Estación de Autobuses de Valladolid. Foto: Lourdes Cardenal
Estación de Autobuses de Valladolid. Foto: Lourdes Cardenal

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige Suárez Quiñones promete que una vez aprobado el Mapa de Ordenación de Transporte los Anteproyectos de Explotación de las concesiones que integran los diferentes servicios -documento técnico que recoge todas las circunstancias relativas a la prestación del servicio como son las rutas, horarios, número de expediciones, paradas, número de vehículos, coste económico del servicio, compensaciones que debe abonar la Administración, entre otras-, “será sometido a la máxima participación social e información pública con anterioridad a su aprobación”.

Este es uno de los puntos clave del Mapa de Ordenación del Transporte que pretende adaptarse a las necesidades de movilidad propias de una Comunidad con más de 6.000 núcleos de población. Además, pretende consolidar “todas aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural, como el sistema de transporte a la demanda o el ‘transporte de uso compartido’ entre el escolar y el regular de uso general” poniendo fin al diseño de una red obsoleta de transporte interurbano que data de los años 80.

El pasado 4 de marzo se presentó para su debate y participación ciudadana la propuesta de bases para la elaboración del Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros.

“Es muy importante la participación de toda la población, de los municipios y diputaciones para conformar con un amplio consenso social y político un transporte que responda a las necesidades, exigencias y derechos de los castellanos y leoneses”, asegura el consejero recordando el “compromiso de la Junta de Castilla y León aprobar un Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros que sirva como instrumento para rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad, para hacerla más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la despoblación y cuyo objetivo será garantizar el derecho a la movilidad de las personas en todo el territorio convirtiendo el nuevo modelo de transporte en instrumento decisivo en la defensa de la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la ciudad”.

Según fuentes del Ejecutivo, este nuevo marco normativo afrontará una reestructuración integral de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, con los siguientes objetivos: cobertura total de la población con especial atención a las necesidades de movilidad del mundo rural,  adaptación a la ordenación territorial de Castilla y León y coordinación con los restantes modos de transporte, mejora de la calidad del servicio y modernización de la flota incorporando vehículos a personas con movilidad reducida, elementos tecnológicos relativos al posicionamiento de vehículos en tiempo real, cámaras de seguridad, régimen de financiación eficiente y que garantice la sostenibilidad económico-financiera del servicio público y sostenibilidad medioambiental y reducción de la huella de carbono.

Además, los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales, potenciando el modo de prestación del transporte a la demanda frente al regular general convencional y el Transporte Escolar pasará a estar integrado dentro de las nuevas concesiones.

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