La implantación, crecimiento y consolidación de la democracia han corrido paralelos con el acrecentamiento de la presencia, valor e importancia de los derechos humanos en la sociedad y, específicamente, en las acciones de gobierno. Su transgresión persistente y sistemática por parte de los poderes y los gobiernos, y su impunidad amenazan la convivencia, siembran indignación e incredulidad entre los ciudadanos, que no sólo no se sienten protegidos por quienes tienen la responsabilidad de proteger al sistema democrático y a los ciudadanos sino que se sienten amenazados por muchos de sus gobiernos, con frecuencia, como se demuestra en los informes de Amnistía Internacional, elegidos democráticamente.
La creación del sistema democrático moderno significó un paso importante en el crecimiento de la justicia en la sociedad. Frente la concepción de la democracia como el gobierno de las mayorías, el sistema democrático moderno ideado por Locke y Montesquieu se fundamenta en la elección de representantes por parte de los ciudadanos mediante sufragio individual, libre y secreto, en la división de poderes, en el control de los poderes ejecutivo y judicial por parte del parlamento, la sede de la representación de la soberanía nacional y en el principio de que la soberanía, que es inviolable e intransferible, recae en los ciudadanos.
La democracia es el mejor sistema político posible precisamente porque es el único pensado desde el respeto a la dignidad del ser humano. Valores como libertad, igualdad, respeto, pluralismo, responsabilidad, participación, justicia o paz están en los cimientos de la democracia y son, al mismo tiempo, los valores fundamentales sobre los que se han redactado los derechos humanos, unos derechos que son individuales, indivisibles, inalienables, universales, irrenunciables e intransferibles, íntimamente unidos al sistema democrático, cuyos gobiernos deberían ser sus garantes fundamentales. Sin embargo, los derechos humanos y el propio sistema democrático no viven sus momentos mejores, lo que provoca dudas y temores.
Las dudas y los temores proceden sobre todo de la deriva que están tomando muchos gobiernos que, en lugar de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, que es la manera de proteger y respetar a los ciudadanos, los incumplen directamente o degradan su respeto y cumplimiento. A esto se suma un hecho más grave aún, si cabe: la comunidad internacional no se posiciona frente a los gobiernos incumplidores, ni toma medidas contra ellos, ni intenta construir un frente común frente a ellos. Así pues, que se discrimine a la mujer, se practique la tortura, haya presos políticos, se elimine a los opositores políticos, se restrinja o incluso se niegue el derecho universal a la educación, no haya igualdad de acceso a la justicia, se produzcan detenciones arbitrarias, se llegue al poder mediante un golpe de Estado, exista la censura y se limite y hasta se castigue la libertad de expresión, se intercepten las comunicaciones bajo cualquier pretexto o los propios gobiernos pirateen los datos personales de los ciudadanos rara vez tiene consecuencias políticas para esos gobernantes. La consideración de que esas son cuestiones internas, que deben resolverse dentro de cada nación, mientras se mantienen relaciones comerciales de todo tipo, incluida la venta de armas a dichos gobiernos, degrada la dignidad humana y, con ello, la democracia. La prelación de los intereses económicos, estratégicos o de otro tipo sobre los derechos humanos degradan el sistema democrático y menguan su credibilidad. Aunque sea injustificable e incomprensible, resulta fácil entender que haya personas que, desencantadas por la situación, busquen respuestas fuera de los derechos humanos, como si éstos no sólo fueran inalcanzables sino, incomprensiblemente, la causa de sus males.
En este contexto es necesario preguntarse por lo que sea la “democracia” y plantearse con Paolo Flores d’Arcais (Claves de Razón Prática, nº 243 (nov.-dic. 2015) pp. 61) hasta qué punto son democracia las democracias realmente existentes. Preguntarse sobre la democracia supone preguntarse sobre los límites que debe haber entre lo privado y lo público o político así como sobre la presencia de la justicia en la sociedad. Y es preciso hacerlo porque “la corrupción, la amenaza de despido, la tolerancia hacia el abuso y las políticas que no combaten eficazmente (es decir, sistemáticamente) tales acciones, degradan el procedimiento a la ficción y anulan exactamente el principio: un hombre, un voto”. (Paolo Flores d’Arcais, o.cit., pp. 68).
La democracia no deja de ser una “creación imaginaria” (Cornelius Castoriadis), filosófica, cuya fortaleza -y de ahí su debilidad- reside en que los valores que la sustentan coinciden con la concepción ideal de la dignidad humana, concebida como la propia de un ser, el ser humano, libre y autónomo.
Cornelius Castoriadis definió la democracia como la sociedad autónoma compuesta por individuos autónomos. Si tomamos esta concepción como patrón de referencia, la degradación de la democracia conlleva la degradación del estatus de ciudadanos y, por ende, del propio ser humano. Cuando se advierte, como ocurre desde hace tiempo en España, Europa y el resto del mundo, que se ha producido un deterioro de las libertades y de los derechos cívicos, resulta fácil entender que, como consecuencia de esto, se ha deteriorado el propio sistema democrático, que puede llegar a quedar reducido a su expresión mínima -y ni siquiera entendido en la definición mínima de democracia expuesta por Norberto Bobbio en El futuro de la democracia-, a su aspecto meramente formal como democracia representativa, en la que los partidos, convertidos en instrumentos de poder, no tienen como finalidad recoger y encauzar las inquietudes de los ciudadanos sino el mantenimiento de líderes que conquisten el poder y se mantengan en él. Este hecho convierte a la democracia en una dictablanda -Jean Denis Bredin hablaba de “dictadura dulce”-, en una forma de gobierno que utiliza resortes de todo tipo, económicos, culturales o mediáticos, por ejemplo, para que quienes representan a los ciudadanos y quienes gobiernan se mantengan en el poder y decidan, sin controles reales y efectivos, sobre la vida de la sociedad y la de los propios ciudadanos. En la actualidad, estamos rodeados de Estados y gobiernos que responden a estas características, con los que los gobiernos democráticos mantienen relaciones de todo tipo, lo que les proporciona oxígeno para incluso continuar gobernando contra sus propios ciudadanos.
Llegados a este punto, nos encontramos, entre otras cuestiones, ante los peligros a los que está expuesta la democracia, peligros que están en germen o más o menos desarrollados dentro de los propios Estados democráticos. Pero esto abre un horizonte analítico nuevo.
