Los Consejos Sociales de las Universidades se constituyen como los órganos encargados de la participación de la sociedad en la Universidad y de la interrelación entre ambas. Así lo define el artículo 23 de la Ley de Universidades de Castilla y León, en el que se regula que cada una de las Universidades públicas de nuestra Comunidad deberá contar con un órgano de estas características.
Sin embargo, ello no se ha de aceptar acríticamente, sino que es necesario preguntarse si dicha afirmación es una realidad como tal. La citada ley establece que los Consejos Sociales están formados por miembros de las organizaciones empresariales, sindicales, otros propuestos por la Junta y por las Cortes de Castilla y León. En la ley no se menciona, en ningún caso, la necesaria representación de las asociaciones de vecinos o de estudiantes en tales órganos. ¿Representan a toda la sociedad estas personas? La respuesta es no. La composición de estos órganos es claramente empresarial. Así lo demuestran los cuatro presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades de Castilla y León: José Ignacio Sánchez Galán (Universidad de Salamanca), Javier Cepedano (Universidad de León), Gerardo Gutiérrez (Universidad de Valladolid) y Luis Abril (Universidad de Burgos), todos (es de señalar que no hay ninguna presidenta), relacionados con el mundo empresarial, en concreto, con Iberdrola, la propia CEOE, Telefónica o Caja Burgos. Si a ello se suma que a los Presidentes de los Consejos Sociales los nombra la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Educación, es, al menos, cuestionable la supuesta autonomía de estos órganos que, más bien, podríamos decir que representa los intereses de las empresas en el ámbito universitario; algo que también pondría en duda la autonomía universitaria garantizada en el artículo 27 de nuestra Constitución.
Lo anterior cobra aún mayor relevancia si tenemos en cuenta cuáles son las competencias que desarrollan los Consejos Sociales, entre otras, aprobar el presupuesto de la Universidad, supervisar su desarrollo, aprobar cualquier endeudamiento de la Universidad o la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios. Es decir, cuestiones económicas y laborales de la Universidad pública son aprobadas por un órgano formado en su mayoría por personalidades del ámbito empresarial y con una injerencia notable de la Administración.
En el último Pleno celebrado en Cortes de Castilla y León desde el Grupo Parlamentario Podemos se presentaron una serie de candidatos para que fueran designados por nuestro Parlamento autonómico como miembros de estos Consejos Sociales. Personas de reconocido prestigio con un amplio consenso en la materia, como Antonio Carrascal, Carlos Sánchez-Reyes o Esperanza Ortega, entre otras, no pudieron acceder a estos órganos debido al voto desfavorable del PP y del PSOE. Fue la primera vez en sede parlamentaria que no se presentaba una lista conjunta entre estos partidos, acostumbrados a un rol de Gobierno-oposición cómodo durante más de 20 años en Castilla y León.
De todo lo anterior se deriva la necesidad de una inexcusable reforma de la Ley de Universidades en Castilla y León. Y no sólo en el ámbito de los Consejos Sociales, donde la sociedad ha de estar realmente representada, sino también en otros muchos, para conseguir que se plasme en negro sobre blanco una gobernanza universitaria que garantice la autonomía de la Universidad y la no injerencia de la Administración ni del sector privado, tal y como expusimos en el programa con el que Podemos nos presentamos a las elecciones autonómicas de 2015. Aún nos quedan más de dos años de legislatura por delante en los que plantearemos el debate tan necesario del papel que han de cumplir las Universidades públicas de Castilla y León, que, desgraciadamente, han visto cómo casi 10.000 estudiantes han abandonado sus aulas desde 2011.
