La gravedad y extensión de la corrupción política en nuestro país es un hecho del que los medios de comunicación nos informan a diario, pero además diversos indicadores internacionales elaborados por Transparencia internacional (TI) y el Instituto del Banco Mundial ( WBI, por sus siglas en ingles) acaban de dejar patente el deterioro en el control de la corrupción, que se ha producido en los últimos años con el Gobierno del PP, en lo que los ingleses expresarían como “slippery slope” (pendiente resbaladiza). La sucesión de los escándalos nos ha llevado a una sucesión de cambios legales con los que dar la apariencia de que se reaccionaba sin que en realidad haya habido la más mínima intención de ir a las raíces de las causas del problema. La estrategia muy común en la actividad política del PP basada en la cínica idea de que el cambio es necesario para que todo siga igual, ha sido una constante en la manera de reaccionar ante la corrupción política en nuestro país.

Por nuestra parte, la ciudadanía, ejercemos el derecho a la idiotez porque está protegido en la Constitución. Forma parte de la garantía del libre desarrollo de la personalidad. Idiota viene del griego idiotés, un término que en la Grecia antigua no era peyorativo, significaba individuo o persona particular, y que pasó a serlo con el advenimiento de la democracia, cuando empieza a simbolizar la actitud demasiado tranquila –incauta- de quien delega sistemáticamente en otros el cuidado de lo común. Esta irresponsabilidad como ciudadanos ha creado un estamento de representantes profesionales, independientes de los mandantes. Esta independencia respecto al mandante la reconoce de modo sibilino nuestra Constitución, cuando en el ART. 67.2 declara que los miembros de las Cortes no estarán ligados por mandato imperativo. El Partido Popular lo ha entendido tan bien que ha convertido la democracia en cleptocracia, y el ideal de justicia, en aquello que decía Benito Juárez: A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas.

El caso de la financiación irregular de los partidos es palmario. Se ha modificado 4 veces la legislación sobre este asunto. Desde 1987 en que se amplía la financiación pública de los partidos, tras el escándalo Flick, imponiendo una serie de limitaciones a la financiación privada – limites anuales por donante, prohibición de donar a las empresas contratistas con la Administración….- sin caer en la cuenta que todas las limitaciones quedaban en papel mojado al permitir las donaciones anónimas; pasando a la reforma de 2007, donde 20 años después se prohíben las donaciones anónimas, pero el legislador se olvida de limitar las condonaciones de las deudas bancarias de las que se beneficiaba el bipartidismo, y permite que las empresas contratistas con la Administración, que seguían sin poder donar a los partidos, si pudieran hacerlo a sus fundaciones; llegamos a los cambios de 2012, por la presión del informe de 2009 ejercida por el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa: los regalos de los bancos a los partidos se vieron sujetos a las mismas limitaciones que las donaciones de carácter general, pero el Gobierno de Rajoy flexibilizo aun más el régimen de donaciones a las fundaciones de los partidos y elimino el tope de las cuantías que podían recibir. Y terminamos con la reforma de la ley en 2015. El caso Bárcenas provoca un acto de contrición del PP, que prohíbe completamente las donaciones corporativas a los partidos –no solo de las empresas contratistas-, pero, ¡ay!, sigue permitiendo las donaciones a sus fundaciones sin límite de cantidad. Es más, también las empresas con contratos en vigor con la Administración pueden efectuarlas. El aspecto cosmético de estas reformas nos lleva a los peores niveles de desconfianza política que hemos tenido nunca. Y, además, con una inflación de normas que complica los niveles de seguridad jurídica: España multiplica por 10 las disposiciones normativas que tiene Alemania. Pero tenemos 11, 2 jueces por cada cien mil habitantes mientras que Alemania tiene 24, 7 jueces por la misma proporción de habitantes.

En este sentido podemos observar que cuanto más desautorizado se encuentra un sistema político más se aferra a la legalidad, a una legalidad que es la suya, que ya no responde a los intereses de los ciudadanos. La legislación represiva del Gobierno de Rajoy -la reforma del Código Penal de 2015 y las nuevas leyes de seguridad privada y ciudadana- no está elaborada para mejorar la Justicia sino para impulsar y proteger los intereses de unos cuantos. Todos los problemas sociales tienen con el PP una solución punitiva. La pregunta que debemos formularnos no es por lo legal de las normas penales y administrativas reformadas por el PP, sino por la legitimidad del control de la ciudadanía que en ellas se contiene.

En realidad lo que se vislumbra por los dirigentes del partido popular en el Gobierno, como antes pasó con la ley del suelo especulativa, fue una “oportunidad de negocio” en el mundo del orden público y el delito. La Ley de seguridad privada de 2014 permite efectuar una importante transferencia de capital público a lo particular: la seguridad privada ya no es subordinada sino complementaria y puede actuar ya en el espacio público. Para garantizar el éxito del negocio solo es necesario acelerar la demanda, para lo cual el Gobierno de Rajoy ha contenido las plantillas de la Policía Nacional y La Guardia Civil, de modo que ambos han perdido desde 2011, mas de 10.000. agentes, dejando más espacios vacios de seguridad, que ahora pueden ser cubiertos por la seguridad privada, cuando hasta la ley solo podía ser una función desarrollada por la Seguridad del Estado. La vigilancia perimetral de las prisiones ha sido la primera función pública asaltada por la seguridad privada, y según denuncia el sindicato UFP, nos cuesta un 200% más cara que la seguridad pública. Pero lo grave es que la finalidad de la norma no es buscar alguna clase de Justicia, sino que como con descaro se dice en su exposición de motivos, la finalidad de la LSP es que continúe la evolución del sector de la industria de servicios que tanto ha contribuido a la seguridad, y para ello se entregan sin ningún problema derechos fundamentales, utilizando la excusa de la seguridad ciudadana. Y se entregan a Levantina de Seguridad, cuyo propietario es José Luis Roberto, presidente de la extrema derecha valenciana, el partido ultra España 2000; o al Grupo Segur Ibérica, que presidio el Ministro Morenés hasta el 2011, y cuyos contratos públicos han crecido un 79%.

La reforma del Código Penal de 2015, abre otra oportunidad de negocio. Otra transferencia de capital de lo público a lo privado. Los accidentes de tráfico eran la puerta más frecuentada de los ciudadanos a la justicia penal. La reforma prescinde del sistema penal, de la justicia ordinaria, y somete los interese de las victimas a los mucho más importantes de las compañías mercantiles. Según UNESPA, patronal de las compañías aseguradoras, el coste anual de las compañías en indemnizaciones por daños de carácter personal alcanza los dos mil millones de euros y estaban disconformes con someter sus intereses a la justicia ordinaria. Así que las indemnizaciones por daños ya no las determina el juez sino que se reconduce la fijación de las indemnizaciones a las propias compañías aseguradores, que así se convierten en juez y parte. Desde luego las consecuencias para los accidentados que ya no tienen a un tercero imparcial juez, sino a un interesado parte del conflicto quien decide, son tan evidentes como perjudiciales. La ventaja de esta normativa despenalizadora no sirve al interés general sino que pone al margen del sistema de justicia a las compañías privadas de seguros y a sus intereses económicos.

La Ley Mordaza es otro camino más de limitación de derechos fundamentales y de control ciudadano, de la mano del “delito de odio”. Caminamos hacia el futuro reculando. El Gobierno de Rajoy se ha dotado de un medio con el que castigar a los enemigos políticos. Como ya se hizo en el periodo de la CEDA de la II República con la Ley de vagos y maleantes, y durante la dictadura nacional católica con el delito de escándalo público, que el régimen utilizo para controlar la moral, en el sentido más amplio, de los ciudadanos, y por ello su derogación constituyó uno de los reclamos fundamentales en defensa de las libertades. El delito de odio es de mucha utilidad al poder, puede utilizarlo para reprimir toda discrepancia. Sirve especialmente para reprimir la libertad de expresión. Cualquier comentario peyorativo, humor negro, critica…a colectivos, ideologías o actitudes, podrá ser calificado como odioso y castigado con la imposición de una pena que puede alcanzar los 4 años de prisión. Mientras tanto, y hasta cuando el propio Papa reivindica el laicismo de los estados, la Ministra Fátima se encomienda al Virgen del Rocío para la creación de empleo, y el Ministerio del Interior nombra a Francisco Marhuenda comisario honorario de la Policía Nacional, compartiendo honores con la Virgen del Pilar, a la que se concedió la Gran Cruz de la Orden del Merito de la Guardia Civil, o con la Cofradía María Santísima del Amor, a la que se concedió la medalla de oro al merito policial.

La Acción Común 98/733/JAI de la UE y la Decisión Marco 2008/841/ del Consejo indica que una organización delictiva es una asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un determinado periodo de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.¿ No se han acumulado indicios suficientes de que el PP ha perseguido fines y utilizado medios tipificados como delitos? Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito, son ilegales, según dice el art. 22. 2 de la Constitución. Debería cancelarse su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior. La protección que dispensa el ordenamiento jurídico al partido no puede ser la tapadera de una acción delictiva. El “eje de progreso Madrid–Valencia”, que llevo al PP al Gobierno de la nación, se ha convertido en el eje de corrupción de ese partido político, porque no han sido sus militantes de base, sino sus órganos de dirección y sus tesoreros, los protagonistas del enmierde. Son los miembros de las direcciones nacionales, autonómicas, provinciales y locales, a los que son atribuibles las conductas delictivas. ¿No es aplicable la Ley de Partidos Políticos al PP? ¿No existen indicios suficientes para que la Fiscalía inste al Supremo la declaración de ilegalidad y consecuente disolución del PP? ¿No merece siquiera una investigación? Qué cosas tengo, la Fiscalia General del Estado depende del gobierno del PP. Sigamos siendo idiotas.

No hay comentarios