Parecería una escena de una película mala sobre borracheras y resacas imposibles. Pero fue una pesadilla real para 14 trabajadores. Hace aproximadamente un año y medio, el 2 de enero de 2017, la plantilla del Hotel Marqués de La Ensenada se presentaron como todos los días a su puesto de trabajo, sin encontrarlo. Literalmente. El hotel había cerrado, sin ninguna explicación, las puertas estaban cerradas y el hotel estaba siendo desmontado.

No hubo aviso previo ni documento alguno. A viva voz, el Sr. Rafael Martínez, administrador único de Vis Invest-Spain SL, propietario mayoritario del hotel, comunicó a las trabajadoras que ya no prestaban servicio en el hotel. Se inició un camino tortuoso para la plantilla. Durante meses la empresa ni siquiera se molestó en gestionar la baja en la Seguridad Social de las trabajadoras, de modo que no podían ni cobrar el paro.

El Hotel Marqués de la Ensenada ha sido polémico desde su construcción. Se encuentra ubicado en la rehabilitada fábrica de harinas "La Perla", construida sobre el Ramal Sur del Canal de Castilla (Bien de Interés Cultural), y estaba íntegramente tematizado en el Siglo XVIII y la Ilustración Española. Es por esto por lo que dicho edificio fue receptor de fondos públicos de la Unión Europea, canalizados a través de la Junta de Castilla y León y del Ministerio.

El anterior Alcalde de Valladolid, el Sr. León de la Riva, tuvo que modificar el artículo 368 del Plan General de Ordenación Urbana, para su apertura. No olvidemos que, tras una denuncia en el Ayuntamiento de Valladolid, quedaron imputadas 12 persona, entre ellas la cúpula de urbanismo del anterior gobierno municipal.

Nada se supo de la Junta de Castilla y León tras el cierre, a pesar de que el logotipo de la Junta figuraba orgulloso en la placa que atestiguaba el uso de fondos europeos para este edificio. Seis de las trabajadoras iniciaron una admirable lucha, presentando una demanda colectiva y sufriendo presiones de la empresa por ello (aunque a mi humilde parecer no contaron con todo el apoyo que deberían, salvando algunas excepciones, entre ellas la eurodiputada de IU Marina Albiol o el medio de comunicación últimoCero con reportajes como éste).

Un año y medio después, a pesar de haber ganado los juicios, la plantilla sigue sin cobrar su indemnización por despido, sus finiquitos y algunas nóminas atrasadas. Toda una catástrofe para 14 familias que contemplan cómo tener la razón jurídicamente no implica recibir justicia. Subvencionamos proyectos empresariales entre todos, que cuando fracasan no están obligados ni a hacer cuentas con sus propios trabajadores. Todo un símbolo de la sociedad en que vivimos.

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