Reunión mantenida por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.
Reunión mantenida por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.

La Junta de Castilla y León ha dado orden de ejecutar ahora una sentencia de diciembre de 2017 que deja fuera de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos a Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) que integra a SATSE, CEMSATSE y ANPE por no contar con la representatividad necesaria.

Según la documentación a la que ha tenido acceso últimoCero, el Consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, firmó el pasado 3 de octubre la orden de ejecución de la sentencia dictada por el TSJ el 21 de diciembre de 2017 en la que el alto tribunal da la razón al sindicato CSIF, que planteó la demanda tras la desestimación del recurso de reposición que había interpuesto en vía administrativa.

Esta Orden de Presidencia llega después de que el 20 de junio de este año la Sala de lo Contencioso del TSJ dictara una diligencia de ordenación declarando la firmeza de la sentencia dictada. En ella, se solicitaba la identificación del responsable o responsables de la no ejecución de la sentencia por si era necesario proceder contra él.

Con la salida de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de estos dos sindicatos solo quedan con representación CCOO, UGT y CSIF. Al no tener presencia en este órgano de representación, según las fuentes consultadas por últimoCero, ambas formaciones perderán ingresos económicos de la administración y verán reducido el número de liberados.

El TSJ estimó el contencioso administrativo interpuesto por CSIF y declaró que ni CESM ni FSES tienen la representatividad necesaria para formar parte de la Mesa, “debiendo procederse a computar nuevamente los resultados obtenidos para establecer la correcta composición de la Mesa”.

Según el fallo, la sala consideró que “para que un sindicato ostente legitimación para estar presente en la Mesa General de Negociación en el ámbito d ela Administración Autonómica, debe tener el 10% de la representación tanto en el ámbito del personal funcionario como del personal laboral (…). De esta forma, el Estatuto Básico del Empleado Público exige la concurrencia de la representatividad en relación al personal laboral y funcionario, no sesgadamente en relación con cada una de estas clases de personal ni siquiera globalmente considerando de tal manera que la mayor representatividad en uno de dichos ámbitos pueda compensar la menor representatividad en el restante”.

Los sindicatos afectados por la exclusión recurrieron en casación al Supremo, pero su recurso fue desestimado.

En su Orden, el consejero de la Presidencia ordena ahora a la Dirección General de la Función Pública que realice las actuaciones procedentes en orden a que se computen nuevamente los resultados obtenidos en las elecciones sindicales de referencia para “establecer la correcta composición de la Mesa General de negociación, según el criterio sentado por la sentencia objeto de ejecución”.

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