El pasado domingo se celebró la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, con el triunfo de los primeros, celebrando así una magnífica temporada en la que el club catalán ha logrado el “doblete”, al conseguir Liga y Copa. Sin embargo, más allá del espectáculo deportivo que podían darnos ambos equipos, ello se vio empañado por una decisión sumamente infantil -¿o no?- que tomó la Delegada de Gobierno en Madrid.
Es sabido que en las últimas finales de la Copa del Rey donde han participado el equipo blaugrana u otros equipos procedentes de lugares donde existe un nacionalismo “periférico”, como el Athletic Club, se han producido pitadas al himno nacional, y también se han exhibido banderas nacionalistas. Sin embargo, ello nunca ha producido una incitación al odio o a la violencia, sino que se ha realizado en un ambiente de concordia donde los espectadores del partido simplemente han manifestado, a través de expresiones como la exhibición de una bandera, una determinada opción política.
A pesar de ello, la Delegada del Gobierno en Madrid decidió emitir una Orden en base a la cual se prohibían las banderas “esteladas” porque, como decía el propio texto, eran “materiales de propaganda política” y se debía aplicar la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Esta norma dispone que, efectivamente, no se podrán exhibir en espectáculos deportivos símbolos o emblemas que fomenten comportamientos violentos, terroristas o que contengan mensajes vejatorios para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, entre otras cuestiones.
La mayoría de la opinión pública no tardó en manifestar su discordancia por esta decisión, asumiendo que la persona responsable había creado un problema donde no lo había y que era un error que no debía haber cometido. Sin embargo, en mi opinión, quizás este supuesto “error” escondiera detrás una táctica política para ocultar otras noticias mucho más importantes que se estaban dando justo en el mismo momento en el que se toma la decisión y que eran responsabilidad directa del Gobierno del Partido Popular, como el sobrepaso de la deuda española por encima del 100% del PIB. Es difícil pensar que un acto de estas características haya sido tomado por una Delegada del Gobierno sin contar con sus superiores en el Ejecutivo y es probable que esta decisión haya sido consensuada previamente.
En todo caso, como lógicamente debía ocurrir, el Auto 109/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid suspendió cautelarmente dicha actuación administrativa. Desde luego, no forma parte de esos símbolos aludidos anteriormente la bandera estelada y, además, es claro que la Orden afectaba al derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución. Los únicos límites a este derecho son el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia; y es de sentido común mantener que la exhibición de una bandera de las características de la estelada no afecta a ninguno de ellos. También perturbaba la libertad ideológica consagrada en el artículo 16 de nuestra Norma Fundamental, sin que la exhibición de este símbolo pudiera considerarse como susceptible de alterar el orden público; cuando en otras ocasiones ello no había ocurrido.
En definitiva, la política impregna la mayoría de espacios en los que convivimos, y uno de ellos es el deporte. Un espectáculo de masas como el fútbol es usado en numerosas ocasiones para lanzar mensajes políticos, lo cual no nos ha de llamar la atención, sino que se ha de aceptar con naturalidad, pues es un espacio donde se puede llegar a una gran cantidad de personas. Así, dentro de un Estado social y democrático de Derecho, como es el nuestro, que tiene como valor superior de su ordenamiento jurídico la libertad, donde el pluralismo político y la democracia son imprescindibles para garantizarla; no se pueden adoptar medidas propias de otro tipo de sistemas, ya que toda manifestación política ha de garantizarse siempre que esa expresión sea respetuosa con los derechos de los demás, como así lo han manifestado, por otro lado, nuestros Tribunales. Quizás deberíamos preocuparnos con mayor ahínco que en municipios gobernados por el Partido Popular se exhiban símbolos e imágenes enaltecedoras del fascismo, como las caras de Franco y Himmler, sin que ello esté aún prohibido por nuestras leyes. Si un alemán conociera estas actuaciones, se llevaría las manos a la cabeza.
