El pasado domingo casi un millón de personas se manifestaron en las calles de Barcelona en la tradicional “Diada”, solicitando un referéndum pactado con el Gobierno de España para dar salida al conflicto catalán. Casi paralelamente, del jueves al sábado, tuvo lugar una edición más del curso “El Estado autonómico en acción” de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por juristas de reconocido prestigio como Juan José Solazábal y Manuel Aragón, al que tuve la oportunidad de asistir y del que realizo las siguientes reflexiones que me atrevo a compartir en este artículo.
El punto de partida del Estado de las autonomías es que ha sido un modelo exitoso. El reconocimiento de las “nacionalidades” por los constituyentes del 78 y la apuesta firme por la descentralización del Estado, entendida ésta como una forma más de democracia tras una larga dictadura, permitió integrar a todos los territorios que conforman España, especialmente a Cataluña y Euskadi. Sin embargo, existe una diferencia sustanciosa entre ambas Comunidades Autónomas: la segunda vio reconocida sus hechos diferenciales expresamente en la Constitución, en concreto en la Disposición Adicional Primera y tuvo un encaje dentro del Estado diferenciado respecto a las demás autonomías, algo que no ocurrió con Cataluña. Por otro lado, las Comunidades Autónomas han sido las que han permitido consolidar el Estado del bienestar en nuestro país, dado que éstas son las que más inversión social realizan, al tener transferidas para sí las competencias en materia de educación, sanidad y asistencia social.
Sin embargo, con la oleada de reformas estatutarias en los años 2000, el modelo se ha acabado enfrentando a unas pruebas de resistencia, que han provocado un balance negativo, en el que nos encontramos ahora. Con el transcurso del tiempo no se ha reaccionado para redefinir el modelo y además han tenido lugar una serie de factores extraordinarios, como la crisis económica, que han puesto en jaque nuestro modelo territorial, impugnando también las políticas desarrolladas por los Ejecutivos regionales durante los últimos años, incapaces de realizar otras diferentes a las dictadas por el Gobierno central. A ello se le ha de unir la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que produjo un choque de legitimidades entre Cortes Generales-Parlamento de Cataluña y la justicia constitucional emanada del Alto Tribunal, que puso de relieve la necesidad de un debate acerca del modelo autonómico que los actores políticos se vieron incapaces de acometer: Cataluña está demostrando el agotamiento del Estado de las autonomías.
Sin embargo, el último CIS de junio de 2016 ha arrojado el dato de que la mayoría de españoles sigue confiando en este modelo. El 40% es partidario de continuar como hasta la fecha, el 17% prefiere una recentralización de las competencias, el 12% más grado de autonomía para las Comunidades Autónomas y el 9% opina que éstas han de ser Estados a los que se reconozca que se pueden convertir en entidades independientes.
Desde mi punto de vista, a pesar de la “minoría mayoritaria” que representa el 40% de españoles, se ha de reformular el modelo. Efectivamente, el Estado autonómico ha sido exitoso, pero los últimos acontecimientos están demostrando que no son las mismas condiciones las actuales que las de 1978, y que el ordenamiento jurídico es incapaz de resolver las contradicciones que se están planteando, motivo por el cual se ha de reformar, entonces, ese marco legal.
Para solucionar el conflicto catalán, es necesario avanzar hacia una reforma de la Constitución en un sentido federal, construyendo un nuevo país que pueda integrar a aquellos sectores nacionalistas, pero no independentistas, que se identifiquen con un proyecto para España diverso, pero a la vez unido. Este paradigma federal ha de reconocer e integrar a las diversas naciones que existen en el conjunto del Estado, haciéndolas partícipes de cualquier modificación constitucional, junto con el pueblo soberano español, dotándose de una constitución para ellas mismas. No habría que hablar, en este sentido, de proceso constituyente, sino de procesos constituyentes en plural, dado que el nuevo Estado federal no tendría una sola constitución: tendría tantas como Estados o sujetos autonómicos se decidiese. De esta forma, además, como muy bien apunta José Tudela en la última publicación de la revista “Teoría y Realidad Constitucional”, ello permitiría que la Constitución Española tuviera una doble legitimidad: la primera emanada del conjunto del pueblo español y la segunda procedente del pueblo de cada sujeto autonómico que votaría en referéndum sobre su propia Carta Magna.
En definitiva, es imposible seguir tratando de solucionar un conflicto irresoluble por parte de la imposición de ambas partes. Es hora de sentarse a negociar, de hablar y pensar qué modelo queremos, en primer lugar, para España y, en segundo lugar, cómo encajar en él a Cataluña y a todas las Comunidades Autónomas con hechos diferenciales reconocidos. Un modelo que reconozca la plurinacionalidad de España y, en definitiva, que consiga lo que la mayoría de nosotros y nosotras pretendemos: un país unido y a la vez diverso.
