La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en el centro. Foto: JCyL
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en el centro. Foto: JCyL

2 de octubre de 2006. Esta es la fecha del último concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los Grupos A1, A2 y B en las Consejerías de Hacienda y Agricultura y Ganadería de la Administración Regional de Castilla y León, pese a que por Ley, deberían de convocarse con periodicidad anual.

Casi 10 años después, el Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados Agrarios de Castilla y León, Sitacyl, consiguió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les diera la razón y obligara a la Junta de Castilla y León a efectuar “las pertinentes convocatorias a tales fines dentro del plazo de seis meses a contar desde la notificación de esta sentencia”. Esa fecha de notificación fue el 28 de octubre de 2015, pero seis meses después, nada se sabe del concurso.

“Como ya SITACYL preveía la Consejería de Agricultura y Ganadería sigue “riéndose” del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al incumplir el plazo ordenado en la sentencia”, se quejan los ingenieros que no salen de su asombro al escuchar a la portavoz del Gobierno regional, Rosa Valdeón, decir que la Junta todavía está en plazo para convocar el citado concurso de méritos que permitirá a este grupo de funcionarios una década después, optar a mejores destinos.

“¿No tienen tiempo? ¿No han sido capaces de prepararlo pese a la gran cantidad de personas con libre designación que tienen para trabajar en ello? ¿No tienen voluntad de nada? ¿Están por encima del bien y del mal? ¿No les importa la enorme cantidad de ITAs “pisoteados” en sus derechos? ¿No les importa que para exigir un derecho recogido en la ley nos hayamos tenido que gastar 6.300,00 €?”, se preguntan los responsables de Sitacyl en un comunicado.

Fuentes oficiales de la Consejería de Agricultura que dirige Milagros Marcos, sin embargo, aseguran, como la vicepresidenta, que el plazo para poder ejecutar la sentencia “aún no se ha cumplido” y que “ya se está trabajando” en la convocatoria del concurso, aunque sin especificar fecha concreta.

Pese a esta nueva promesa, y ante los reiterados incumplimientos anteriores, los Ingenieros técnicos agrícolas no se fían. El gabinete jurídico del SITACYL ya está trabajando para seguir con la vía judicial “hasta el final, cueste lo que cueste”, y presentar los escritos pertinentes ante al T.S.J. de Castilla y León, amparándose en Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Desde la fecha de incumplimiento de sentencia, 28/04/16, hay que esperar 2 meses para poder presentar ante el T.S.J. de Castilla y León la petición de ejecución forzosa de sentencia.

También se está trabajando en llevar el posible incumplimiento a vía de lo Penal, “para pedir daños y perjuicios económicos a los responsables políticos de la Consejería de Agricultura y Ganadería”.

En cualquier caso, SITACYL y su gabinete jurídico “no bajan la guardia” y siguen trabajando en previsión de que el concurso que se saque sea un “concurso capado”.

 

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