Señalización de un coto de caza.
Señalización de un coto de caza.

PP, PSOE y C’s, de la mano, han admitido a trámite este miércoles la propuesta de modificación de la Ley de Caza para sortear así la suspensión cautelar dictada por el TSJ a instancias de PACMA y que ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad de cazadores. Fuera de las Cortes, cientos de cazadores se manifestaban en ese momento en contra de los pronunciamientos judiciales que cuestionan la ‘chapucera’ política cinegética de la Junta durante los últimos años.

Las tres formaciones, pese a coincidir en la necesidad de abordar la redacción de una nueva legislación en la próxima legislatura, han apoyado un texto, básicamente igual a los decretos y órdenes de caza que se han anulado, pero que sortea los impedimentos legales para poder ‘salvar’ la temporada de caza de este año.

Podemos se ha abstenido por entender que la normativa es “solo un parche” y ha recriminado al PSOE y C’s que presten su apoyo al PP en un asunto que según indican “prueba la descomposición del PP tras 32 años de gobierno en Castilla y León”.

Sólo el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha votado en contra exponiendo los verdaderos motivos que se esconden detrás de los distintos pronunciamientos judiciales que han cuestionado la política cinegética de la Junta de Castilla y León.

En un discurso populista, centrado en los sentimientos y sin aportar datos concretos sobre el fondo del asunto, el secretario autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco ha llegado a asegurar en la tribuna de las Cortes que “sin la caza no se entiende nada” comparándola con “la tauromaquia”. “Aquí el problema es la libertad. Está en riesgo la libertad”, ha dicho Mañueco que ha llegado a pedir al portavoz de IU que “deje de manchar con sus manos esta tierra” imputando a determinadas “minorías” la responsabilidad de la suspensión cautelar de la caza y no a los tribunales que han tumbado de forma reiterada la normativa regulatoria elaborada por el PP en los últimos años.Con un "¡Viva la caza!, ¡Viva la libertad!" ha terminado su intervención el líder del PP.

La respuesta de Sarrión ha sido igual de contundente y en los mismos términos, aunque dirigida al PP: “Saquen sus sucias manos de Castilla y León”.

El PSOE, por boca de José Luis Aceves, ha defendido como un mal menor la propuesta finalmente aprobada: “Estamos por la política útil”, ha dicho no sin críticas a la gestión llevada por el PP hasta ahora sobre este asunto.

Solo el portavoz de IU ha abordado el fondo del asunto que ya ha propiciado que Ecologistas en Acción haya denunciado a los componentes de la Mesa de las Cortes por haber consentido la tramitación de esta Ley. “Lo que pretende hacer la Junta con esta Proposición de Ley es vulnerar la tutela judicial efectiva de la sociedad civil. La Ley que hoy se trae incumple exactamente igual las Directivas Europeas por las que se han tumbado los decretos. ¿Qué pretende la Junta? Elevar el Decreto a Ley. ¿Y por qué? El único objetivo que persigue la Junta es impedir que la sociedad civil pueda denunciar el decreto, porque para denunciar una Ley son necesarios 50 diputados o senadores”, ha indicado Sarrión antes de señalar que “esto ya lo advirtió el Tribunal Constitucional, quien a raíz de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria ya puso de manifiesto que la Junta estaba vulnerando la tutela judicial efectiva (pendiente de recurso en el TJUE). También hay argumentos en este sentido en relación al vertedero de Santovenia, la estación de San Glorio, o la pista de esquí de Tordesillas”, ha recordado Sarrión.

“Es una vergüenza que la administración para defender esta Ley diga que es para cazar jabalíes y conejos, en un torpe intento por ponerse a los agricultores de su lado. Si una especia es plaga para los agricultores, lo que debe hacer la Junta es declararla plaga, y asumir directamente las indemnizaciones. Lo que pretende la Junta al declarar estas especies como cinegéticas en vez de como plaga, es no tener que indemnizar a los agricultores y que estos reclamen a los seguros de los cotos de caza”, ha razonado el procurador de IU.

Sarrión ha indicado que su formación defiende una regulación de la caza que “se realice con participación pública como requiere el Convenio de Aarhus y la propia Ley española”. “No por vía Proposición de Ley. Que se regule mediante Decreto para que sea judicializable por la sociedad civil y que incluya los estudios e informes preceptivos según Directivas Hábitat y Aves y sólo incluya especies que autorizan las directivas Hábitat y Aves, es decir, que se dirija a controlar las especies que sean dañinas para el agricultor (cosecha) o el habitante del medio rural (accidentes)”.

“Podríamos aceptar que se cazaran ciertas especies dañinas para le agricultor como medida transicional mientras se consigue el primer objetivo, pero no vulnerando la tutela judicial efectiva y poniendo en peligro a especies decrecientes en número y pasándonos por el forro dos directivas de la UE y una Ley”, sostiene Sarrión.


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