Asamblea convocada por Pladepu hoy en la Consejería de Economía y Hacienda. Foto: úC
Primeros minutos de laa samblea convocada por Pladepu hoy en la Consejería de Economía y Hacienda. Foto: úC

La Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) ha vuelto a la carga hoy con la intención de “reactivar el nivel de exigencia funcionarial” ante lo que consideran una “legislatura perdida” en materia de función pública en la Junta de Castilla y León. “Si no defendemos nosotros lo público, está claro que nadie lo va ha hacer”, han denunciado.

En una asamblea celebrada en el salón de actos de la Consejería de Economía y Hacienda, los funcionarios han analizado el exiguo balance de los supuestos “derechos recuperados” con la supuesta salida de la crisis, la confección ‘casi secreta’ de las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPTs) en toda la Administración Autonómica, el despropósito que ha supuesto la aprobación, con la aquiescencia sindical de CCOO, UGT y CSIF del catálogo de puestos tipo, el mantenimiento de la Administración B, las encomiendas de gestión y los oídos sordos que la Junta ha hecho hasta el momento al listado de 70 propuestas concretas que han propuesto para combatir la violencia machista.

“Los policías, los jueces, los funcionarios de prisiones… todos ellos están consiguiendo compromisos de equiparación salarial. ¿Y el resto? ¿Qué tienen que decir los grandes sindicatos?”, se preguntaron los convocantes de la asamblea, recalcando que la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los funcionarios de la Junta desde 2010 alcanza ya el 13,8%.

En cuanto a la modificación de las RPTs, se denunció que los funcionarios de Castilla y León son los que tienen sueldos más bajos debido a que los complementos son inferiores a los estipulados en otras comunidades. “Hay auxiliares que cobran 5.000 euros menos al año que en Castilla-La Mancha gracias a que tenemos los peores complementos específicos de toda España”, han apuntado antes de denunciar la “precaria” administración autonómica en la que 1 de cada 2 plazas “no está ocupada por su titular” donde “un 40% son comisiones de servicios” y en la que “el 30% de las plazas están vacantes”.

Se refirieron expresamente a los incumplimientos de los compromisos adquiridos por el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al que reprocharon que haya condicionado la obligatoria convocatoria de concurso de traslados a la aprobación definitiva de las RPTs. “Dicen que quieren tenerlo todo aprobado para verano y que entonces será cuando se convoque”, indicaron antes de denunciar algo aún más grave: “La modificación de las RPTs se está negociando en un lugar donde no corresponde”. “Se está negociando en la Mesa General, cuando tendría que ser en la sectorial de Función Pública. CGT ha sido la segunda fuerza sindical entre los funcionarios y no está presente en la mesa general de negociación”, se ha explicado.

El mantenimiento de la Administración B ha sido otro de los temas expuestos en la asamblea exponiendo el caso del ITACyL , que “ha demostrado que las funciones de investigación y de tecnología que impulsaron su creación fueron una mera excusa para acabar vaciando de funciones técnicas a la Administración, como sucede en el Área de Estructuras Agrarias”. “Sigue sin respuesta la pregunta que se originó en su aparición: ¿no es más sencillo dotar de medios al personal funcionario existente en vez de crear un nuevo ente...?”, se preguntan los funcionarios, que han cargado contra la marca Tierra de Sabor que “no hace nada ni garantiza nada, es solo una medalla más como las que exhibían los generales rusos”.

Por último, se ha hecho hincapié en la ausencia de respuesta del ejecutivo Autonómico a las 70 propuestas concretas que ya han sido trasladadas para intentar combatir la lacra de la violencia machista. “Ya se las hemos enviado 18 veces al presidente Juan Vicente Herrera, pero no hemos tenido respuesta”, indicaron.

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