La publicación de la suspensión cautelar de tres procesos de oposiciones en la Junta de Castilla y León, en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes 23 de enero, que afecta a un total de 13.928 aspirantes, ha indignado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF): “No es de recibo la suspensión, y más si es consecuencia de una mala gestión”.
“Llevamos años sin convocatoria de oposiciones en la administración regional”, recuerda la central sindical antes de preguntarse: “¿Cómo se va a reparar el daño causado a los opositores afectados, y cómo se va a resarcir las molestias, el esfuerzo e incluso los gastos de los opositores, que llevan preparándose desde hace tiempo?”.
La suspensión afecta a 53 plazas para auxiliares administrativos, para las que se habían presentado 12.246 aspirantes; 5 plazas para técnico de soporte informático, con 928 aspirantes; y 20 plazas de promoción interna para administrativo, que afecta a 754 empleados públicos interesados.
“Es imprescindible que la viceconsejera de Función Pública aclare y explique qué ha pasado, por qué se han producido los errores o dejaciones que han llevado a la suspensión cautelar de las oposiciones, y qué medidas se van a tomar para resolver cuanto antes el problema”, reclama el sindicato.
El sector de Administración General de la Junta (AGCYL) de CSIF recuerda que ya presentó una queja en la Consejería de Presidencia, respecto a la convocatoria de promoción interna, para el Cuerpo Administrativo. En el escrito, registrado el 2 de diciembre de 2016, CSIF advertía de que el formato, el excesivo nivel de las preguntas (por encima del que corresponde a un administrativo) y el escaso tiempo dado para la realización de la segunda prueba selectiva, podrían generar problemas en el proceso, y un número insuficiente de opositores que obtengan la calificación mínima exigida para cubrir plazas.
CSIF recalca que lo ocurrido “es un despropósito”, y exige soluciones en el menor tiempo posible, y que se respeten los principios de mérito, igualdad y capacidad que exige la ley en el acceso a la Función Pública.
