Los cerca de 2.400 empleados de Prisiones de Castilla y León, de los 8 centros penitenciarios, han reiniciado este sábado 17 la huelga general, que continuará hasta el día 20, con un seguimiento “total”, según CSIF, ya que solo han trabajado los servicios mínimos “impuestos”, “y cuando han podido entrar al centro”.
La incorporación del relevo matinal se ha retrasado, y se ha ido haciendo a lo largo de la mañana, por las concentraciones de los funcionarios que se han llevado a cabo en las puertas de las prisiones, que han impedido entrar y salir a los vehículos. La jornada ha afectado especialmente a las comunicaciones de los familiares con los internos (ya que al ser sábado en oficinas no se trabaja), que se han retrasado o no se han producido, tras informar los trabajadores que se encontraban en huelga. En algún caso, la propia dirección de la prisión se había anticipado, cambiando la comunicación para otra fecha.
En la prisión de Dueñas, en Palencia, ha sido la propia Guardia Civil la que ha establecido un cordón policial, “obligando a los funcionarios de servicios mínimos a entrar en el centro, y a dejar los coches en la orilla de la calzada”. Curiosamente, luego, la Guardia Civil de Tráfico ha obligado a retirar esos mismos coches de la calzada, a otro lugar. En Valladolid, las fuerzas de seguridad han levantado a los funcionarios, que encontraban sentados ante la puerta de la prisión, para permitir la entrada de los trabajadores del relevo matinal. En León, se ha colocado una barricada de fuego a primera hora, para impedir el paso de vehículos. Más allá de estos incidentes menores, la jornada de huelga se ha desarrollado sin incidentes y con total normalidad.
La convocatoria de huelga se produce tras la falta de concreción de una oferta económica, por parte del Gobierno, que satisfaga las necesidades del colectivo. El día 25 de septiembre el Ministerio de Interior ofreció una subida media de 365 euros lineales, al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros). Sin embargo, tres días después -el día 28- fue retirada porque la partida económica no ha sido autorizada por Función Pública, argumentando que el procedimiento no había sido correcto, y que requería su visto bueno. Si la llegada de un cambio Gobierno había generado “una esperanza” a este colectivo, para solucionar la problemática que se viene sufriendo y denunciando desde hace años, la realidad está siendo “más de lo mismo”.
