El devenir de la política nos ofrece cada día algún que otro sobresalto. Digo sobresalto y no sorpresa, porque el comportamiento de nuestros políticos es bastante predecible, para bien o para mal, y no suele cogernos desprevenidos. Sin embargo, con frecuencia, lo que hacen nos altera el ánimo de manera repentina, porque en ello percibimos algún peligro (Diccionario de uso del español de María Moliner). Y no es para menos cuando lo que sentimos en peligro es el propio sistema democrático. Tenemos políticos para todos los gustos, y eso es bueno porque representan la pluralidad que existe en la sociedad; pero los hay más o menos de fiar, y esto es preocupante. Los más problemáticos y menos de fiar son aquéllos que, llevados por sus intereses, actúan como las veletas. ¡Qué más da -piensan- el viento que sople, sea cierzo, céfiro, solano o septentrión! Si conviene el gregal, abandonan el austro y, si éste es poco interesante se quedan con el céfiro o el poniente… Quienes hacen esto, sean políticos o simples vecinos, son aquéllos que venden a quien sea y lo que sea como Esaú vendió su primogenitura, por un guiso rojizo o por un plato de lentejas, como dice el dicho. Y hay que entenderlo, tener un puesto de consejero en un gobierno autonómico tiene su importancia y para algunos supone algo así como subir de nivel y, por consiguiente, alcanzar una prestancia, o sea, una distinción y una superioridad; para quienes piensan así representa una excelencia que de ninguna otra manera habrían alcanzado. En definitiva, si pasadas aparentemente de moda -que no muertas- las ideologías, lo que hay que hacer es mostrarse flexible: hoy se puede ser socialdemócrata y mañana liberal. ¿Cómo será el futuro para quienes venden su primogenitura? Todo dependerá del contenido del plato que se les ofrezca: quienes piensan y actúan así no hacen ascos a sentarse en la mesa de gobierno con partidos o con líderes que arrastran carga fétida en sus alforjas. Es el caso del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero nacional de Ciudadanos, don Francisco Igea, y obviamente no es el único caso que podríamos citar.

Los sindicatos de funcionarios de la Junta de Castilla y León, que habían firmado justo al final de la legislatura pasada un acuerdo con la Junta por el que ésta se comprometía a restituir en 2019 la jornada de trabajo de treinta y cinco horas semanales para los funcionarios, reclaman desde hace meses su cumplimiento, algo que el gobierno autonómico actual se niega a hacer y cuyo cumplimiento quiere posponer, en el mejor de los casos, hasta a partir del 31 de marzo del año próximo. En ese proceso de reivindicación de cumplimiento del acuerdo, los sindicatos, que han llegado a convocar la primera huelga general en la administración autonómica de Castilla y León, el día 5 de noviembre, impidieron en Zamora la celebración de un acto electoral en el que iba a participar el señor Igea reivindicando el cumplimiento del acuerdo citado. Al margen de la lectura que pueda hacerse del boicot de un acto electoral, lo importante y sustantivo viene de las palabras del señor Igea, que negaba que el acuerdo “se haya firmado con el actual gobierno” e instaba a los sindicatos a “sacar un documento en el que Ciudadanos se haya comprometido en la campaña a restaurar la jornada de 35 horas”, a lo que el sindicalista representante de UGT respondió que “un acuerdo se tiene que respetar porque está por encima de todo” (Europa Press). En el fragor de la discusión, el señor Igea planteó a los sindicatos: “¿lo han firmado conmigo?”.

Imaginemos una empresa que ha firmado un préstamo con una entidad bancaria y que, pasado unos meses, cambia a los miembros de su equipo directivo, ¿podría el equipo directivo nuevo dejar de amortizar dicho crédito? ¿Qué consecuencias tendría su incumplimiento? ¿Qué diría la entidad bancaria y, en su caso, el juzgado si la empresa argumentara que sus directivos actuales no eran quienes habían firmado ese crédito y que, por tanto, la empresa no estaba obligada a su amortización en las condiciones pactadas por el equipo directivo anterior? A nadie se le ocurriría un planteamiento semejante, que se califica por sí mismo. Pero lo del señor Igea y la postura del gobierno de la Junta de Castilla y León tiene más trascendencia que el ejemplo planteado, porque, situados como estamos en el plano político, su actitud afecta a su concepción de la democracia y, por consiguiente, al propio sistema democrático.

El señor Igea, como los dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León, pasó de criticar duramente al Partido Popular, por su gestión del gobierno en la comunidad autónoma y por los muchos y graves casos de corrupción, a sentarse en el gobierno con el P.P. como vicepresidente de la Junta, a aceptar como consejero a algún imputado y a defender sin el menor atisbo de duda, tapándose las narices, la política de la Junta. Dice el Génesis que Esaú llegaba de caza, agotado y con mucha hambre, ¿cuánta hambre de poder acumulan el señor Igea y Ciudadanos, para compartir gobierno con el P.P. en Castilla y León, y en Madrid, Andalucía y Murcia? Debe de ser muy estresante el hambre de poder, porque, en caso contrario, es difícil entender que se critique la corrupción y el mal gobierno y al mismo tiempo se respalde a un partido denunciado por corrupción hasta llegar a formar parte de su gobierno. Algo tendrá que ver todo esto en el resultado de las elecciones del pasado día 10 de noviembre, en las que Ciudadanos se ha quedado sin representación parlamentaria en Castilla y León.
Esta situación me recuerda el poema de Richard Dehmel, que inspiró el poema sinfónico Noche transfigurada a Arnold Schönberg, alguien que rompió con los cánones del clasicismo, en el que amante de una mujer acepta de buen grado que ella le haya sido infiel hasta el extremo de esperar un hijo de un extraño: “Él posa su mano en sus anchas caderas. / Sus alientos se entremezclan [o se besan] en el aire. / Dos personas caminan a través de la alta noche luminosa”, concluye el poema. Esto se entiende y se comprende en las relaciones humanas, pero en el ámbito político tiene otra trascendencia, porque afecta a los fundamentos del sistema democrático. Mientras que en el ámbito de las relaciones humanas mandan el corazón o las emociones, el ámbito político debe regirse por valores como la coherencia, la honestidad y el respeto, y en la acción de gobierno se heredan los acuerdos por cumplir o desarrollar, porque no son el consejero o el presidente como personas físicas, quienes firman por sí mismos, sino en nombre de la institución a la que representan: es la institución la que se compromete a través de su firma, por lo que los acuerdos pendientes no se extinguen con el cese o la destitución de los firmantes.

Si nos colocamos en el ámbito del sistema democrático, hechos como el citado, encarnan actitudes contrarias a los mínimos democráticos exigibles a cualquier dirigente político, y a cualquier ciudadano, puesto que la democracia se identifica con y se fundamenta en el pacto. Además, la ruptura de un pacto es, etimológicamente hablando, una injuria, es decir, una actuación contraria al derecho. “La democracia es pacto. […] Algunos deberían aprenderlo de nuevo”, decía Miquel Roca el 13 de marzo pasado.

El incumplimiento de los pactos, además de romper el marco democrático, quiebra algo previo, anterior e incluso más fundamental, la confianza y la convivencia: no existe convivencia posible sin confianza mutua, que se fortalece con el cumplimiento de los acuerdos y se rompe con su incumplimiento. Decían algunos filósofos sofistas (s. IV a.n.e.), que era más provechoso entenderse, es decir, dialogar, pactar y cumplir los acuerdos, que no entenderse y correr el riesgo de sufrir injusticia.
La confianza permite prever el comportamiento de las personas, empresas e instituciones, lo que posibilita, a su vez, compartir, por ejemplo, proyectos e información y asumir el riesgo de suscribir acuerdos mutuos. El cumplimiento de los acuerdos refrenda la confianza, y ésta representa la argamasa que liga y sostiene los materiales con los que se construye el edificio de la convivencia. Su ruptura sitúa a la sociedad ante el poder, concebido como un leviatán que actúa como un prepotente que pone la fuerza por delante y por encima de la razón, representada ésta por el diálogo y el acuerdo. Y es que la confianza representa la razón de la convivencia. Siguiendo la metáfora de Hobbes, la ruptura de la confianza convierte a la democracia en un reino de oscuridad: un estado en el que es imposible interpretar adecuadamente los acuerdos, algo que queda siempre en manos del poder político, lo que disminuye la entidad, el ser, el valor de la sociedad civil, y convierte la firma de acuerdos en un ritual inútil, cuando no estúpido. ¡Pero la democracia y el Estado se fundamentan en el pacto civil plasmado en la constitución, y en el Estado de Derecho!
En política, la confianza tiene una dimensión muy importante, porque tiene base cognitiva y emocional. Cognitiva, porque la confianza, presupone aquello que hace posible los acuerdos, es decir, el diálogo y el pacto, así como el respeto al proceso dialogal y a los contenidos de los propios pactos. Al mismo tiempo, tiene una base emocional en la medida en que su propia existencia conlleva la esperanza firme, la seguridad de que el cofirmante, aquel en quien se confía, no va a faltar a la palabra dada. ¿Será posible pactar y firmar acuerdos con aquellos de quienes se sabe que los incumplen? Perder la confianza en alguien supone desconfiar de él, es decir, dejar de tener seguridad en su buena fe y opinión, en la firmeza, en el valor de su palabra.
El oportunismo político, que supuso firmar un acuerdo con los sindicatos de funcionarios de la administración autonómica de Castilla y León inmediatamente antes de las elecciones de mayo pasado, se ha revelado como una trampa para los funcionarios, y para los ciudadanos, a quienes se quiso comprar el voto de aquellos de quienes el gobierno autonómico se ríe ahora -su gobierno surge como Leviatán-, una vez conseguido el poder. Rompiendo los acuerdos, la Junta de Castilla y León actúa con el cinismo del que hablaba Hobbes en el capítulo VI de su obra De Cive, donde decía que una vez establecido el gobierno -el soberano, debía Hobbes- puede gobernar como mejor la parezca. O sea, obtenido el poder, ¡ancha es Castilla!

Que no olvide el señor Igea, y la Junta de Castilla y León, que quien rompe un acuerdo una vez es capaz de hacerlo siempre, y que quien incumple con la palabra dada no es de fiar.

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