legado de Rajoy”: los recortes y reformas en educación, sanidad, servicios sociales y pensiones; la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”; la aprobación de la Ley de Transparencia, criticada por la falta de independencia del Consejo de Transparencia, una política exterior criticada desde distintos ámbitos y el recuerdo de la incapacidad del Partido Popular para el diálogo y el pacto durante la legislatura en la que tuvo mayoría absoluta.
A estas alturas hay que recordar que, aunque nos parezca que la democracia está consolidada en España, su implantación ha sido difícil, al mismo tiempo que debemos ser conscientes de que “la democracia es lo más valioso que tenemos colectivamente” (Nicolás Sartorius) y que no es un bien que permanezca para siempre, sino que puede perderse, como sucede con las libertades, precisamente por falta de cuidado. Conviene no olvidar lo sucedido en España con la primera y la segunda repúblicas, truncadas mediante sendos golpes de estado. Las denuncias de Amnistía Internacional, por ejemplo, señalan muy bien los males que afectan a la democracia en España. Sin embargo, no todo es oscuro sino que cabe la esperanza, porque el propio Informe señala la existencia de fortalezas en nuestra democracia tales como: la celebración de elecciones libres, el respeto a las libertades civiles, el ajuste a la legalidad de los funcionarios y la existencia de gobiernos estables. Y señala como necesaria “una reforma en profundidad de la Constitución, que abarque la posibilidad de convocar referéndums para que la ciudadanía opte por la forma de Estado y las Comunidades históricas ejerzan el derecho a decidir su posible independencia”, una propuesta sobre la que las fuerzas políticas y los propios ciudadanos debemos reflexionar, porque somos, en definitiva, quienes debemos decidir el modelo de Estado que queremos.
