Aparcamiento de José María Lacort. Foto: Carlos Arranz
Aparcamiento de José María Lacort. Foto: Carlos Arranz

Los dos particulares que han plantado cara a la promotora Parkosa y la Fundación Emilio Álvarez Gallego por el aparcamiento de Cáritas en la calle Simón Aranda, han solicitado hoy la clausura del subterráneo después de que la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo haya decidido desestimar los recurso de casación interpuestos por la promotora Parkosa y la Fundación Emilio Álvarez Gallego.

La sala del alto tribunal ha fallado que no ha lugar a los recursos presentados contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que declaró nulo de pleno derecho el acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid por el que aprobó definitivamente el Estudio del ARU 7 “Cáritas”, promovido por el cura Lino Collazos del Castillo, en representación de la Fundación “Emilio Álvarez Gallego.

El Tribunal también falló que ha de remitirse testimonio de esta sentencia al Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que tramita las diligencias previas 3632/2008 (Caso PGOU), “que guardan relación con lo aquí resuelto, por si, como ya se dijo en la sentencia de 8 de abril de 2010, esa alteración de los planos a los que se ha hecho referencia pudiera ser constitutiva de infracción penal”.

Según el fallo, el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y dicha Fundación el 27 de diciembre de 2012, aportado a los autos, “no impide la declaración de nulidad del Estudio de Detalle de que se trata –que es lo pretendido en la demanda y por el Ministerio Fiscal- pues las dotaciones y cesiones exigibles legalmente han de establecerse en el propio instrumento de planeamiento urbanístico, como se exige en la legislación urbanística a la que antes se ha hecho referencia, en este caso en el Estudio de Detalle litigioso y no por convenio, que tampoco lo modifica por el procedimiento legalmente establecido”

La sala insiste en que el estudio de detalle “es contrario a la legislación urbanística que cita por no haberse cedido “1395 metros cuadrados para espacios libres de uso público”.

Los dos particulares que han promovido este caso anuncian ahora que, además de la clausura del aparcamiento, impulsarán “una acción de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que califique los suelos entre Santuario, Simón Aranda y José María Lacort como sistema general dotacional, sin descartar el que, en defensa del patrimonio municipal, el Ayuntamiento inicie expediente de reversión de esos suelos, que en su día cedió para fines sociales a la Obra Social del Santuario Nacional de la Gran Promesa, luego Fundación Emilio Álvarez Gallego, si es que los usos lucrativos iniciados persisten”.


 

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