El que fuera jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier, el primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín no han podido evitar que la Audiencia Provincial les siente en el banquillo de los acusados. Ha desestimado sus recursos de apelación y ha ordenado que siga adelante el caso en el que se investigan supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.
El auto de la Audiencia “confirma y mantiene en su integridad” lo ya dicho por el juez de instrucción, que entendió “indiciariamente probado” que, durante los 14 años que Luis Alberto Samaniego fue jefe del Centro de Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales (desde abril del año 2000 hasta junio de 2014, fecha en que se jubiló, días después de que la trama fuera denunciada), este funcionario público efectuó “diversas adjudicaciones en contratos menores para la realización de obras de edificios municipales o gestionadas por el Ayuntamiento a favor de empresas propias o de familiares suyos, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba”.
Esta trama de empresas, Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L., Construcciones Tarifa 2000 S.L., Construcciones Paraíso 2008 S.L., Construcciones y reformas Bullón S.L., Construcciones y Contratas Pintia S.L.U., Construcciones y Reformas Alivia S.L., Excelgestión S.L., Camino de Molendor S.L., Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles, Construcciones y Reformas Acuña S.L.U., Obras Valcom 2000 S.L.U, Mantenimiento e infraestructuras urbanas S.L. y Constructora Castellana Industrial S.A, -en total 13 firmas diferentes-, emitieron 1.316 facturas al Ayuntamiento de Valladolid por contratos por los que percibieron, dice el auto, 10,9 millones de euros.
La juez que instruye el caso entiende que el quebranto económico causado a las arcas municipales ha sido valorado en 2.464.647,95 euros, de ellos, 671.877 como perjuicio por sobrecoste de facturación, 893.268,59 euros como perjuicio derivado de la ausencia de baja, es decir, sobrecoste debido a la ausencia de libre concurrencia, 537.849 euros como perjuicio como beneficio ilícito y 361.653,29 euros de perjuicio por intereses de demora.
Obras no realizadas o ya ejecutadas
La trama funcionaba de tal manera que “en varias ocasiones, algunas de las facturas entregadas al Ayuntamiento para su abono por las diferentes empresas señaladas, reflejaban obras que no se habían llegado a realizar, o bien obras ya ejecutadas por operarios municipales, y otras en las que lo facturado no se correspondía con lo realizado, presentando igualmente algunas facturas con sobrecoste en los importes que detallaban”.
En la mayoría de los casos, en la ejecución de las obras trabajaban las mismas personas, aunque se tratara de diferentes empresas de las indicadas, y, por añadidura, algunos trabajadores que pertenecían a empresas del grupo familiar de Samaniego Conde, tras dejar de trabajar para esas empresas, comenzaron a trabajar como personal del propio Ayuntamiento en labores de mantenimiento.
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A ver cómo acaba este tema, pero ya hasta aquí es un auténtico escándalo.
QUE PENA...